Un nuevo capítulo de ataques verbales protagonizaron las autoridades bolivianas y chilenas. Esta vez, el ministro de Justicia de Chile, Jaime Campos, y Héctor Arce, de Bolivia, intercambiaron acusaciones.
Campos, en declaraciones a radio Cooperativa de Chile, acusó al Gobierno boliviano de querer intervenir “políticamente” para que los nueve funcionarios detenidos y que ahora se encuentran en el país, fueran liberados. Descartó intervención alguna del Ejecutivo chileno en el juicio.
“Hace más de dos meses, cuando llevaban un mes detenidos estas personas, a mí me llamó el ministro de Justicia de Bolivia, el ministro (Héctor) Arce, y me pidió que yo intercediese ante los tribunales chilenos para poner en libertad a estas nueve personas”, detalló Campos en Cooperativa.
“Yo le indiqué de que en Chile existía separación de los poderes públicos y que nosotros, como Gobierno, no nos podemos inmiscuir en este tipo de materias ya que aquí rige plenamente el Estado de derecho”, explicó.
Campos continuo: “Él insiste, me dice, ‘ministro, aquí hay que hacer una negociación diplomática, una negociación política’. Yo le volví a reiterar, ‘excúseme colega, excúseme, señor ministro, pero eso en Chile no se puede hacer. Yo no puedo violentar aquello, puesto que estaría faltando a la Constitución’”, aseguró el ministro chileno.
HÉCTOR ARCE
Al respecto, el ministro de Justicia, Héctor Arce, confirmó ayer que tuvo una conversación telefónica con su par chileno, Jaime Campos, para hablar sobre los nueve bolivianos que estaban detenidos, pero negó que haya pedido una intervención política en la administración judicial de ese país.
“Hemos conocido algunas declaraciones del doctor Campos, que ha faltado a la verdad, faltó a la verdad deliberadamente y descaradamente (…) en esa conversación, que además está registrada, no tocamos jamás nada de ningún Poder Judicial como él falsamente menciona”, aseveró Arce.
La autoridad aclaró que en esa conversación “muy respetuosa”, sólo se explicó a Campos que el caso de los nueve bolivianos jamás debió haber sido judicializado porque se trataba de un tema que tenía que ser resuelto por los canales diplomáticos o políticos.
Además, según Arce, su par chileno mostró en esa comunicación una predisposición para solucionar el tema e incluso le pidió su número de teléfono personal con el compromiso de devolverle la llamada después de hacer una consulta con el Ministerio de Relaciones Exteriores de su país.
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