El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo ayer que la Amazonia boliviana se convirtió en ruta casi obligada para el transporte de sustancias controladas, sin embargo, señaló que la instalación de los radares contribuirá en gran medida a controlar el espacio aéreo principalmente en la frontera.
“El norte de La Paz, que ya forma parte de la Amazonia, dos terceras partes de la frontera son Amazonia y colinda con la Amazonia peruana y brasileña, ésa es la ruta de los vuelos irregulares y de otras formas de trasiego de droga”, admitió Romero.
Añadió que se ha reforzado el control “pero son dos tercios de 7.000 kilómetros de frontera, (entonces,) hay que impulsar que la radarización se haga realidad en el plazo más corto posible. En este momento, Brasil tiene 176 radares, claro su territorio es un continente, Perú tiene algunos radares y nosotros no tenemos”.
Adelantó que “con el proyecto con el Gobierno de Francia tendremos cobertura total y eso nos va a ayudar bastante, además de los operativos conjuntos, oficiales de enlace y el reforzamiento de los mecanismos de control”.
En las últimas semanas, se realizaron varias intervenciones contra el tráfico de drogas, mismos que depararon el viernes en un intercambio de fuego que dejó un muerto y dos avionetas incautadas, en cercanías al Parque Madidi.
El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, informó la pasada semana que en enero llegará el primero de los 13 radares que compró Bolivia de una empresa francesa.
Monday, August 15, 2016
Quintana anuncia más libros de BoliviaLeaks
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, aseguró ayer que algunos miembros de la Iglesia Católica de Bolivia estaban alineados en un presunto golpe de Estado cívico-prefectural que se gestó entre 2007 y 2008 en contra de la administración de Evo Morales.
Sostuvo que la información se sustenta en el libro “Bolivia Leaks” que se elaboró con documentos desclasificados y cables de la página Wikileaks de Julian Assange.
En un recuento del contenido del texto, la autoridad describió la supuesta injerencia política de Estados Unidos en Bolivia, cuyo único fin era atentar en contra del proceso de cambio que se impulsa en el país y que para ese efecto el Gobierno estadounidense utilizó personeros políticos y de otras instancias, entre ellos policías, militares, de la Iglesia Católica, entre otros, a los que llamó ‘lacayos nativos’.
“Bufones a sueldo, los bufones gratuitos, Tuto Quiroga, Doria Medina, Rubén Costas, son casi dos mil cables que han sido redactadas por la Embajada norteamericana en las que relata el papel lacayo de domesticación, subordinación de la derecha boliviana, de líderes políticos de la derecha, de empresarios, dirigentes cívicos, de algunos policías, algunos militares, algunos miembros de la Iglesia Católica. Estaban alineados al golpe y algunos pedían explícitamente destruir al país y ,por lo tanto, alineados al golpismo”, afirmó.
Relató que el documento se escribió con el apoyo de cuatro expertos, quienes realizaron una investigación minuciosa
Adelantó que se presentarán otros dos libros, uno en el que se describen a los actores del supuesto golpe que se gestaba entre 2007-2008 y el otro que reflejará el accionar de los aparatos de inteligencia de Estados Unidos fuera de sus fronteras no sólo en Bolivia sino en otros países.
Sostuvo que la información se sustenta en el libro “Bolivia Leaks” que se elaboró con documentos desclasificados y cables de la página Wikileaks de Julian Assange.
En un recuento del contenido del texto, la autoridad describió la supuesta injerencia política de Estados Unidos en Bolivia, cuyo único fin era atentar en contra del proceso de cambio que se impulsa en el país y que para ese efecto el Gobierno estadounidense utilizó personeros políticos y de otras instancias, entre ellos policías, militares, de la Iglesia Católica, entre otros, a los que llamó ‘lacayos nativos’.
“Bufones a sueldo, los bufones gratuitos, Tuto Quiroga, Doria Medina, Rubén Costas, son casi dos mil cables que han sido redactadas por la Embajada norteamericana en las que relata el papel lacayo de domesticación, subordinación de la derecha boliviana, de líderes políticos de la derecha, de empresarios, dirigentes cívicos, de algunos policías, algunos militares, algunos miembros de la Iglesia Católica. Estaban alineados al golpe y algunos pedían explícitamente destruir al país y ,por lo tanto, alineados al golpismo”, afirmó.
