El ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó ayer que la marcha de las personas con discapacidad tiene intereses políticos de por medio y señaló al exvocero de Gobierno Álex Contreras y a una funcionaria de la Alcaldía de Cochabamba como presuntos responsables.
"A través del Ministerio de Justicia y Salud se han implementado una serie de políticas sociales incluidas viviendas sociales y que no quieran aceptar, entonces ya huele a sospecha, huele a un movimiento sospechoso”, dijo.
La autoridad acusó a los actuales líderes de la marcha de ser los mismos que impulsaron los hechos sucedidos
en 2008 en Santa Cruz, cuando un presunto grupo de discapacitados agredió fisicamente a la Policía.
"Se va a garantizar su ingreso. Vamos a continuar dándoles la seguridad que les hemos estado dando hasta ahora, hemos estado escoltando en el recorrido para que no haya ningún problema con el tráfico vehicular y hemos puestos paramédicos para su disposición cuando ellos lo requieran”, manifestó Romero en un contacto telefónico con Panamericana.
Asimismo, señaló a Contreras y a una funcionaria de la Alcaldía de Cochabamba como responsables de impulsar el movimiento, a pesar de que el Gobierno creó medidas para beneficiar al sector.
El viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Jaime Durán Chuquimia, quien fue a Patacamaya para dialogar con los marchistas, dijo que si acceden a la petición de 500 bolivianos representaría para el Estado incrementar la asignación de recursos de 22 millones a 368,6 millones de bolivianos. "Esta suma es mayor a la que la administración central designa al departamento de Cochabamba, Pando, Oruro o Beni para todo un año por concepto de regalías, IDH y coparticipación tributaria”.
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