Zelma Yapu, abogada de dos funcionarios involucrados en la fuga del empresario Martín Belaunde, el 24 de mayo, informó ayer que el juez primero anticorrupción de El Alto, denegó su pedido a la cesación a la detención preventiva, por lo que se analiza la posibilidad de proceso abreviado.
Sin embargo, antes se ampliará las declaraciones con el fin de colaborar en la investigación.
Víctor R. V. y Ramiro C. M., miembros civiles del Inteligencia del Ministerio de Gobierno, están imputados por delitos de favorecimiento a la evasión, (por presuntamente colaborar en la fuga). Ambos, a bordo de un vehículo del Ministerio, eran responsables de vigilar, desde la calle, quienes entraban y salían del domicilio ubicado en la zona Bajo Llojeta, perteneciente a Yuliano Arista (el Curaca Blanco), donde se encontraba Belaúnde.
“Ayer (por el lunes), teníamos la audiencia de cesación a la detención, pero se nos ha negado. Por eso, ahora, estamos pidiendo algunos requerimientos que van a coadyuvar para una nueva audiencia de cesación o en todo caso someternos a un proceso abreviado”, declaró Yapu a EL DIARIO.
El Ministerio Público presentó la imputación formal contra todos los custodios que vigilaban al peruano tanto al interior como fuera del domicilio y se los acusó de recibir hasta cien dólares por día.
Los dos defendidos de Yapu señalan que están dispuestos a colaborar para esclarecer el hecho, por lo cual, el pedido para ampliar sus declaraciones ya se realizó y será la comisión de fiscales que defina la hora y fecha de la ampliación de la declaración.
Víctor R. V. y Ramiro C. M. continúan detenidos preventivamente en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro.
El juez a cargo del caso negó el pedido a la cesación a la detención, debido a que encontró como riesgos, el peligro de obstaculización en la investigación y la duda sobre el cargo que ocupaban al interior del Ministerio de Gobierno.
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