La ministra de Comunicación, Marianela Paco, está dispuesta a pagar a la empresa de Servicios Integrales y Comunicacionales Bravo, vinculada a la red de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, si regulariza su Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA).
"Su SIGMA (de Bravo) no estaba habilitado. Ahora no se ha procesado ese pago, precisamente por esa verificación, es una cuenta pendiente, si esta empresa llegara a regularizar y presenta este documento, lo que procede es pagar”, afirmó Paco a Página Siete.
Sin embargo, la pasada semana la viceministra de Políticas Comunicacionales, Claudia Espinoza, dijo a este medio que su despacho "desestimó la contratación” de la empresa Bravo porque no cumplió con todos los requisitos. "Uno de los elementos fundamentales (es) que la empresa no presentaba, no tenía beneficiario SIGMA”, dijo.
Para la ministra no se trata de una contradicción, sino de una confusión de términos en torno a si Bravo tenía o no el SIGMA o sólo estaba inhabilitada. Aunque la misma autoridad se refirió al informe de la Dirección General Administrativa, que señala: "Solicito a su Dirección no proceder al pago ni al devengado en la presente gestión, porque la empresa Bravo de Yalile Bravo no cuenta con SIGMA”.
Por lo que en su criterio, "no existe daño económico” porque no se consolidó el pago.
Esta cartera de Estado adjudicó tres procesos a Bravo, en junio, para la Cumbre del G77 para la provisión de 555 poleras y 252 memorias flash.
Pese a las observaciones en sus documentos y en su SIGMA, el ministerio, dos meses después del G77, volvió a firmar otra orden de servicios para la adjudicación de 800 memorias flash, para la Feria del Libro. Las tres adjudicaciones por un valor de al menos 250 mil bolivianos.
Ramiro Vega, abogado de Luis Alejandro Bell, socio de Yalile Bravo, manifestó que exigirá al Ministerio de Comunicación el pago de al menos 400 mil bolivianos que sería la deuda que arrastran desde hace siete meses, por los materiales entregados en junio y luego en agosto.
Espinoza, la pasada semana, aseguró que su despacho recibió muestras y pruebas de los productos por parte de la empresa Bravo. Página Siete accedió a documentos oficiales en los que se verifica que la viceministra firmó la recepción de la "totalidad” de los materiales.
En cambio, la viceministra dijo: "Ha prestado el servicio, ha usado ese producto y, tercer elemento, al no existir delito alguno, queda pendiente un pago por haber sido observada”, señaló.
Asimismo, Espinoza negó que se hubieran concluido las órdenes de servicio para la adjudicación a favor de Bravo. Sin embargo, los documentos muestran que el personal de este despacho firmó las órdenes de servicios.
"Hubo órdenes de servicio pero no se llegaron a concluir porque precisamente no se contaba con toda la documentación solvente de la empresa”, dijo a Página Siete.
Siete meses transcurrieron desde que el ministerio recibió los productos, y no se pagó -según la viceministra- debido a que la empresa no cumplió con todos los requisitos.
No presentó todos sus papeles
"La empresa (Bravo) nos exige a nosotros (al ministerio) el pago, pero ¿cómo podíamos pagar, si en primera instancia no habían presentado toda la documentación? (la empresa) sabía. Se les había comunicado, se les ha solicitado más respaldo, pero no lo hicieron. De esa manera el ministerio no podía avanzar en el tema administrativo”, declaró el viernes pasado la viceministra de Políticas Comunicacionales, Claudia Espinoza.
Añadió que la directora de Estrategias Comunicacionales, Silvia Salinas, firmó otro documento "donde solicitó la suspensión del proceso administrativo ‘tantos’, con la empresa ‘tantos’, por no cumplir todos los requisitos”.
La ministra Marianela Paco manifestó que el Estado actuó de buena fe y que, en consecuencia, no podía saber qué tipo de empresa era Bravo, pero "aparentemente” presentó todos los documentos, excepto que su SIGMA estaba inhabilitado. Pero si la empresa cumple con este trámite, el ministerio hará el pago, afirmó la autoridad.
Luis Alejandro Bell y Yalile Bravo, socios de la empresa que prestó servicios al Ministerio de Comunicación, están detenidos y acusados de formar parte de una red de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.
La estatal petrolera acusó a Selva Camacho de formar un clan que operaba con varias empresas de comunicaciones.
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