El ministro de Gobierno, Carlos Romero, cree que el jefe de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, el senador Arturo Murillo y el exministro Wilfredo Chávez debían presentarse ante el Ministerio Público para prestar declaraciones sobre el caso Gabriela Zapata.
"Arturo Murillo y Doria Medina deberían presentarse voluntariamente a declarar; Cinthia Perou no actuó por voluntad propia", declaró el ministro Romero a través de la cuenta de Twitter de su despacho.
Zapata en declaraciones a los fiscales atribuyó a Cynthia Perou, a quien identificó como asistente de Doria Medina, como parte de la organización de la estrategia sobre el supuesto hijo del Primer Mandatario en coordinación con el abogado Eduardo León.
Romero reveló que Perou visitó al menos siete veces a la expareja del presidente Morales en la cárcel tras ser detenida acusada de enriquecimiento ilícito, uso de bienes del Estado, mientras que por otra denuncia es acusada de tráfico de personas y asociación delictuosa.
En relación al senador Murillo, Zapata dijo que éste se reunió con "su tía de cariño" Pilar Guzmán, quien era una de las personas más cercana a la mujer y en muchos casos cumplió el papel de su vocera ante los medios de comunicación. Está detenida en la cárcel de Obrajes.
El legislador reconoció que se reunió con Guzmán en su departamento y que esa cita tuvo como objetivo convencerla de que dijera la verdad. También aparece en las declaraciones ante los fiscales el nombre de Jaime Navarro quien junto a Murillo conversaron con la supuesta tía.
Pero el ministro también sostiene que el exministro de Gobierno debe declarar. "Wilfredo Chávez (que no cumple función pública) también debería presentarse (a declarar por el caso Zapata)".
Zapata acusó a Chávez de haberla chantajeado y a quien supuestamente le pagó 250.000 dólares, también dijo que esta exautoridad fue la que empezó a hablar del hijo. Chávez es exesposo de la vocal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Virginia Crespo quien además benefició a la empresa china CAMC con un amparo constitucional en primera instancia.
Para Romero "quienes han politizado este tema son los actores de la oposición", al involucrar a Guzmán y Vega (padre del niño que suplantó al supuesto hijo del presidente) en objetivos políticos de los que la oposición quiso sacar rédito, cuando estas personas aparentemente no tenían una vinculación partidaria.
"Los hechos objetivos dicen que aparte de toda esta trama lamentablemente algunos actores políticos han caído en el juego", sostuvo Romero, quien añadió que "el caso se desmorona".
Caracterizó el caso como "una conspiración política" y que el objetivo fue claro, dañar la imagen del presidente Morales. El caso fue público antes del referéndum constitucional del 21 de febrero.
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