“La empresa con la que firmamos la orden de compra nos hizo llegar una nota donde dice que le es imposible proveernos los respiradores por un problema logístico y nos pide que rescindamos el contrato (...) Ese dinero está intacto”, dijo el ministro de Energías, Rodrigo Guzmán, en conferencia de prensa el 23 de junio.
Después del escándalo de los 170 respiradores españoles con sobreprecio y serios cuestionamientos por la confidencialidad en las contrataciones gubernamentales para la lucha contra el Covid-19, la presidenta Jeanine Añez aseguró que cada adquisición sería fiscalizada. “Me comprometo a seguir trabajando para equipar hospitales con transparencia. Haremos que cada compra sea revisada a detalle por el público en las redes”, afirmó.
Dicha promesa no se cumple. El pasado 21 de junio un nuevo escándalo tomó los titulares de la prensa. Un avión que trasladaba insumos de bioseguridad fue impedido de llegar al país; dentro de él –según las denuncias- estaba la compra de Energías.
Aunque el ministro Guzmán aseguró que en la nave no estaba el lote que había gestionado esa cartera, no aclaró todas las dudas. El Viceministerio de Transparencia indaga el proceso fallido.
En el proceso de contratación del Sicoes solo figuran seis documentos, todos imprecisos, incompletos y publicados dos meses después de la compra.
“La Orden de Compra 402/2020 (10 respiradores) no contiene multas por incumplimiento, ni las causales por las que se podría resolver o dejar sin efecto; sin embargo, en nota MEN-01132/ VMEEA/PEVD/PERII-0140/2020 del 19 de mayo de 2020 se manifiesta la ‘… aceptación de dejar sin efecto orden de compra 402/2020…’, bajo el argumento de un caso fortuito presentado por la empresa, que no se especifica”, señaló un experto en licitaciones.
Página Siete solicitó insistentemente la documentación completa de la compra, pero ésta no es accesible. Desde Energías se explica que el tema ha asido aclarado y lo considera cerrado, pese a que la ley y el compromiso presidencial de transparencia señalan que esta información debe ser pública.
En el Sicoes, el proceso de adquisición -realizado en abril- fue publicado el 2 de junio. Está registrado bajo el título de “Provisión y dotación de material de bioseguridad y de primeros auxilios para el personal del PERII y PEVD para afrontar la crisis del Covid 19-marzo 2020”. El CUCE asignado es el 20-0085-00-1042107-0-E.
Aunque es un solo proceso, la contratación ya cuenta con dos órdenes de compra: la 401 y la 402. Ambas fueron adjudicadas a la empresa Provtec de forma directa y los recursos salieron del Programa de Electrificación Rural, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La primera orden data del 9 de abril y consta de cinco ítems: 800 gafas protectoras, 2.000 máscaras KN95, 722 mamelucos, 800 protectores faciales y 800 guantes no estériles por 736.770 bolivianos. Un acta de recepción, firmada por tres responsables del proceso, da cuenta de que los insumos fueron entregados el 13 de abril, más de un mes antes del polémico vuelo.
La orden 402 contempla un solo ítem. Éste se refiere a la adquisición de 10 respiradores, cuyo costo total asciende a 405.830 dólares (2.784.000 bolivianos). Es decir que el precio de cada equipo era 40.583 dólares (278.400 bolivianos). El plazo de entrega estaba fijado en 15 días calendario.
La orden data del 22 de abril. No se adjuntan especificaciones técnicas, propuestas, procedencia u otros datos para comparar los precios con otros equipos en el mercado. Pero no es lo único que falta, el documento no especifica si hay multas por incumplimiento, ni las causales para un rescindimiento.
Pero, tal como explicó Guzmán, esta compra fue “dejada sin efecto” el 19 de mayo mediante un acta firmada por el viceministro de Electricidad, José Luis Peña. Se argumenta “caso fortuito presentado por la empresa”.
