La ministra de Comunicación, Marianela Paco, explicó que está a la espera del informe jurídico para ver si su ministerio concreta o no el pago a la empresa de Servicios Integrales y Comunicacionales Bravo, vinculada a la red de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
"En el marco de lo que corresponde legalmente se tiene que pagar y si no, no. Hemos instruido que se haga un análisis jurídico (para ver) si corresponde o no”, declaró ayer la ministra Paco, quien reiteró que todo dependerá de los resultados del análisis jurídico.
Hace semanas, la ministra Paco expresó su disposición de pagar a la empresa Bravo, si regularizaba su Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA). "Su SIGMA (de Bravo) no estaba habilitado. Ahora no se ha procesado ese pago, precisamente por esa verificación, es una cuenta pendiente, si esta empresa llegara a regularizar y presenta este documento, lo que procede es pagar”, afirmó Paco a Página Siete.
Esta cartera de Estado adjudicó tres procesos a Bravo, en junio de 2014, para la Cumbre del G77 para la provisión de 555 poleras y 252 memorias flash.
Pese a las observaciones en sus documentos y en su SIGMA, el ministerio, dos meses después del G77, volvió a firmar otra orden de servicios para la adjudicación de 800 memorias flash, para la Feria del Libro. Las tres adjudicaciones se realizaron por un valor de al menos 250.000 bolivianos.
Ramiro Vega, abogado de Luis Alejandro Bell, quien es socio de la empresa Bravo, manifestó que exigirá al Ministerio de Comunicación el pago de al menos 400.000 bolivianos que sería la deuda que arrastran desde hace siete meses, por los materiales entregados a ese despacho en junio y después en agosto.
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