El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional presentó este lunes una denuncia penal por presuntos actos de corrupción en contra del alcalde de Uyuni, Patricio Víctor Mendoza Huayllas, en la transferencia irregular de bienes del Estado a personas particulares sin contar con la autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
“Configuramos que se produjo un hecho de corrupción, de transferencia ilegal de propiedades del Estado. En el mes de junio el Alcalde hace la rendición pública de cuentas en el que hace conocer que la recaudación por otros fondos que no sean transferencias del Tesoro General de la Nación son cero, ¿Cómo pueden ser cero si desde enero se estaba recibiendo recaudaciones de transferencia de lotes de terreno? Por lo tanto decidimos presentar una denuncia penal por corrupción pública contra del alcalde Patricio Mendoza, alcalde del MAS por los delitos de corrupción pública como contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes”, detalló el Viceministro de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Diego Jiménez, en conferencia de prensa.
No se descarta que la denuncia sea ampliada por el delito de estafa agravada, de parte de las víctimas de las transferencias de lotes, que hizo el alcalde.
Jiménez, explicó que la ley municipal 069/2016 del Concejo de Uyuni determinó que deberían transferirse y enajenarse bienes del Estado a favor de particulares, para que 4.179 personas puedan beneficiarse con lotes de 300 metros cuadrados.
Esa norma edil debe ser aprobada por la ALP, ya que es la única entidad autorizada para realizar transferencia estatales es el Órgano Legislativo, pero un informe del Comité de Autonomías Municipales de la Cámara de Diputado, del 15 de mayo de 2018, negó la aprobación de la norma por existir varias falencias y manda a subsanar las observaciones.
A pesar de esa decisión, el burgomaestre de la ciudad emite varias ordenanzas municipales autorizando la transferencia de bienes del municipio a los particulares sin haber concluido el procedimiento y sin tener la autorización de la ALP, indicando que los supuestos beneficiarios de la transferencia deberían pagar el 25% del monto inicial. Fija el monto en 20 bolivianos el metro cuadrado y empieza realizar contratos particulares por diferentes montos autorizando la venta de lotes.
“Lo más grave en este caso, por una posible responsabilidad penal, es que esa transferencia y los pagos iniciales le transfiere a una consultora particular de nombre Lazos, que empieza a recibir los cobros, montos de diferente naturaleza, no sabemos a qué cuenta fueron depositados, no firma ningún cajero, y la consultora no tiene autorización de funcionamiento en Uyuni”, complementó Jiménez.
Tras conocer la denuncia, el Gobierno hizo las pesquisas y el 9 de noviembre se presentó la denuncia, después de eso el Ministerio Público allanó las oficinas del municipio y en esta jornada el juzgado anticorrupción de Potosí hará la apertura de las pruebas colectadas.
Todavía no se conoce la cantidad de recursos que fueron recaudados, por lo que Jiménez pidió al edil presentarse ante la justicia. “Nuestro gobierno tiene cero tolerancia a la corrupción y vamos a sancionarla drásticamente”, concluyó la autoridad nacional.
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