Edwin Tapia, abogado defensor de Selva Camacho y sus familiares cercanos implicados en una presunta red de corrupción a YPFB, reveló que la empresa Servicios Integrales y Comunicación Bravo evidentemente tuvo dos contratos con el Ministerio de Comunicación, en ocasión de la Cumbre de Presidentes del G-77 celebrado en Santa Cruz en junio del 2014.
La firma Bravo es de propiedad de Yalile Bravo, quien está acusada en el caso vinculado a las hermanas Camacho, que según YPFB formaban una red de corrupción que se adjudicó irregularmente contratos de la petrolera.
Tapia afirmó a El Día que la empresa Bravo se habría adjudicado dos contratos del Ministerio de Comunicación por un monto de Bs 820.000 por la adquisición y entrega de 4.500 poleras con logotipos tradicionales de Santa Cruz y otro lote de 1.000 unidades de flash memory (memoria digital) también con distintivos de la región.
La existencia de un contrato entre la empresa Bravo y el ministerio fue informado inicialmente por la red Erbol este miércoles; en aquella misma jornada, la viceministra de Políticas Comunicacionales, Claudia Espinoza, salió a desmentir esa noticia y aseguró que "nunca se llegó a efectivizar ningún contrato con la empresa Bravo y por lo tanto no se realizó ningún pago por algún servicio a esta empresa".
"Esto significa que la empresa Bravo, tal como sustenta el fiscal (Leopoldo Ramos), no fue creada como dicen ellos para hacer negociados con Yacimientos. La empresa Bravo tuvo dos contratos. En junio con el G-77, ante la necesidad urgente del Ministerio de Comunicación de comprar 4.500 poleras con tres serigrafías, la empresa Bravo se adjudicó y cumplió", retrucó el abogado Tapia.
Contrato. Tapia argumentó que el contrato con el Ministerio fue hecho con Luis Alejandro Bell Camacho y Yalile Bravo, representantes de la empresa.
Por ambos trabajos se habría cancelado solo el 50% del monto total de Bs 820.000. "Esos productos fueron distribuidos a todos los asistentes del G-77. Y el Gobierno hasta hoy solo ha cancelado alrededor de 420 mil bolivianos, cuyo contratos fueron seguidos legalmente", precisó.
El caso
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Caso YPFB. Según Yacimientos, se trata de un clan de familiares y amigos que conformaron varias empresas para favorecerse con licitaciones que fueron solicitadas por la Unidad de Comunicación de la estatal petrolera. Una de ellas se refiere a un monto de medio millón de dólares.
Ejecutivo. Mientras el Ministerio de Comunicación niega dichos contratos, la defensa atribuye tal negativa a que definitivamente el Gobierno no quiere honrar la deuda del 50% a la empresa Bravo.
Defensa. Katia Limachi, abogada de Yalile Bravo, dijo que su defendida fue utilizada en su buena fe.
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