Según el analista en contrataciones, la orden de compra fue dejada sin efecto de forma extemporánea y sin sustento legal . “El ministerio no detalla cuál es el caso fortuito ni por qué medio se le hizo conocer. La Orden de Compra No. 402/2020 es extemporánea, toda vez que fue emitida el 22 de abril de 2020 con un plazo de 15 días calendario; o sea, los respiradores debieron entregarse el 7 de mayo, pero se deja sin efecto el 19 de mayo, cuando ya había incumplimiento”, explicó.
Energías no informó si la compra de estos equipos tan necesarios será nuevamente licitada.
La empresa proveedora y el vuelo cancelado
El 29 de mayo, la DGAC autorizó, a pedido de la empresa ChexAir, el aterrizaje en territorio boliviano de un avión con miles de productos de bioseguridad adquiridos por 47 empresas. Provtec -la proveedora de la adquisición fallida del Ministerio de Energías- era una de ellas.
El 31 de mayo, el vuelo fue cancelado abruptamente, cuando el Airbus A330-203 ya había despegado de China rumbo a Bolivia. La determinación llegó mediante un correo que argumentaba “órdenes superiores”.
Esa aeronave, según denunció el propietario de ChexAir, José Bolívar, transportaba la adquisición observada del Ministerio de Energías. Sin embargo, el ministro de dicha cartera, Rodrigo Guzmán, lo negó. Sostuvo que entonces no se tenía ningún contrato vigente con Provtec y por tanto no se esperaba ningún lote de insumos o equipos médicos.
Explicó que el último contrato, el de los respiradores, fue rescindido el 19 de mayo y conjeturó que la proveedora intentó usar el nombre del Ministerio de Energías para ingresar insumos al país. Por este motivo se quitó al vuelo la categoría de humanitario y con ello la autorización para su ingreso, pese a la gran cantidad de equipos de bioseguridad que eran transportados.
Según la base de datos de proveedores del Estado, la empresa Provtec pertenece a Luis Ricardo Claros Mayorga. Está registrada en Fundempresa como una entidad unipersonal con base en la ciudad de Cochabamba.
La información que difunde a través de plataformas digitales señala que en la actualidad Provtec brinda servicios de tecnología, sistemas, redes, telecomunicaciones y venta de insumos y equipos médicos. Da cuenta de 10 años de experiencia en la provisión para organizaciones públicas y privadas, entre las que se encuentra el trabajo con diferentes niveles del Estado.
Página Siete intentó contactarse con la empresa a través de los números registrados en el Sicoes y Fundempresa para conocer su versión ante la acusación de Guzmán. En ambos teléfonos nos indicaron que Claros, propietario, no se encontraba y que él se contacta con las oficinas cada cierto tiempo. Pese a la insistencia no respondió a la solicitud.
Compra de respiradores sin aval de la Aisem
La adquisición de 10 respiradores por 405.830 dólares -que eran parte del observado lote que fue gestionado por el Ministerio de Energías- fue asesorado por “médicos”, dijo el viceministro de Electricidad, José Luis Peña. Cuando se hizo la compra, en abril, la Aisem era la encargada de dar el aval para esos procesos.
“Nos comunicamos con el Ministerio de Salud para que nos den un parámetro de ciertas especificaciones técnicas, porque estos respiradores eran para terapia intensiva. Médicos, que son amigos personales en esa área, vieron que los equipos estaban dentro del rango del precio y que eran buenos. Considerando ese criterio técnico -que nosotros desconocemos- es que se procedió a la contratación”, explicó Peña, el 23 de junio, en entrevista con Cadena A.
El precio fijado por cada respirador fue de 40.583 dólares, monto que se encuentra en el rango de los equipos en el mercado que según sus características y procedencia pueden costar entre 35.000 y 80.000 dólares.
Quienes avalaron la compra y dieron las características no fueron funcionarios de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Medico (Aisem), ni los encargados de contrataciones el Ministerio de Salud. El 22 de abril, fecha en la que se emitió la orden de compra, la Aisem era la instancia que concentraba las adquisiciones para combatir la Covid-19, una facultad adicional que le dio el gobierno de Añez a la institución al inicio de la cuarentena.
