Romero descalifica pruebas de Defensoría en caso Illanes

Las supuestas pruebas que recolectó la Defensoría del Pueblo en los conflictos de Panduro deben ser entregadas a la justicia y no a través de los medios de comunicación, dijo ayer el ministro de Gobierno Carlos Romero, quien sembró dudas sobre la obtención de las pruebas de que algunos policías portaban armas en el conflicto minero.

“El defensor del pueblo sabe procedimentalmente qué es una prueba, qué es un indicio y cuál es el procedimiento, que legalmente justifica la obtención de la prueba; el defensor no es un juzgador, el defensor, si tiene que aportar pruebas, debe aportarlas en el ámbito de la justicia. Ahora, si él va a presentar fotos de supuestos atropellos policiales entiendo que también está presentando las fotografías donde se registran torturas a policías”, dijo ayer en conferencia de prensa.
De acuerdo con el abogado Jorge Javier Soliz, la prueba debe ser considerada idónea por el juez, eso significa que la misma debió ser obtenida por una autoridad competente, en este caso un fiscal o la misma Policía y dijo que es por eso que una fotocopia de algún documento no tiene valor legal, si la misma no está debidamente protocolizada.

Según el informe del defensor, las pruebas y testimonios fueron recolectados del lugar de los hechos y también en oficinas de la Defensoría en La Paz; el propio defensor, David Tezanos, reconoció en su presentación que esta institución no tiene procedimientos para la obtención de dichas pruebas.

El ministro Romero dijo que ellos esperarán la entrega de esos documentos; saludó que los mismos también contengan los abusos que sufrieron los policías y que sea el Ministerio Público el que valore todos esos respaldos que entregaron los mineros a la Defensoría cuando visitaron la zona de conflicto en los días de agosto.

El sábado, la defensora adjunta, Tamara Núñez del Prado, dijo que no se referirá a este problema y que ella prestará su declaración ante las instancias correspondientes. Ayer, tanto ella como el defensor a.i. Juan Carlos Ballivián no contestaron las llamadas telefónicas.

No hay reclamo

Asimismo, Romero dijo que como Ministerio de Gobierno en ningún momento consideraron reclamar, criticar o procesar por las afirmaciones que realiza la Defensoría del Pueblo sobre el papel que cumplió la Policía y reiteró que debe ser la comisión de fiscales la que valore las declaraciones y las pruebas que tenga para una acusación seria.

Respecto a la intención del ex comandante departamental de la Policía de La Paz, coronel José Luis Araníbar, de procesar penalmente a Núñez del Prado por sindicarlo de portar armas en ese conflicto, Romero expresó que es una decisión personal de cada uno de los oficiales que fueron acusados por la defensoría.

Según el Informe defensorial sobre Panduro, al menos siete oficiales de Policía portaban armas de fuego.