Los técnicos del Ministerio de Transparencia no verificaron los datos adecuadamente, ese es el descargo principal que esgrimen los jefes policiales que aparecen en las listas de esa cartera de Estado y cuyos casos se encuentran en la justicia ordinaria. Los jefes policiales están acusados de falsedad en la declaración jurada de bienes y enriquecimiento ilícito.
El coronel Jhonny Rada Requena dijo que él recibió como herencia dos departamentos en un edificio familiar y que la dirección de ese inmueble cambió con el tiempo y los inspectores del Ministerio de Transparencia confundieron ese dato y le asignaron otros inmuebles.
Refirió que en estos días fue convocado a declarar ante la Fiscalía General y ‘aclarar’ el informe que emitió ese Ministerio, y dijo que espera un rechazo de la acusación.
El oficial dijo que después que termine la investigación él analizará, junto con su abogado, la pertinencia de exigir una reparación por el daño que le causaron al no verificar los datos de su declaración.
Otro jefe policial, Mario Centellas Camacho, sin especificar montos, afirmó que hubo una confusión entre los personeros de Transparencia y que en la declaración que brindó ante los fiscales su caso quedó aclarado y también reclamó un sobreseimiento en la causa que le iniciaron sobre su patrimonio.
Acusó a una falta de trabajo cruzado los datos que le provocaron problemas y dijo desconocer cuántos de sus camaradas fueron involucrados en este proceso sin pruebas.
Una docena de acusados
Las conclusiones sobre estas investigaciones de los patrimonios fue presentada en esta gestión, según la ministra de Transparencia, Lenny Valdivia, aunque la revisión de los patrimonios se remontó hasta hace cuatro años.
Según la Contraloría General del Estado (CGE), el Ministerio de Transparencia solicitó las declaraciones de más de un centenar de funcionarios policiales para verificar las mismas con el patrimonio existente.
La exministra de Transparencia Nardy Suxo había solicitado la investigación de más de un centenar de funcionarios judiciales, policiales y fiscales que tuvieran un excesivo incremento en sus declaraciones juradas, aunque nunca enseñó la nómina de los investigados.
Los oficiales acusados mostraron su acuerdo para que las declaraciones sean anuales y no cuando se genera el ascenso de grado, pero esperarán la decisión oficial
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