El viceministro Peña explicó que el primer paso fue buscar en Google posibles importadores, ya que los proveedores locales se encontraban saturados por la alta demanda de insumos médicos durante marzo y abril. Así dieron con la empresa Provtec.
Tras conocer la oferta, se procedió a la contratación directa con 15 días de plazo para la entrega pero no se concretó. Peña precisó que aunque el documento de aceptación de dejar sin efecto la compra de los respiradores data del 19 de mayo, la empresa notificó de la imposibilidad de entregar los equipos el 4 de mayo, tres días antes de que termine el plazo. Este documento tampoco es público.
Aún se desconocen las especificaciones exactas de los artefactos hospitalarios. Por varios días este medio solicitó el documento base para la adquisición fallida, sin embargo, no hubo respuesta.
Estos datos no están adjuntos en el Sicoes, pese que debieron ser presentados ante el BID, la instancia financiadora.
Las cancelaciones
El Decreto Supremo 181 no faculta a la MAE a dejar sin efecto una orden de compra. Solo se puede cancelar, suspender o anular hasta antes de la suscripción de contrato.
Art 28 El proceso de contratación podrá ser cancelado, anulado o suspendido hasta antes de la suscripción del contrato o emisión de la orden de compra mediante resolución expresa, técnicamente motivada.
Art 32 La MAE de cada entidad pública es responsable de todos los procesos de contratación desde su inicio hasta su conclusión, y sus principales funciones son: ... h) Cancelar, suspender o anular el proceso de contratación.
Web El Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, que regula las contrataciones del Ministerio de Energías, no se encuentra disponible en su portal.
Añez Tras el escándalo de los 170 respiradores con presunto sobreprecio y otras contrataciones en YPFB, anuló las compras directas durante al emergencia para las empresas estatales.
170 El fiscal del caso respiradores españoles, Omar Mejillones, confirmó que según la investigación hubo sobreprecio. Dijo que los involucrados procedieron a “desmantelar” los equipos para poner un costo cada pieza del kit de los equipos.
Felcc Un peritaje a los celulares de dos de los investigados por el caso de los 17 respiradores evidenció que éstos mantenían comunicación con exautoridades del MAS. Se pidió investigar lazos con las actuales.
Qué pasó con el vuelo
9 de abril Se emitió la Orden de Compra N° 401/2020 por un valor de: $us 107.400,87 (ciento siete mil cuatrocientos 87/100 dólares estadounidenses).
13 de abril Se recibió la nota de remisión de los bienes por parte de Provtec, que hace llegar la factura y solicita el pago correspondiente. Posteriormente ingresa a almacenes de la institución.
22 de abril Se emitió la Orden de Compra N° 402/2020 por un valor de $us 405.830,90 (cuatrocientos cinco mil ochocientos treinta 90/100 dólares estadounidenses).
4 de mayo CHEX Air en nota dirigida a la Cancillería de Bolivia, solicita “realizar la gestión para poder aterrizar la aeronave: Airbus A330-243”.
5 de mayo En horas de la mañana, el Ministerio de Energías solicita a la DGAC la cooperación institucional para la llegada del avión A330-243.
5 de mayo En horas de la tarde, la empresa Provtec comunica su imposibilidad de cumplir con la entrega de la Orden de Compra N° 402/2020.
19 de mayo Energías acepta la solicitud de Provtec de dejar sin efecto el contrato, pero en ningún momento comunica a la DGAC que la compra fue cancelada y que el apoyo ya no es necesario.
20 de mayo Se comunica al BID que se ha dejado sin efecto la compra de los respiradores de terapia intensiva.
21 de junio Se anula la autorización de un vuelo que presuntamente traía la compra y que no correspondía al permiso solicitado. La senadora por el MAS Elizabeth Oporto dijo que la cancelación impidió la llegada de 180 toneladas de insumos de bioseguridad.
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