Relató que el documento se escribió con el apoyo de cuatro expertos, quienes realizaron una investigación minuciosa
Adelantó que se presentarán otros dos libros, uno en el que se describen a los actores del supuesto golpe que se gestaba entre 2007-2008 y el otro que reflejará el accionar de los aparatos de inteligencia de Estados Unidos fuera de sus fronteras no sólo en Bolivia sino en otros países.
Sunday, August 14, 2016
Romero afirma que está prohibido usar dinamita en protestas sociales
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, advirtió el domingo que está prohibido el uso de dinamitas en protestas sociales, como lo que ocurrió en el bloqueo de caminos que impulsaron días atrás los cooperativistas mineros.
En entrevista con medios estatales, Romero explicó que aunque se haya eliminado el Decreto Supremo que prohibía explícitamente el uso de explosivos en protestas, aún está vigente la Ley 400 de Control de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos, que recogió algunas cláusulas de la norma eliminada, como la prohibición del uso de la dinamita contra personas en movilizaciones sociales.
"Promovimos un decreto, en el marco de la seguridad ciudadana, estableciendo que la dinamita tiene unos usos específicos para la actividad minera productiva, etcétera, pero no puede ser usado en movilizaciones de protesta social. Luego este decreto fue eliminado, pero sus cláusulas fueron trasladadas a un nivel jerárquico normativo mayor, que es la Ley de Regulación de Armas y de Explosivos", informó.
Recordó que la iniciativa de prohibir el uso de dinamitas en protestas sociales, nació después de que se registrara un muerto en el yacimiento de Colquiri, producto de los enfrentamientos entre cooperativistas y mineros asalariados, hace cuatro años.
En ese sentido, dijo que "los hechos de estos días nos dan la razón, en sentido de que la dinamita no puede ser utilizada contra seres humanos, contra policías en un acto de protesta social".
El artículo 51 de Ley 400 de Control de Armas de Fuego, Municiones y Explosivo señala que está prohibida el porte o portación y de explosivos y otros materiales relacionados, aun teniendo la licencia de autorización, en los siguientes casos: a) Reuniones sociales y actos públicos o privados de cualquier naturaleza; y e) manifestaciones públicas, movilizaciones sociales, marchas, huelgas y mítines.
En entrevista con medios estatales, Romero explicó que aunque se haya eliminado el Decreto Supremo que prohibía explícitamente el uso de explosivos en protestas, aún está vigente la Ley 400 de Control de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos, que recogió algunas cláusulas de la norma eliminada, como la prohibición del uso de la dinamita contra personas en movilizaciones sociales.
"Promovimos un decreto, en el marco de la seguridad ciudadana, estableciendo que la dinamita tiene unos usos específicos para la actividad minera productiva, etcétera, pero no puede ser usado en movilizaciones de protesta social. Luego este decreto fue eliminado, pero sus cláusulas fueron trasladadas a un nivel jerárquico normativo mayor, que es la Ley de Regulación de Armas y de Explosivos", informó.
Recordó que la iniciativa de prohibir el uso de dinamitas en protestas sociales, nació después de que se registrara un muerto en el yacimiento de Colquiri, producto de los enfrentamientos entre cooperativistas y mineros asalariados, hace cuatro años.
En ese sentido, dijo que "los hechos de estos días nos dan la razón, en sentido de que la dinamita no puede ser utilizada contra seres humanos, contra policías en un acto de protesta social".
El artículo 51 de Ley 400 de Control de Armas de Fuego, Municiones y Explosivo señala que está prohibida el porte o portación y de explosivos y otros materiales relacionados, aun teniendo la licencia de autorización, en los siguientes casos: a) Reuniones sociales y actos públicos o privados de cualquier naturaleza; y e) manifestaciones públicas, movilizaciones sociales, marchas, huelgas y mítines.
Campero a médicos: No están obligados a colegiarse
La ministra de Salud, Ariana Campero, dijo ayer que ella no está afiliada al Colegio Médico de Bolivia y que “hasta la fecha no hemos tenido la necesidad de hacerlo”, por lo mismo, dijo a sus colegas que no están obligados a colegiarse.
Sin embargo, el presidente de esta organización colegiada, Aníbal Cruz, respondió que la Ministra debería estar colegiada pero “la soberbia de su autoridad le impide juntar los papeles”. Además, recordó que la Resolución de Costa Rica y la Ley 3131 del Ejercicio Profesional Médico reconoce a esta institución y obliga al Ministerio de Salud a coordinar con ella.
