MinistrO DE GOBIERNO Carlos Romero Bonifaz: “Gobernaciones deben edificar centros de mantenimiento”

El ministro de Gobierno respondió a EL DEBER sobre el mantenimiento de los vehículos policiales.

Un informe de la Policía indica que un 42% de los vehículos están fuera de servicio. ¿Qué dice al respecto?
La Ley de Seguridad Ciudadana es clara y establece la responsabilidad directa y gastos para el mantenimiento de los vehículos de la Policía, inclusive establece que cada Gobernación debe construir e implementar un centro de mantenimiento en cada capital departamental.

Es obvio que la gente se siente protegida cuando la Policía está patrullando las calles, pero eso no es responsabilidad del Ministerio de Gobierno; la seguridad ciudadana es una responsabilidad transversal y en este caso, corresponde a las gobernaciones, algunas lo que han hecho es terciarizar los servicios, otras han hecho caso omiso, pero en definitiva es un tema que debe resolverse en cada departamento.

_¿Cuánto es el presupuesto para la Policía Nacional?
Se asigna más de dos millones de bolivianos porque el Ministerio de Gobierno cubre los costos de las planillas de 67.000 efectivos y los implementos básicos.

Hasta hace unos años, teníamos una relación de 25 policías por vehículo patrullero y hemos bajado esa relación a 27 efectivos por patrullero. El parque automotor de la Policía se ha incrementado en un 400% en los últimos cuatro años y en este esfuerzo han participado el Gobierno nacional y los gobiernos subnacionales, pero sigue siendo una debilidad el mantenimiento porque el uso de los patrulleros policiales es intenso porque hay operativos todos los días y a veces moviéndose en lugares difíciles y distantes.

_¿Se comprará más helicópteros para atender la seguridad ciudadana en otras regiones?
Yo quisiera hacerlo, pero no es fácil porque se requiere presupuesto y este año no se dispone. Hay que tomar en cuenta otros detalles porque según las regiones, se necesita más capacidad de autonomía de vuelo y más capacidad para enfrentar las diferentes altitudes y situaciones de aire, porque a más altura, los costos son más elevados.

Queremos ampliar un sistema aéreo de seguridad ciudadana e integrar el sistema de conectividad del control aéreo con el terrestre, pero eso requiere inversión. En ese tema hay que ver las iniciativas que puedan generar las regiones para poner la contraparte.

_¿En las fronteras qué tipo de control se hace para evitar el ingreso de personas con antecedentes?
Migración aumentó de 17 a 25 los puestos de control fronterizo y amplió los puestos móviles y se ha incorporado el padrón biométrico que antes no existía. El desafío es aumentar más los puestos de control e intregrarlos al servicio biométrico y a la base de datos de los hoteles, agencias de viajes y de servicios para tener un control y seguimiento no solo del ingreso, sino del movimientos que realizan las personas que entran al país.

Hemos planteado a los países, sobre todo a Colombia, que compartamos la base de datos policiales y judiciales porque si nosotros tenemos esa información y accedemos al sistema de antecedentes de las personas, vetamos su ingreso al país, pero esa es una decisión soberana que cada país debe asumir.

_¿En qué frontera hay más problema por el ingreso de personas con antecedentes?
Con países como Perú y Paraguay tenemos problemas por narcotráfico, que es de donde proviene la cocaína y la marihuana y obviamente, el tránsito es el territorio nacional, se dirigen a Brasil en el caso de la cocaína y a Chile por el caso de marihuana.

Otro problema es la migración circular colombiana, es decir, la gente ingresa a Santa Cruz, delinque y retorna a su país, pasan seis meses y vuelven a hacer el mismo movimiento y en el caso de El Alto y La Paz, tenemos ese problema con Perú