Entre 2006 y 2015, el gobierno recuperó para el Estado 122 millones de dólares que se habían perdido por actos de corrupción y logró 129 sentencias por estos delitos, informó ayer la ministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Lenny Valdivia.
"En la recuperación de bienes de 2006 a 2015 que se habían perdido por los delitos de corrupción, se recuperó 845.825.090 bolivianos, equivalentes a 122.543.139 dólares. Además, se logró 129 sentencias condenatorias”, declaró la Ministra.
Sobre algunas críticas o cuestionamientos referentes al trabajo que se realiza para transparentar la gestión institucional y la lucha contra la corrupción en Bolivia, Valdivia dijo que "antes de 2006 no se desarrollaba acciones como las de ahora. Hoy son irrebatibles los avances y los resultados alcanzados por el gobierno”.
Sostuvo también que no se puede cuestionar los aportes realizados para democratizar la participación del control social y restablecer la confianza institucional en el nuevo Estado Plurinacional.
En este sentido detalló que en estos 10 años los jueces dictaron 129 sentencias en procesos impulsados por esta cartera de Estado; pero en años anteriores a este periodo no eran comunes estos fallos judiciales.
Por otra parte, también se reportó que en este lapso de tiempo el Ministerio de Transparencia procesó 525 denuncias contra servidores públicos por presuntos actos de corrupción cometidos en el desarrollo de sus funciones.
Se instalaron 313 unidades de Transparencia a nivel nacional. Anualmente se realizan, en promedio, 450 audiencias de rendiciones públicas de cuentas de distintas instituciones públicas.
Más de 880 organizaciones sociales ejercen el control social amparadas en las leyes vigentes en el país que promueven este ejercicio para fiscalizar el trabajo de los funcionarios públicos.
También se conformaron redes de jóvenes por la transparencia, integrada por más de 1.900 participantes.
Valdivia mencionó la implementación de la plataforma electrónica del Sistema Integrado de Información Anticorrupción y Recuperación de Bienes del Estado (Siiarbe), la cual permite gestionar, intercambiar y centralizar información para aplicar políticas preventivas, represivas y sancionatorias contra la corrupción.
Su instalación data de 2012, y en julio de 2014 su uso fue reglamentado con la aprobación del Decreto Supremo 2065.
La autoridad explicó que uno de los mecanismos de prevención es la verificación de las declaraciones juradas de bienes y rentas de los servidores públicos, militares y policías, como una política proteccionista del patrimonio del Estado.
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