Campero que participó ayer del acto de celebración del natalicio de Fidel Castro que se realizó en Cochabamba, señaló que el Colegio Médico, como institución privada, “debería replantear su razón de ser (porque) hoy sólo se dedica a convocar a paros cuando creemos que para hacer una demanda en el sector salud deben existir otros métodos, otros mecanismos y no parar ni perjudicar a la población”.
Además dijo “a los hermanos profesionales médicos y médicas que nadie está obligado a inscribirse al Colegio Médico porque la Constitución Política del Estado nos protege, protege la libre asociación y pues aquí tienen una Ministra que no está afiliada al Colegio Médico y hasta la fecha no hemos tenido la necesidad de hacerlo y los profesionales tampoco están obligados”.
Los pasados días, el Colegio Médico de Bolivia cumplió un paro de 24 horas en respaldo a tres de sus afiliados que fueron denunciados y procesados por mala praxis.
Colegio Médico
Por su parte, el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Aníbal Cruz, señaló que más que una obligación legislativa es una obligación moral el pertenecer a esta institución en beneficio de la sociedad, porque los profesionales tendrán que regirse en el marco de un carácter ético y deontológico.
“El Colegio Médico de Bolivia es una organización gremial-científica que se rige por los estatutos y reglamentos, además, está amparada con la Ley 3131 del Ejercicio Profesional”, dijo Cruz por lo tanto, la Ministra Campero debería interiorizarse considerando que la colegiación existe también en otros países como Cuba, Rusia y Estados Unidos.
“Si es que la Ministra leyera el artículo 6 (de la Ley 3131) tal cual dice, seguramente, que su gestión sería la más provechosa porque en vez de confrontarse debería de reunirse con sus pares para que muchos de sus errores ministeriales sean subsanados con gente técnica en el ramo que ella guste”, agregó.
Cruz dijo los bolivianos “deberíamos organizarnos en beneficio de la población. Ése es mi mensaje para la Ministra”.
NUEVA LEY DE SALUD
La ministra de Salud, Ariana Campero, informó que desde su despacho se está trabajando en un anteproyecto de la Ley General de Salud como proponente a la Asamblea Legislativa Plurinacional
“Ya hemos analizado con la Asamblea Legislativa y estamos en el proceso de debate y de elaboración de un anteproyecto”, señaló ayer sin dar más detalles. El Colegio Médico de Bolivia exige la aprobación pronta de esta norma para dar mejores condiciones de trabajo a los galenos.
Sin embargo, el presidente de esta organización colegiada, Aníbal Cruz, respondió que la Ministra debería estar colegiada pero “la soberbia de su autoridad le impide juntar los papeles”. Además, recordó que la Resolución de Costa Rica y la Ley 3131 del Ejercicio Profesional Médico reconoce a esta institución y obliga al Ministerio de Salud a coordinar con ella.
Campero que participó ayer del acto de celebración del natalicio de Fidel Castro que se realizó en Cochabamba, señaló que el Colegio Médico, como institución privada, “debería replantear su razón de ser (porque) hoy sólo se dedica a convocar a paros cuando creemos que para hacer una demanda en el sector salud deben existir otros métodos, otros mecanismos y no parar ni perjudicar a la población”.
Además dijo “a los hermanos profesionales médicos y médicas que nadie está obligado a inscribirse al Colegio Médico porque la Constitución Política del Estado nos protege, protege la libre asociación y pues aquí tienen una Ministra que no está afiliada al Colegio Médico y hasta la fecha no hemos tenido la necesidad de hacerlo y los profesionales tampoco están obligados”.
Los pasados días, el Colegio Médico de Bolivia cumplió un paro de 24 horas en respaldo a tres de sus afiliados que fueron denunciados y procesados por mala praxis.
Colegio Médico
Por su parte, el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Aníbal Cruz, señaló que más que una obligación legislativa es una obligación moral el pertenecer a esta institución en beneficio de la sociedad, porque los profesionales tendrán que regirse en el marco de un carácter ético y deontológico.
“El Colegio Médico de Bolivia es una organización gremial-científica que se rige por los estatutos y reglamentos, además, está amparada con la Ley 3131 del Ejercicio Profesional”, dijo Cruz por lo tanto, la Ministra Campero debería interiorizarse considerando que la colegiación existe también en otros países como Cuba, Rusia y Estados Unidos.
