El ministro de Gobierno de Bolivia, Hugo Moldiz, sostuvo ayer que si Perú desiste de su pedido de extradición en contra de Martín Belaunde Lossio, su país pondrá en la frontera de Desaguadero al empresario cuando venzan los 30 días de plazo que le dio la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) para regularizar su situación migratoria o salir de territorio boliviano, según el portal de El Comercio del país vecino.
La Conare le negó definitivamente el refugio a Belaunde Lossio el pasado 11 de marzo, por lo que el referido plazo vence el viernes 10 de abril.
“(Martín Belaunde Lossio) no va a poder de salir del país, porque sobre él pesa una detención domiciliaria a pedido de la justicia peruana. Al cumplirse estos 30 días [de plazo que le dio la Conare], es mejor, jurídicamente, que el gobierno del Perú desista de su pedido de extradición, con los cual nosotros lo colocamos en la frontera con Perú”, dijo.
En diálogo con Canal N, Moldiz refirió que si el Perú sigue con el proceso de extradición, Martín Belaunde Lossio no podrá ser expulsado y se deberá esperar a que concluyan todas las formalidades del pedido para repatriarlo.
Respecto a la decisión judicial, que revoca el fallo que anulaba las resoluciones de la Conare, el titular de Gobierno boliviano dijo que con ello la negativa de refugio al ex asesor electoral de Ollanta Humala “ya no tiene marcha atrás”.
“El señor Martín Belaunde Lossio no podrá ni hoy ni mañana adscribir su condición de refugiado en Bolivia”, acotó.
DEFENSA
Jorge Valda, abogado de Martín Belaunde, en referencia a las declaraciones del ministro de Gobierno sobre la posible “expulsión” de su cliente dijo que la Resolución de Amparo Constitucional debe “cumplirse de forma inmediata”, caso contrario se estaría vulnerando la normativa e incurriendo en la ilegalidad.
Vocales del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) anularon la resolución de la Comisión Nacional del Refugiado de Bolivia (Conare), que negó en dos oportunidades la solicitud del exasesor electoral del actual presidente peruano Ollanta Humala, por entender que no pudo probar satisfactoriamente su condición de perseguido político.
“Se cometería una arbitrariedad violando las garantías constitucionales del fallo emitido en primera instancia por el TDJ”, dijo Valda.
Además indicó que están pendientes los trámites de extradición, de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional, migratorios, aspectos tomados en cuenta por la defensa, en caso de que exista desconocimiento de parte del Gobierno.
Subrayó que el segundo fallo del TDJ surgió por la presión política del ministro de Gobierno Hugo Moldiz, porque anunció iniciar demandas contra Ramiro Flores y Ricardo Chumacero, quienes en rectificaron su primera resolución y emitieron otra por el que deja “al menos momentáneamente sin efecto” su decisión previa de conceder amparo a Belaunde, con lo que queda “plenamente vigente” la resolución de ese organismo de rechazar el pedido de refugio.
Valda reiteró la posición de su cliente, en sentido de considerarse perseguido político por las autoridades de su país.
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