Velasco convocará a comisión para plasmar conclusiones de la Cumbre

”Es un proceso, no será de la noche a la mañana, son seis ejes temáticos que deben aplicarse a corto, mediano y largo plazo”, dijo Velasco al reconocer que la evaluación de los actuales operadores de justicia se debe realizar en el plazo de 120 días, tal como determinó el evento realizado en Sucre, el 11 y 12 de junio.
La titular de Justicia estuvo en el programa ‘El pueblo es noticia’ que se emite por Bolivia TVB y la Red Patria Nueva, donde explicó que en el caso de los operadores de justicia se evaluará “el trabajo que desempeñan” y esta labor estará a cargo de una comisión especializada.
La aplicación de la cadena perpetua acumulativa, en casos de violación, significa modificar la Constitución Política del Estado, que establece como condena máxima 30 años de cárcel sin derecho a indulto, pero la ministra Velasco indicó que las opciones se tratarán a nivel de la comisión donde participarán los órganos del Estado, así como la sociedad civil en su conjunto.
Velasco al lamentar el abandono de los representantes del Colegio de Abogados, dijo que por esa vía tratan de deslegitimar las conclusiones de la Cumbre. “Vemos que no hay voluntad para cambiar la justicia, para ellos es importante seguir con los consorcios, las chinanas, pero hay buenos abogados a quienes si les interesa la justicia”.
Dijo que el presidente del Colegio de Abogados, César Cabrera, que intervino en la Cumbre discriminaba la participación del pueblo, puesto que consideraba que “solo los entendidos en derecho deberían estar ahí, no quieren que la justicia cambie, lamentamos esa actitud”.

materializar en leyes
“Las conclusiones son altamente positivas y no pueden ser simplemente líricas, tenemos la obligación (la Asamblea Legislativa) de materializarlas en disposiciones legales para hacer una transformación de la justicia”, opinó Víctor Borda, vicepresidente de la Cámara de Diputados.
Borda dijo a radio Panamericana que se tiene que modificar la Constitución para la acumulación de penas, y al ratificarse la elección de magistrados por voto popular, la Asamblea Legislativa tiene que establecer un mecanismo de preselección más efectivo para que quienes ejerzan sean profesionales “con méritos, experiencia, probos, que sean idóneos y tengan un mínimo de consideración con la gente más pobre, humilde”.