“Si es que la Ministra leyera el artículo 6 (de la Ley 3131) tal cual dice, seguramente, que su gestión sería la más provechosa porque en vez de confrontarse debería de reunirse con sus pares para que muchos de sus errores ministeriales sean subsanados con gente técnica en el ramo que ella guste”, agregó.
Cruz dijo los bolivianos “deberíamos organizarnos en beneficio de la población. Ése es mi mensaje para la Ministra”.
NUEVA LEY DE SALUD
La ministra de Salud, Ariana Campero, informó que desde su despacho se está trabajando en un anteproyecto de la Ley General de Salud como proponente a la Asamblea Legislativa Plurinacional
“Ya hemos analizado con la Asamblea Legislativa y estamos en el proceso de debate y de elaboración de un anteproyecto”, señaló ayer sin dar más detalles. El Colegio Médico de Bolivia exige la aprobación pronta de esta norma para dar mejores condiciones de trabajo a los galenos.
Tierras, recursos naturales y servicios básicos detonan líos de límites
Los conflictos de límites entre un departamento y otro son generados principalmente por tres factores: saneamientos de tierras que traspasan fronteras, la existencia de recursos naturales en una zona fronteriza y la necesidad de servicios básicos en localidades alejadas. El Ministerio de Autonomías, como ente conciliador, trabaja actualmente en tres conflictos interdepartamentales: Oruro-Potosí, Chuquisaca-Santa Cruz y Potosí-Tarija.
“Hay problemas (de límites) que se generan por el saneamiento de tierras”, dijo a OPINIÓN Camilo Carvajal, director nacional de Límites del Ministerio de Autonomías. Según la Ley 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria, el saneamiento “es el procedimiento técnico jurídico transitorio destinado a regularizar y perfeccionar el derecho de propiedad agraria”.
NIVELES Ese procedimiento, realizado de forma personal o comunitaria, trasciende algunas veces límites departamentales y municipales, motivando conflictos entre dos regiones, explicó Carvajal. “Si no han saneado sus tierras, éstas son revertidas, entonces los comunarios tienen temor y están apresurando el proceso; eso genera básicamente estos conflictos”.
En abril del año pasado, el director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) Jorge Gómez, anunció que el saneamiento de tierras a nivel nacional concluirá en su totalidad en 2017. “Parece que por el grado de conflicto en algunos sectores donde no están definidos los límites, van a ampliar (ese plazo)”, anticipó Carvajal.
Un segundo detonante de los conflictos de límites son los recursos naturales. “Los mayores conflictos que tenemos sobre estos temas ocurren cuando se detecta que algún sector tiene recursos naturales”. Ese tema es precisamente el eje del actual conflicto entre los departamentos de Chuquisaca y Santa Cruz en torno a la ubicación del campo Incahuasi, la cual establece a cuál de las regiones le corresponden las regalías por la exportación del gas allí producido.
“Nosotros no actuamos en ningún tema de distribución de recursos y regalías”, enfatizó el ministro de Autonomías, Hugo Siles, a tiempo de señalar que su despacho remitió a las gobernaciones de ambos departamentos los antecedentes de delimitación de las dos regiones, “explicando que son coordenadas referenciales”. Chuquisaca y Santa Cruz, añadió, “no han actualizado su delimitación interdepartamental” y el Ministerio puede iniciar ese proceso si una o las dos gobernaciones así lo solicita, lo cual aún no ocurre.
El tercer factor que más incide en la generación de conflictos de límites está relacionado con poblaciones alejadas y sin servicios básicos. “A veces, comunidades que están alejadas de algunos municipios, los cuales no les dan servicios básicos, piden anexarse o pertenecer a otros municipios más cercanos (en otro departamento) que sí les dan esos servicios”, indicó Carvajal.
Además del conflicto de límites entre Chuquisaca y Santa Cruz, el Ministerio de Autonomías trabaja en otros dos casos. El primero involucra a las localidades de Quillacas y Coroma, ubicadas en los departamentos de Oruro y Potosí, respectivamente. El segundo se refiere a la pugna por la comunidad de Higueras, situada dentro de Potosí y Tarija. En los dos casos, el Ministerio espera que una o las dos gobernaciones soliciten formalmente el inicio del proceso de delimitación. Aún así, precisó Carvajal, el Ministerio sabe que los gobiernos departamentales están preparando dichas solicitudes y realiza mientras tanto “reuniones de prevención del conflicto” de las que salen pactos de unidad que garantizan la convivencia pacífica entre los sectores en pugna.
