El ministerio de Gobierno propuso en el anteproyecto de ley de prevención y lucha contra la delincuencia juvenil y las pandillas delictivas un "programa de acuartelamiento" para los jóvenes entre 18 y 28 años vinculados a actividades delictivas. El tema está en debate con el ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, presentó este miércoles ante la Comisión de Gobierno Defensa y Fuerzas Armadas tres anteproyectos de ley: de modificación a la Ley de Seguridad Ciudadana; de prevención y lucha contra la delincuencia juvenil y las pandillas delictivas y otra de régimen penitenciario.
La autoridad dijo que la norma se asienta "en un equilibrio" entre la prevención y la represión, porque en su criterio hay pandillas que están vinculadas a trabajos de matonaje y asaltos por encargo, es decir "delitos graves" que son premeditados y alevosos.
Por esta razón considera que "este anteproyecto de ley busca ese equilibrio entre la prevención y la represión, por eso se plantea una ley contra las pandillas y una ley antidelincuencia juvenil", comentó a los miembros de la Comisión.
Aunque el anteproyecto prevé el involucramiento de varios ministerios como los de Justicia, Educación, Salud, Deporte, Culturas y Comunicación "respecto al ministerio de Defensa implica implementar programas de reinserción de adolescentes mayores a 14 años con responsabilidad penal y generar programas de acuartelamiento en fin de semana para jóvenes que cometen delitos".
Romero explicó que el tema aún está en debate con el ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas y considera que "la disciplina militar puede ayudar a corregir ciertos comportamientos". La idea surge a raíz de la inexistencia de centros de rehabilitación en el país.
"Entre las medidas represivas está todavía en debate, aún no está resuelto, una idea que había surgido que el ministerio de Defensa y FFAA cumplan una tarea, porque esos chicos en su mayoría son alcohólicos y drogadictos que en su mayoría necesitan rehabilitación, pero no hay centros de rehabilitación", comentó.
En la cumbre nacional de seguridad ciudadana el Gobierno nacional y los gobiernos subnacionales se comprometieron en la construcción de un centro de rehabilitación cada año; sin embargo, aunque existen algunos, son pequeños, y mientras tanto las pandillas siguen operando.
"Entonces dijimos que los militares tienen la infraestructura, cuarteles (…) entendemos que puede haber un acuartelamiento en fin de semana determinada por una autoridad judicial y con autorización de los padres de familia", sostuvo.
En Bolivia la existencia de pandillas genera en la población una "sensación de inseguridad ciudadana", lo que no sucede en otros países de la región. Son grupos vinculados a actividades delictivas, en muchos casos muy graves; sus miembros portan armas contundentes, punzocortantes y hasta armas; además consumen bebidas alcohólicas y droga.
En el país de acuerdo a estadísticas preliminares de 2015, en Santa Cruz operan 69 pandillas con 2.493 integrantes, le sigue La Paz con 48 pandillas y 1.645 miembros, en Cochabamba actúan 44 pandillas con 1.476 integrantes y Chuquisaca está ubicada en el cuarto lugar con 40 pandillas y 690 miembros, en menor cantidad se presentan en el resto de las regiones.
También propone tipificar la pandilla como una "asociación delictuosa". El ministro es proclive para que se incorporen "sanciones civiles" para los padres y madres de familia porque en muchos casos se desentienden de sus hijos, o son muy permisivos ante las fechorías.
"No podemos establecer responsabilidad penal, pero responsabilidad civil, sí. Es decir, que empiecen a pagar por los daños causados por sus hijos", sostuvo Romero.
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