El ministro de Gobierno cuestionó la veracidad de lo dicho por el oficial, que viajó a España en búsqueda de asilo.

El ministro de Gobierno, Hugo Moldiz, salió al paso ante las revelaciones del coronel Germán Cardona, que reveló la existencia de un informe ultra secreto que supuestamente señala que las armas que presentó el Gobierno para sustentar las acusaciones en el caso Terrorismo fueron retiradas de la Octava División de Ejército.

"Estamos ante una persona que es una combinación de una personalidad me imagino yo bastante esquizofrénica con, a la vez, intereses políticos que a mi me parecen bastante claros, por el tipo de relación con quiénes pretendieron impulsar un proyecto separatista en el país", afirmó la autoridad en Oruro.

La autoridad anticipó para horas de la tarde una extensa conferencia de prensa para contrarrestar las declaraciones que Cardona realizó a EL DEBER, antes de salir del país para solicitar refugio en España al considerarse perseguido.

"Él tiene una relación con la derecha más dura del país, la derecha no democrática. A mi juicio, si vemos en conjunto, esta arremetida contra exautoridades, ahora contra el ministro de Gobierno son dardos que se lanzan, incluso inventando cosas como esta", agregó Moldiz.

El oficial del Ejército boliviano salió del país el pasado domingo y dijo haber entregado un informe clasificado como ultra secreto donde se encuentran implicados dos ministros de Estado, un viceministro y una autoridad de primer nivel de la asamblea Legislativa.

Su informe, que fue dirigido al comandante general del Ejército, general José Luis Begazo, señala que el arsenal de armas presentado en el caso terrorismo I fue presuntamente retirado de la Octava División en una ambulancia del Ministerio de Defensa el 9 de marzo de 2009.

"Urdieron una conspiración para retirarme del Ejército por tantos informes que yo tenía y seguramente para eliminarme, asesinarme y aparentar un ajuste de cuentas, todo armado por este Gobierno", dijo Cardona en entrevista con EL DEBER.

No le darán asilo

El Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, aseguró en Sucre que el uniformado no recibirá asilo en España, debido a que en su contra no pesa ningún proceso judicial. Lo instó a volver al país y presentar sus pruebas.

"Estamos recabando si él tendría algún proceso ante el Ministerio Público y entendemos que no. Todos se declaran perseguidos políticos como pretexto para salir del país. Si hay alguna situación debería presentar y no irse del país", agregó el funcionario.

Opositores ratifican montaje

La senadora Carmen Eva Gonzáles ratificó que el caso "es un bochorno para la justicia boliviana" e instó a las autoridades a "reconocer que la muerte de los súbditos extranjeros fue parte de un montaje ideado por el Gobierno".

A su turno, el abogado de algunos de los involucrados, Gary Prado denunció que el Ministerio Público no tomará en cuenta estas revelaciones. "Acá hay protección del poder político, es una desgracia que no se quiera decir la verdad sobre cómo aparecieron las armas", afirmó en Santa Cruz.