Por otro lado, Siles indicó que desde el inicio de su gestión, en junio de 2015, se han resuelto tres conflictos de límites a través de la conciliación, los cuales fueron remitidos a la Asamblea Legislativa para el tratamiento de los respectivos proyectos de ley de delimitación. Se trata de la delimitación entre Chuquisaca y Potosí, la que involucra a los municipios de Colquiri (La Paz) y Caracollo (Oruro), y la delimitación entre Cochabamba y Santa Cruz. En los primeros dos casos, la ley de delimitación ya fue promulgada y sancionada, respectivamente.
El tercer proyecto de ley, aprobado previamente por el Senado, continúa en tratamiento en la Cámara Baja. Las poblaciones implicadas son Pojo (Cochabamba) y Comarapa (Santa Cruz). De acuerdo con Carvajal, el conflicto data de hace más de 25 años.
CONCILIACIÓN Según el Ministro, en todos los casos, el porcentaje de los tramos interdepartamentales que logra ser conciliado llega al 95 por ciento . Y el 5 por ciento restante, sobre el que no se alcanza un consenso, pasa al Tribunal Supremo de Justicia o a un referendo para su resolución. La ley de delimitación, complementó Carvajal, contempla solo el porcentaje de terreno conciliado. “Nosotros agotamos todas las vías de conciliación y ellos (las partes) entienden que nuestra intervención garantiza que sus derechos no serán vulnerados”.
Apuntes
Conciliación
Según un informe del Ministerio de Autonomías, en todos los casos, el porcentaje de los límites interdepartamentales que logra ser conciliado llega al 95 por ciento . Y el 5 por ciento restante, sobre el que no se alcanza un consenso, pasa al Tribunal Supremos de Justicia o a un referendo para su resolución.
Ley de delimitación
El Presidente promulgó en enero 2013 la Ley 339 de Delimitación de Unidades Territoriales, norma que establece los mecanismos para terminar con los conflictos de límites existentes entre comunidades, municipios y departamentos de Bolivia, priorizando el diálogo y la conciliación.
Niveles
La ley establece que en los conflictos de límites interdepartamentales, el Ministerio de Autonomías es la autoridad responsable y competente para conocer y tramitar el procedimiento de conciliación administrativa y delimitar las unidades territoriales. Para los conflictos intradepartamentales o municipales la autoridad competente es el gobernador, mediante instancias correspondientes.
Procesos y plazos de resolución
En conflictos interdepartamentales, las gobernaciones de las regiones involucradas son las llamadas a solicitar la delimitación al Ministerio de Autonomías, instancia conciliadora que no inicia el proceso de oficio. Este despacho tiene 10 meses para concluir el proceso y remitir el caso a la Asamblea. Pero, a decir de Carvajal, el proceso toma menos tiempo, entre dos y tres meses. “Lo más moroso es el trabajo de campo”, precisó.
En problemas intradepartamentales, las Unidades Técnicas de Límites de las gobernaciones están a cargo del proceso y tienen doce meses para concluirlo. Luego, el gobierno regional remite el anteproyecto de ley de delimitación al Ministerio de Autonomías, entidad que registra el caso en un sistema de información de organización territorial nacional y verifica el cumplimiento de requisitos antes de enviar el proyecto de ley a la Asamblea.
Ministerio regulará la creación y modificación de unidades territoriales
El Ministerio de Autonomías elabora el proyecto de la Ley de Creación y Modificación de Unidades Territoriales, el cual establece el procedimiento para crear nuevos departamentos, municipios, provincias y Territorios Indígena Originario Campesinos (TIOC), así como para convertir unidades territoriales de un tipo a otro.
Así lo informó el ministro de Autonomía, Hugo Siles. La futura norma “perfeccionará y adecuará cada vez mejor la nomenclatura legislativa a la realidad de nuestro territorio y del país”, indicó. Su despacho ha recibido solicitudes para la creación de nuevas unidades territoriales.
Según Camilo Carvajal, director nacional de Límites del Ministerio, se tienen al menos siete solicitudes formales para nuevos municipios y tres para nuevos TIOC. Y, por otro lado, están en curso 11 procesos para la conversión de municipios en Autonomías Indígena Originaria Campesinas, acotó. “En estos mismos municipios, muchas veces se solicita la creación, dentro del mismo municipio que no tiene jurisdicción territorial indígena, de una nueva unidad territorial que puede ser un TIOC”.
