La Ministra de Justicia, Virginia Velasco, clausuró el sábado por la tarde la Cumbre Nacional de Clausura, que se realizó en la ciudad de Sucre, capital de Bolivia, y prometió la implementación de las conclusiones de las seis mesas de trabajo en el corto, mediano y largo plazo "para revolucionar" la justicia, como era el propósito central de ese debate nacional.
En su discurso recordó que la Cumbre fue convocada para reformar el deslucido sistema judicial, preso hace décadas de una corrupción casi generalizada, en base de una articulación social representativa de la institucionalidad boliviana.
"Hemos escuchado al pueblo porque la justicia no solamente es de los abogados, sino del pueblo. Hoy hemos estado unidos, vamos a revolucionar la justicia. Han salido las conclusiones de las seis mesas donde se va a incrementar en un corto, mediano y largo plazo", remarcó al agradecer la asistencia de diferentes sectores de la sociedad civil, de las organizaciones sociales, de los magistrados y de las universidades.
La Ministra de Justicia informó que el siguiente paso es conformar una comisión para la implementación de las "importantes" conclusiones de la Cumbre y dijo que "el Estado se va a encargar" de esa tarea.
Remarcó que lo "importante es cambiar la justicia", como coincidieron todos los oradores y los delegados que asistieron a esa cita nacional, en aplicación de la "pluralidad inclusiva" que establece la Constitución Política del Estado.
En momentos en que la carga procesal orilla los 100.000 casos, según estimación oficiosa y que la justicia boliviana no ha podido sacudirse de su principal enfermedad, la lentitud, la Cumbre Nacional de Justicia debatió una serie de propuestas elaboradas en sesiones preparatorias celebradas en los 9 departamentos del país con la participación de la sociedad civil, entidades académicas y expertos nacionales e internacionales, entre otros.
Los temas principales de debate fueron la modalidad de elección de las altas autoridades del órgano Judicial, el acceso, la retardación o lentitud, corrupción e impunidad en la justicia, régimen disciplinario y formación para los funcionarios y abogados, derechos humanos, pluralidad y desburocratización
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