El senador de Unidad Demócrata (UD), Yerko Núñez, informó ayer que presentó una solicitud de informe oral al ministro de Obras Públicas, Milton Claros, por los hechos irregulares que se registraron tras la paralización de dos obras de envergadura por parte de la empresa Corsán Corviam.
Hasta el momento esta cartera de Estado no respondió a las 11 peticiones de informe escrito que solicitó UD.
“Estamos presentando una petición de informe oral, para que el propio Ministro de Obras Públicas explique al país sobre la salida de la empresa española Corsán Corviam dejando paralizadas dos obras de importancia, además que informe sobre los vínculos que tendría con una firma de abogados”, declaró.
La empresa española Corsán Corviam que estaba a cargo de la ejecución de la carretera San Buenaventura - Ixiamas y la construcción de la hidroeléctrica de miguillas, paralizó las obras y abandonó el país desde el pasado 1 de abril.
Núñez indicó que hasta el momento remitieron 11 peticiones informes escrito, siete al Ministerio de Obras Públicas y cuatro al Ministerio de Energía, las cuales no fueron respondidas por lo que se presume la existencia de irregularidades en el proceso de contratación.
SIN RESPUESTA
En febrero de 2016, se hizo la primera denuncia por un posible vínculo entre el consorcio de abogados Torrez Bejarano y Asociados y la firma española por la firma de un contrato privado de prestación de servicios legales, intermediación financiera y comisión de surtir efectos entre partes a solo reconocimiento de firmas y/o rúbricas.
En el mismo se detalla tres funciones que deben cumplir los “consultores” en este caso el consorcio Torrez Bejarano como la “búsqueda y consolidación de la licitación en la que la empresa contratista esté interesada”, además del “proyecto Miguillas licitado por la Empresa nacional de Electricidad (Ende)”, donde se establece que la empresa otorgará el 3.5 por ciento de comisión si esta firma de abogados consolida la adjudicación del proyecto hidroeléctrico.
Ante estas irregularidades, se solicitó a Gabriel Herbas, al jefe de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Obras Públicas, que comience una investigación sobre los nexos que tendría con la firma, donde se presume que hubo un presunto tráfico de influencias.
“También entregamos dos memoriales y le proporcionamos al fiscal general, Ramiro Guerrero, para que conforme una comisión e investigue este caso. A la vez se presentó un memorial de solicitud de investigación a la Unidad de Transparencia del Ministerio de Obras Públicas, sin embargo, ninguna de estas solicitudes fueron respondidas”, explicó.
La construcción de la carretera San Buenaventura-Ixiamas tiene un costo de $us 137 millones y la Hidroeléctrica de Miguillas consta de una inversión de aproximadamente $us 400 millones.
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