Siles mencionó que hay mucho por hacer en el tema territorial. “La República nace con una delimitación, un ordenamiento territorial impuesto, que no contempló la existencia de pueblos indígenas originarios. Con una nueva Constitución Política del Estado, hemos tenido que modificar la estructura territorial y el ordenamiento respectivo; ahí está el gran desafío de trabajar en cada región y cada límite para que el verdadero sentido de ocupación del territorio corresponda a la población que está asentada hace siglos”.
El 20 de noviembre se llevarán a cabo los referendos de aprobación de cartas orgánicas municipales y estatutos autonómicos indígenas. Esos procesos darán cuenta del avance o congelamiento del proceso autonómico en el país.
En septiembre de 2015, se realizó un referendo autonómico, en el que varias regiones votaron por el No. Sin embargo, no todos los minucipios participaron por no contar con sus cartas orgánicas.
Existen al menos 15 conflictos limítrofes latentes en el país
En todo el país y principalmente en los departamentos de Cochabamba y La Paz, existen alrededor de 15 conflictos latentes por límites. Otros cinco conflictos están en vías de solución en la Asamblea Legislativa, instancia de la que saldrán las respectivas leyes de delimitación.
Así lo informó a OPINIÓN Víctor Gutiérrez Flores (UD), presidente de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Diputados. “Los conflictos latentes son 15 aproximadamente”. Se trata, dijo, de líos a los que hay que prestarles atención y donde se tienen que agotar todos los esfuerzos de conciliación. “En algunos casos hay que tratar de evitar el referendo porque implica mucho gasto de dinero, y tratar de conciliar”.
COCHABAMBA El diputado detalló que muchos de esos conflictos están en el área rural de Cochabamba. Uno de ellos es el que mantiene en tensión a los municipios de Colomi y Villa Tunari.
“Hay posiciones encontradas sobre el referendo (como vía de solución al conflicto) y se abrió el diálogo en medio de fuerte presión; la idea es que se reinicie el proceso porque Colomi tenía muchas observaciones de carácter legal al proceso de conciliación que se llevó a cabo y eso es lo que se tratará de restablecer en la mesa de negociaciones”. Actualmente, los equipos técnicos de ambos municipios trabajan en el tema, luego el diálogo se dará al más alto nivel, explicó.
Según Gutiérrez, también hay conflictos latentes en la provincia Carrasco y el Valle Alto de Cochabamba. El 11 de julio, Ángel Pinto Alcón, jefe de la Unidad Técnica de Límites de la Gobernación, informó que en ese departamento hay 23 conflictos de límites entre municipios, de los cuales 10 están en vías de solución y a la espera de la aprobación de una ley en la Asamblea Legislativa para su resolución definitiva.
En la Asamblea se informó que solo existen en revisión los proyectos de ley referentes a seis conflictos de límites. Cinco de ellos involucran a los municipios cochabambinos de Pojo, Chimoré, Puerto Villarroel, Entre Ríos y Tacopaya. Ingresaron al Senado y luego pasarán a la Cámara de Diputados. Y en la Cámara Baja está el proyecto relacionado con el conflicto interdepartamental entre Cochabamba y Santa Cruz, actualmente paralizado por observaciones hechas por ambas gobernaciones. Este proyecto fue aprobado previamente por el Senado.
LA PAZ El otro departamento que concentra los conflictos latentes por límites es La Paz. Son conflictos internos entre municipios de la zona baja del departamento como aquel que persiste entre La Paz y Mecapaca. En el resto del país, indicó Gutiérrez, “no hay muchos conflictos, son un poco más aislados”.
A decir del diputado, los conflictos que llegan a la Asamblea lo hacen previa conciliación. De no haber observaciones, agregó, el proyecto de ley demora tres semanas en ser aprobado. El proceso anterior es el que tarda más porque “ahí entran en discusión técnica las unidades territoriales de las gobernaciones y municipios”. Además, el Ministerio de Autonomías interviene cuando son conflictos interdepartamentales y hace seguimiento si se trata de líos al interior de un departamento.
Entre 2015 y lo que va de 2016, se aprobaron en diputados cinco leyes de limitación. De ellas tres fueron sancionadas y de ésas dos fueron promulgadas.
