El ministro de Gobierno, Carlos Romero, anunció ayer que pedirá un informe complementario sobre las denuncias que realizó la teniente Mireya Morales (detenida dentro del caso “Consorcio Ganam Mendoza”), sobre el presunto cobro de 10.000 dólares que el exfiscal Anghelo Saravia hacía para no involucrarla.
El 20 de julio, la autoridad judicial determinó la detención preventiva de la teniente Morales, en la cárcel de San Pedro de Oruro, sindicada de formar parte del consorcio ilegal de abogados, en los que fueron imputados Milton Mendoza y el exvocal Fernando Ganam, ambos recluidos en el penal de San Pedro de La Paz.
MORALES
“Vamos a pedir una ampliación de investigación en ese caso, por estos elementos nuevos que han surgido”, anunció Romero.
Según el exfiscal Saravia, la teniente en vacaciones y vistiendo su uniforme, ingresó en varias oportunidades a visitar a Mendoza, fingiendo ser investigadora del caso, y señaló que fue informado de que la teniente también estaba investigando sus antecedentes académicos, con el fin de desacreditarlo y sacarlo de dicho caso; y que existían los reportes correspondientes.
Por su lado, Morales salió a los medios de comunicación, asegurando que los investigadores policiales (un capitán, y dos tenientes), que trabajaban con la comisión de fiscales conformada por Jenny Quispe y el exfiscal Saravia, intentaron extorsionarla, pidiéndole 10.000 dólares para no implicarla.
Antes de ser detenida Morales, esta envió al ministro Romero una segunda denuncia de nueve páginas, en las que señala que existe una “Red Criminal de policías que extorsiona” y opera en la División Delitos Contra la Corrupción de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), a la cabeza de los mencionados investigadores.
En su carta, Morales pide a Romero verificar una serie de denuncias y procesos que existen ya en contra de los investigadores, apuntando una serie de nombres, propiedades y conexiones entre casos y policías.
DENUNCIAS
Sin embargo, en esa oportunidad, Romero no dio mayor importancia y, al contrario, refirió que todos los policías que se vean implicados en casos de corrupción serían procesados.
Sin embargo, consultado ayer el ministro sobre la detención de Saravia, que implicó a efectivos policiales del GICE y el DACI, en un operativo que se volvió en su contra, el pasado sábado 12 de noviembre, declaró que estos se presentarán a declarar y afirmó que los mismos incurrieron en este error debido a la influencia que tenía Saravia, pero al percatarse de que el mismo no estaba de turno (no tenía autoridad en ese momento), los mismos dejaron el caso en manos de otro fiscal, que determinó la aprehensión del ahora exfiscal.
Saravia se declaró víctima de extorsión, por parte de dos exclientes suyos, a quienes atendió en 2014 y quienes al mismo tiempo, días antes lo habían denunciado con un audio.
Romero justificó la solicitud de un informe ampliatorio, debido a que en una primera instancia, las denuncias de este tipo no cuentan con los respaldos correspondientes y señaló de ejemplo el “caso Extorsión”, ligado al exfiscal Marcelo Sosa y los abogados del Ministerio de Gobierno que llevó meses en ser descubierto, debido a un alto grado de encubrimiento.
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