El ministro de Autonomías, Hugo Siles, saludó la constitucionalidad de la Ley 351 de Otorgación de Personalidades Jurídicas y dijo que las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y las fundaciones sin fines de lucro que trabajan por "el bien, el desarrollo” en el marco de la Agenda Patriótica 2025 deben estar tranquilas, pero las que no cumplan con la norma deben preocuparse porque "no son bienvenidas”.
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró la constitucionalidad de la Ley N° 351, del Decreto Supremo N° 1507 y el reglamento, ¿qué opina al respecto?
Primero, que el fallo restituye la constitucionalidad de esta ley, que establece que hay requisitos que deben cumplirse en función del registro de orden de ONG y de fundaciones sin fines de lucro. El fallo y la ley se aplican para todos por igual y, de alguna forma, este fallo del Tribunal Constitucional ha restituido lo que dijimos siempre, que es importante que cada entidad sin fines de lucro pueda explicar de forma clara y transparente estos aspectos que tienen que ver con los fines y su contribución cuando vienen al país.
Hay temor en las ONG ante la posibilidad de la revocatoria de la personalidad jurídica en caso de no cumplir la norma...
El Decreto Supremo 1597 dice que hay causas de revocatoria, que se determinan previo informe, luego procede una revocación y el cierre de una entidad sin fines de lucro. El Estado boliviano tiene un ambiente jurídico que debe ser respetado y cumplido por todos.
Se establece la existencia de informes previos para revocar, ¿por qué no hay un proceso legal como en cualquier caso?
El DS 1597 establece que la autoridad competente es la que realizará los informes referidos al funcionamiento y el desarrollo de la entidad, que está con su respectiva personería jurídica y condiciones de formalización en el país. Tenemos la ley, el decreto supremo está establecido en esos términos, está en la legislación construida desde 2013.
¿En qué casos se aplicará la norma, ahora constitucional?
Toda entidad que llegue al país que afirme y registre una actividad, firme la declaración jurada y con el pasar del tiempo cambie los aspectos anteriores que vayan contra las políticas de nuestro Estado y Gobierno, de la legislación boliviana, de los planes de la Agenda Patriótica 2025 y el plan de desarrollo económico social, sin duda que el DS 1597 será aplicado. En cualquier, parte del mundo sucedería una revocatoria, suspensión o expulsión contra los que están en contra ruta y encima hacen política.
¿Quienes están a salvo y quienes deberían preocuparse?
Las ONG y fundaciones que trabajaban por el bien del desarrollo del país, que generan contribuciones a la economía y a la población, las que cumplan la Ley 351 no tienen por qué preocuparse, deben estar tranquilas. Los que deben preocuparse son los que primero no informan de su registro, su objetivo y sus acciones, pero con el tiempo los cambian y hacen otros que no coinciden con los iniciales ni como los objetivos de desarrollo económico del Estado. Si eso sucede, el Estado tiene que activar mediante la ley las medidas que corresponden. No entender esa figura es ponerse en el plano de estar en la complicidad de lo señalado.
La ley, de alguna manera, ¿no será para evitar que las ONG y las fundaciones hagan investigaciones que cuestionan la gestión gubernamental?
No es así. Me preocupa el hecho de que haya algunos representantes de ONG que digan que intenten justificar si es que se realizan otras actividades fuera del objeto -sobre el cual se constituyeron- y no tengan ninguna de observación de la autoridad competente.
El Vicepresidente señaló que las ONG que hacen política se irán del país, la norma se aplica entonces...
Está claro lo que el Vicepresidente dijo, una ONG que llega al país a hacer política y generar programas o acciones que vayan en contra del plan de desarrollo económico y social de la Agenda 2025, nadie le va a aceptar eso en ningún país. Los que vienen a trabajar a Bolivia se supone que tienen que contribuir; el que viene a obstaculizar el desarrollo de Bolivia por supuesto que no es bienvenido.
¿Se garantiza la libertad de asociación de las ONG y fundaciones?
Absolutamente. Lo que les ha molestado es esta contribución al desarrollo económico social que deberían mencionar en sus estatutos. Esto es porque si vienen a Bolivia, no van a venir a ir en contra y hacernos trabajar contra el ordenamiento jurídico y la norma.
¿Cuál es la situación jurídica actual de las ONG?
La mayoría de las entidades se acogen a la norma. Se está regularizando como corresponde, no queremos sentenciar a nadie, las puertas del Ministerio están abiertas para recepcionar todos los trámites de regularización.
HOJA DE VIDA
Nacimiento Hugo Siles Núñez del Prado nació en Santa Cruz.
Profesión Es politólogo, fue docente de la Universidad Gabriel René Moreno (UGRM).
Político Fue concejal en el municipio de Santa Cruz por ASIP (aliado del MAS en 2010) y actual ministro de Autonomías.
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