“Hay problemas (de límites) que se generan por el saneamiento de tierras”, dijo a OPINIÓN Camilo Carvajal, director nacional de Límites del Ministerio de Autonomías. Según la Ley 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria, el saneamiento “es el procedimiento técnico jurídico transitorio destinado a regularizar y perfeccionar el derecho de propiedad agraria”.
NIVELES Ese procedimiento, realizado de forma personal o comunitaria, trasciende algunas veces límites departamentales y municipales, motivando conflictos entre dos regiones, explicó Carvajal. “Si no han saneado sus tierras, éstas son revertidas, entonces los comunarios tienen temor y están apresurando el proceso; eso genera básicamente estos conflictos”.
En abril del año pasado, el director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) Jorge Gómez, anunció que el saneamiento de tierras a nivel nacional concluirá en su totalidad en 2017. “Parece que por el grado de conflicto en algunos sectores donde no están definidos los límites, van a ampliar (ese plazo)”, anticipó Carvajal.
Un segundo detonante de los conflictos de límites son los recursos naturales. “Los mayores conflictos que tenemos sobre estos temas ocurren cuando se detecta que algún sector tiene recursos naturales”. Ese tema es precisamente el eje del actual conflicto entre los departamentos de Chuquisaca y Santa Cruz en torno a la ubicación del campo Incahuasi, la cual establece a cuál de las regiones le corresponden las regalías por la exportación del gas allí producido.
“Nosotros no actuamos en ningún tema de distribución de recursos y regalías”, enfatizó el ministro de Autonomías, Hugo Siles, a tiempo de señalar que su despacho remitió a las gobernaciones de ambos departamentos los antecedentes de delimitación de las dos regiones, “explicando que son coordenadas referenciales”. Chuquisaca y Santa Cruz, añadió, “no han actualizado su delimitación interdepartamental” y el Ministerio puede iniciar ese proceso si una o las dos gobernaciones así lo solicita, lo cual aún no ocurre.
El tercer factor que más incide en la generación de conflictos de límites está relacionado con poblaciones alejadas y sin servicios básicos. “A veces, comunidades que están alejadas de algunos municipios, los cuales no les dan servicios básicos, piden anexarse o pertenecer a otros municipios más cercanos (en otro departamento) que sí les dan esos servicios”, indicó Carvajal.
Además del conflicto de límites entre Chuquisaca y Santa Cruz, el Ministerio de Autonomías trabaja en otros dos casos. El primero involucra a las localidades de Quillacas y Coroma, ubicadas en los departamentos de Oruro y Potosí, respectivamente. El segundo se refiere a la pugna por la comunidad de Higueras, situada dentro de Potosí y Tarija. En los dos casos, el Ministerio espera que una o las dos gobernaciones soliciten formalmente el inicio del proceso de delimitación. Aún así, precisó Carvajal, el Ministerio sabe que los gobiernos departamentales están preparando dichas solicitudes y realiza mientras tanto “reuniones de prevención del conflicto” de las que salen pactos de unidad que garantizan la convivencia pacífica entre los sectores en pugna.
Por otro lado, Siles indicó que desde el inicio de su gestión, en junio de 2015, se han resuelto tres conflictos de límites a través de la conciliación, los cuales fueron remitidos a la Asamblea Legislativa para el tratamiento de los respectivos proyectos de ley de delimitación. Se trata de la delimitación entre Chuquisaca y Potosí, la que involucra a los municipios de Colquiri (La Paz) y Caracollo (Oruro), y la delimitación entre Cochabamba y Santa Cruz. En los primeros dos casos, la ley de delimitación ya fue promulgada y sancionada, respectivamente.
El tercer proyecto de ley, aprobado previamente por el Senado, continúa en tratamiento en la Cámara Baja. Las poblaciones implicadas son Pojo (Cochabamba) y Comarapa (Santa Cruz). De acuerdo con Carvajal, el conflicto data de hace más de 25 años.
CONCILIACIÓN Según el Ministro, en todos los casos, el porcentaje de los tramos interdepartamentales que logra ser conciliado llega al 95 por ciento . Y el 5 por ciento restante, sobre el que no se alcanza un consenso, pasa al Tribunal Supremo de Justicia o a un referendo para su resolución. La ley de delimitación, complementó Carvajal, contempla solo el porcentaje de terreno conciliado. “Nosotros agotamos todas las vías de conciliación y ellos (las partes) entienden que nuestra intervención garantiza que sus derechos no serán vulnerados”.
