Exministra Ramos amenaza con juicio a fiscales por retardación de justicia

La exministra Julia Ramos denunció que el proceso penal en su contra, por el caso Fondo Indígena, no avanza mientras que su salud se va deteriorando. Ramos, quien se encuentra detenida desde el 1 de diciembre de 2016, reiteró su inocencia y amenazó con iniciar juicios a los operadores de justicia por el retraso.

"Por el momento (el caso) está ahí, no avanza, no sé el Ministerio Público qué es lo que está esperando realmente, tendremos que presentar normativas para sancionar también a los operadores de justicia" que retrasan los casos, manifestó en el Hospital de Clínicas donde acudió para una revisión médica.

Indicó que espera la cesación de su detención preventiva, que cumple en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, por presuntos manejos irregulares en ocho proyectos "fantasma" financiados por el exFondo Indígena.

"Estoy esperando la cesación, ahora estoy con un problema de (...), vine a hacerme un análisis, también tengo que ir al gastro para los controles", manifestó la exautoridad visiblemente disminuida en su salud.

Manifestó su deseo de que en su caso "no haya retardación de justicia" ya que en la cárcel las personas "siempre están propensas a todo" tipo de enfermedades.

Sobre las acusaciones en su contra dijo que espera que no le sigan "cargando las responsabilidades". "No tengo nada que ver con La Paz, con los interculturales, he estado en la firma con 10 (miembros) del directorio y soy la única que conminan y no hay los demás", apuntó.

Ramos fue aprehendida el 1 de diciembre en celdas policiales tras prestar declaraciones informativas ante la Fiscalía, que investiga las irregularidades en el manejo de los dineros que aprobó el liquidado Fondo Indígena para la ejecución de proyectos de desarrollo social y productivo en áreas rurales.

La exministra es acusada por los delitos de contratos lesivos al Estado, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, favorecimiento al enriquecimiento ilícito e incumplimiento de deberes, además de conducta antieconómica, por la aprobación de proyectos que no se realizaron y para los que se desembolsó Bs 7,5 millones.