La Gobernación de Departamento de Tarija denunció ayer que el ministro de Economía, Luis Arce Catacora, omitió informar que más de 311 millones de bolivianos, de los 467 millones existentes al 30 de marzo pasado, están en cuentas corrientes de las subgobernaciones del Chaco tarjieño, que reciben directamente esosr recursos como consecuencia de normas vigentes hace varios años atrás.
La publicación de la Gobernación, difundida en medios de prensa escritos de Tarija, añade que esa omisión "genera un malestar en un Departamento golpeado por una durísima crisis financiera". El documento es una respuesta directa a la negativa de Arce de dar vía a varios mecanismos crediticios propuestos.
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La respuesta se inscribe también en el marco de la discusión respecto del Plan de Rescate Financiero publicado por la Gobernación tarijeña y entregado a las autoridades del gobierno central, incluyendo al presidente Evo Morales y al ministro Arce Catactora, en el que se plantea que desde La Paz se aprueben mecanismos de financiamiento de un déficit financiero heredado de la gestión del ex gobernador interino Lino Condori Aramayo (MAS), cuya gestión estuvo denunciada de despilfarro y varios presuntos hechos de corrupción, que han llevado al banquillo a esta autoridad en varias oportunidades.
Dicho Plan obtuvo recientemente el respaldo de los empresarios bolivianos, cuyos pares tarijeños están sumidos en profunda crisis económica derivada de la baja de ingresos y del endeudamiento flotante excesivo que dejó la anterior gestión del MAS en Tarija, según varias denuncias.
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Según la Gobernación, de los más de 467 millones de bolivianos reportado en cuentas de la entidad al 30 de marzo de 2016, sólo 156 millones están en cuentas de la administración departamental, distribuidos en 72 millones en la administración central, 24.8 millones en subgobernaciones no chaqueñas, 49 millones en unidades desconcentradas como el SEDECA, SEDAG y otras.
Los 311 millones restantes están en cuentas de la Subgobernación de Yacuiba (38.5 millones), de Caraparí (37 millones) y Villamontes (202 millones), en tanto que Provisa y SEDECA Villamontes controlan ambos 32 millones de bolivianos.
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