Desde el año pasado, el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción sostiene reuniones con representantes del empresariado privado para enfrentar la corrupción de manera conjunta. Este trabajo derivó el viernes en la firma de un acuerdo insterinstitucional que busca acabar con las malas prácticas en el sector privado. La alianza permitió elaborar un decálogo de ética empresarial que podrá ser adoptado de forma voluntaria en las organizaciones privadas.
— ¿Cómo se empezó a conformar esta alianza entre los sectores público y privado para luchar contra la corrupción?
— Como ministerio debemos encarar políticas de prevención y lucha contra la corrupción de manera integral en el Estado, ello conlleva que no solo impulsemos la implementación de estas políticas en el sector público, sino también en otros niveles de la población, como en el privado —uno de los cuatro actores fundamentales del modelo de economía plural—, en las organizaciones sociales, en el deporte y de manera general en la ciudadanía. ¿Por qué?, porque la corrupción es un problema estructural que nos debe interesar a todos, porque es un fenómeno que afecta el desarrollo económico y social de los Estados (...). En esta gestión hemos trabajado con la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) en la identificación de empresas en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz que han implementado códigos de ética, políticas anticorrupción y buenas prácticas para la prevención de este fenómeno. Las experiencias que nos han hecho conocer han sido muy valiosas y muestran que en el rubro hay empresas que, por necesidad y sin que exista ninguna regulación, acompañan las políticas públicas del Estado, no solamente en el tema de transparencia y corrupción, sino también en el marco de Ley contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación. Eso es valorable (...). Esta etapa de diagnóstico fue para ver cuáles son los avances y cuál es la situación de la implementación de valores y políticas anticorrupción. NdE. Las empresas que fueron parte de esta fase fueron Sofía, Unagro, Telecel y UPSA en Santa Cruz; Manaco, Enabolco y Unilever, en Cochabamba; e Inti, CBN y San Cristóbal, en La Paz.
— ¿Qué se entiende por transparentar la información en las empresas privadas?
— Que tengan la voluntad de abrir sus puertas no solo al ministerio, sino también a sus proveedores y a la gente a la que venden productos o prestan servicios.— ¿Cómo el conocimiento de estas buenas prácticas ayuda a la conformación de una alianza público-privada para enfrentar esta problemática?
— Estamos en una primera etapa, comenzando a recorrer este camino con el sector privado. El viernes, el Día Internacional de Lucha Contra la Corrupción, suscribimos un convenio con la CEPB para trabajar de manera conjunta en una estrategia en el mediano plazo y con base en un plan que estamos diseñando. Este plan contempla un mecanismo a través del cual el ministerio va a poner a disposición de las nueve federaciones de empresarios privados del país y sus afiliados formularios de recepción de denuncias. Así, se podrá acudir de manera directa al ministerio para canalizar denuncias por hechos de corrupción. Esto nos va a permitir actuar como ministerio de manera inmediata y verificar las presuntas irregularidades en el sector público. Asimismo, el próximo año vamos a identificar con qué privadas vamos a no solo implementar algunas medidas de prevención, sino también poner en funcionamiento mecanismos de rendición pública de cuentas y promover principios y valores a través de códigos de ética. Nos interesa igualmente que las empresas empiecen a abrir canales para la recepción de denuncias, lo que va a contribuir a mejorar la prestación de sus servicios. Lo que se quiere es que el destinatario final del producto o servicio tenga un mecanismo para presentar a la empresa un reclamo o una denuncia por algún abuso que se origine desde la empresa.
— ¿Cómo funcionará este mecanismo de denuncia?
— Habitualmente los empresarios privados participan en procesos de contratación del sector público y en esa delicada tarea a veces enfrentan situaciones de corrupción como el soborno. Entonces, el formulario les va a servir para presentar la denuncia a su federación, la cual a su vez remitirá el documento al ministerio, que seguirá las acciones respectivas. Este mecanismo será evaluado periódicamente por la CEPB.
— En esta fase la coordinación se hará entonces a través del acuerdo interinstitucional, ¿se definirá posteriormente alguna normativa para mejorar el trabajo entre los dos sectores?
— No. Como ministerio no creemos que las políticas de prevención y lucha contra la corrupción en el sector privado deban tener un carácter coercitivo desde el Gobierno nacional, creemos que es más positiva la autorregulación de ellos mismos acompañada por el ministerio. No se va a emitir ningún tipo de regulación, de normativa, para promover estos principios y valores en las empresas.
— ¿Estas acciones se van a impulsar también en las privadas con participación estatal?
— Las empresas estratégicas del Estado no se han adecuado todavía a la Ley de la Empresa Pública (de diciembre de 2014), porque hay un disposición transitoria que les otorga un plazo y les posibilita mantener su tipología en tanto no modifiquen sus estatutos y no se cumplan ciertos presupuestos. Sin embargo, el solo hecho de que sean empresas con participación mayoritaria del Estado las obliga a transparentar toda su información e implementar políticas de prevención y lucha contra la corrupción. Nosotros trabajamos con ellas, les exigimos que hagan sus rendiciones públicas de cuentas y que posibiliten el acceso a la información de manera abierta y que transparenten la información básica a través de sus páginas web.
— ¿Existen datos sobre la incidencia de la corrupción en el crecimiento del país?
— Según el último reporte de la Cámara de Comercio Internacional, la corrupción consume aproximadamente el 5% de los recursos del PIB mundial y eso es algo muy fuerte. En lo que hace a nuestro país no tenemos cifras, porque todavía estamos trabajando como ministerio en la elaboración de indicadores que nos permitan medir de manera objetiva este tipo de incidencias. De lo que estamos conscientes es que la corrupción no permite avanzar en la eliminación de la pobreza extrema y moderada y por eso, precisamente, el componente de transparencia y lucha contra la corrupción es uno de los pilares importantes de la Agenda Patriótica 2025.
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