Romero pide reformas para cortar salida de delincuentes

La Policía capturó a seis sujetos, presuntos integrantes de una organización criminal, acusados de perpetrar al menos 17 robos agravados en Santa Cruz, incluido el asalto en el que mataron al adolescente Brayan Escóbar Huanca (16), ocurrido el fin de semana en una pizzería de la avenida Piraí.

De los seis sospechosos presentados a la prensa (uno fue liberado por falta de indicios) tres eran exreclusos de la cárcel de Palmasola, entre ellos Héctor Álvarez Soto (42), alias ‘Etcheverry’, quien, según la certificación de remitida desde la cárcel a solicitud del fiscal José Parra, ha ingresado y salido de dicho penal en nueve ocasiones desde 1994 hasta el 17 de junio de 2015, fecha de su última salida en libertad.

Otro caso luctuoso en el que se vieron envueltos exreclusos ha sido el asesinato de la comerciante Giovanna Mónica Limachi Alejo (38), a la que un expresidiario le disparó en la cara para robarle alrededor de $us 25.000, en complicidad con otros individuos.

Se trata de Christian Escóbar Herrera (22), el que le quitó la vida a la mujer y con antecedentes de haber estado detenido por robo agravado; y de Eladio Cruz Áñez (38), reo condenado a 30 años por asesinado que salía del penal para realizar trámites en su calidad de procurador jurídico de otros internos; también participaron Jorge Jiménez Yovió, José Harold Paz Moreno (23) y Brandon Rodrigo Viana Martínez (22), todos ahora presos en la cárcel.

Facilidad para salir
Según estadísticas, de Palmasola salen, en promedio, de forma mensual, unas 60 personas procesadas por robos agravados, muchas de las cuales han vuelto a caer cometiendo el mismo delito. Se beneficiaron con medidas sustitutivas, con procedimientos abreviados y con la Ley de Indulto Presidencial.

Ante este fenómeno, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, pidió a la Dirección de Régimen Penitenciario un informe de estos casos y, según la autoridad, hay procesos que deberían estar en observación y mínimamente someterlos a una auditoría jurídica.

Romero indicó que con los resultados de la auditoría pretende entablar una mesa técnica con la Fiscalía General y el Órgano Judicial para revisar tres figuras: las medidas sustitutivas vigentes en el Código de Procedimiento Penal, el procedimiento abreviado y el indulto.

“Debemos evaluar si es que hay demasiados resquicios en la normativa para hacer los ajustes correspondientes. Si no existen suficientes candados, hay que ponerlos porque la gente que participa en actos delictivos violentos no debe beneficiarse con medidas sustitutivas.

Y otros casos en los que presumiblemente se han beneficiado con procedimientos abreviados, recurso que no debería ser discrecional; ahí tenemos que hacer una revisión de los mecanismos de control porque si no funciona estamos perdidos”, dijo el ministro.

A decir de la autoridad gubernamental, la única forma de corregir estos desajustes es aplicando sanciones fuertes a quienes hayan cometido irregularidades para poner en libertad a delincuentes reincidentes y peligrosos.

“Pareciera que hay una gran cantidad de delincuentes distribuidos cometiendo fechorias, pero en realidad son los mismos”, acotó Romero