El exministro de Gobierno Hugo Moldiz se presentó ayer por la mañana, de forma voluntaria a prestar su declaración informativa ante el Ministerio Público, luego de que Alberto Morales, abogado de Jorge Valda, entre el 10 y 12 de junio, declarara a varios medios de comunicación que dos funcionarios de esa cartera de Estado pidieron medio millón de dólares a nombre de la exautoridad. Calificó la versión de “antojadiza” y anunció una querella.
A la salida de la Fiscalía, Moldiz calificó la versión vertida por el abogado Morales de “antojadiza” y anunció una querella en contra de esta persona, su defendido Jorge Valda y de Yuliano Arista (el Curaca Blanco).
A pesar de que la custodia en la detención domiciliaria, que fue impuesta a Belaunde, exasesor del presidente Ollanta Humala, acusado en su país de enriquecimiento ilícito, recaía en la Policía Nacional y el Ministerio de Gobierno, como lo determinó las resoluciones del TSJ. El exministro “reafirmó su repudio” a esta resolución, señalando que, en su criterio, correspondía dictar la detención en un recinto penitenciario “por comodidad”.
“No he tenido relación con el señor Belaúnde ni directa ni indirectamente, así que ignoro esas versiones antojadizas, inescrupulosas, del abogado del señor Valda, (contra) quien, además le voy a presentar una querella, por hacer semejante declaración sin ningún sustento material”, declaró Moldiz a la salida del Ministerio Público.
A tiempo de brindar su predisposición para que se investiguen los hechos, Moldiz también negó la versión difundida sobre que Petter Nava y Rodrigo Quispe Quispe (chofer sentenciado de Belaúnde) eran funcionarios del Ministerio de Gobierno y menos de su confianza.
Según la declaración de Morales, Valda declaró a la comisión de fiscales que el exmilitar Jorge Petter Nava y el policía Rodrigo Quispe solicitaron a nombre de la exautoridad 500.000 dólares, para desactivar los mecanismos de control y facilitar la fuga de Belaunde. El contacto se habría efectuado en una visita de estas dos personas a Belaunde en el domicilio de bajo Llojeta. Similar afirmación la efectuó el Curaca Blanco.
El abogado Morales aseguró que estas versiones están plasmadas en el cuaderno de investigaciones “con nombre y apellido”. En las diferentes intervenciones, tal como la gran mayoría de los medios de comunicación publicaron, Morales aclaró no creer que las autoridades mencionadas hayan incurrido en el delito de extorción, pero que sí se mencionó su nombre por los que intentaron efectuar los cobros indebidos.
Moldiz afirmó que previo al 24 de mayo, fecha de la fuga, ordenó que se incrementen las medidas de seguridad en el domicilio de Bajo Llojeta, donde Belaunde guardaba la detención domiciliaria, con cuatro anillos de seguridad pero no precisó si la instrucción fue cumplida por los jefes policiales.
A tiempo de negarse a señalar si existió o no responsabilidad en los cinco detenidos (dos del Ministerio de Gobierno y tres de la Policía), Moldiz afirmó que existen cuatro momentos fallidos en el tema Belaunde.
El primero fue la especulación de que los presidentes de Perú y Bolivia acordaron el ingreso irregular de Belaunde, siendo el segundo tiempo, concederle el refugio político. El tercero y el cuarto, según Moldiz, son los detalles relacionados a la fuga, en los cuales también se manejaba la versión de un acuerdo entre los gobernantes de dos países, para facilitar la fuga del empresario peruano que fue extraditado a su país en medio de un aparatoso operativo encabezado por el presidente Evo Morales, el pasado 29 de mayo.
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