Apuntes
Conciliación
Según un informe del Ministerio de Autonomías, en todos los casos, el porcentaje de los límites interdepartamentales que logra ser conciliado llega al 95 por ciento . Y el 5 por ciento restante, sobre el que no se alcanza un consenso, pasa al Tribunal Supremos de Justicia o a un referendo para su resolución.
Ley de delimitación
El Presidente promulgó en enero 2013 la Ley 339 de Delimitación de Unidades Territoriales, norma que establece los mecanismos para terminar con los conflictos de límites existentes entre comunidades, municipios y departamentos de Bolivia, priorizando el diálogo y la conciliación.
Niveles
La ley establece que en los conflictos de límites interdepartamentales, el Ministerio de Autonomías es la autoridad responsable y competente para conocer y tramitar el procedimiento de conciliación administrativa y delimitar las unidades territoriales. Para los conflictos intradepartamentales o municipales la autoridad competente es el gobernador, mediante instancias correspondientes.
Procesos y plazos de resolución
En conflictos interdepartamentales, las gobernaciones de las regiones involucradas son las llamadas a solicitar la delimitación al Ministerio de Autonomías, instancia conciliadora que no inicia el proceso de oficio. Este despacho tiene 10 meses para concluir el proceso y remitir el caso a la Asamblea. Pero, a decir de Carvajal, el proceso toma menos tiempo, entre dos y tres meses. “Lo más moroso es el trabajo de campo”, precisó.
En problemas intradepartamentales, las Unidades Técnicas de Límites de las gobernaciones están a cargo del proceso y tienen doce meses para concluirlo. Luego, el gobierno regional remite el anteproyecto de ley de delimitación al Ministerio de Autonomías, entidad que registra el caso en un sistema de información de organización territorial nacional y verifica el cumplimiento de requisitos antes de enviar el proyecto de ley a la Asamblea.
Ministerio regulará la creación y modificación de unidades territoriales
El Ministerio de Autonomías elabora el proyecto de la Ley de Creación y Modificación de Unidades Territoriales, el cual establece el procedimiento para crear nuevos departamentos, municipios, provincias y Territorios Indígena Originario Campesinos (TIOC), así como para convertir unidades territoriales de un tipo a otro.
Así lo informó el ministro de Autonomía, Hugo Siles. La futura norma “perfeccionará y adecuará cada vez mejor la nomenclatura legislativa a la realidad de nuestro territorio y del país”, indicó. Su despacho ha recibido solicitudes para la creación de nuevas unidades territoriales.
Según Camilo Carvajal, director nacional de Límites del Ministerio, se tienen al menos siete solicitudes formales para nuevos municipios y tres para nuevos TIOC. Y, por otro lado, están en curso 11 procesos para la conversión de municipios en Autonomías Indígena Originaria Campesinas, acotó. “En estos mismos municipios, muchas veces se solicita la creación, dentro del mismo municipio que no tiene jurisdicción territorial indígena, de una nueva unidad territorial que puede ser un TIOC”.
Siles mencionó que hay mucho por hacer en el tema territorial. “La República nace con una delimitación, un ordenamiento territorial impuesto, que no contempló la existencia de pueblos indígenas originarios. Con una nueva Constitución Política del Estado, hemos tenido que modificar la estructura territorial y el ordenamiento respectivo; ahí está el gran desafío de trabajar en cada región y cada límite para que el verdadero sentido de ocupación del territorio corresponda a la población que está asentada hace siglos”.
El 20 de noviembre se llevarán a cabo los referendos de aprobación de cartas orgánicas municipales y estatutos autonómicos indígenas. Esos procesos darán cuenta del avance o congelamiento del proceso autonómico en el país.
En septiembre de 2015, se realizó un referendo autonómico, en el que varias regiones votaron por el No. Sin embargo, no todos los minucipios participaron por no contar con sus cartas orgánicas.
Existen al menos 15 conflictos limítrofes latentes en el país
En todo el país y principalmente en los departamentos de Cochabamba y La Paz, existen alrededor de 15 conflictos latentes por límites. Otros cinco conflictos están en vías de solución en la Asamblea Legislativa, instancia de la que saldrán las respectivas leyes de delimitación.
Así lo informó a OPINIÓN Víctor Gutiérrez Flores (UD), presidente de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Diputados. “Los conflictos latentes son 15 aproximadamente”. Se trata, dijo, de líos a los que hay que prestarles atención y donde se tienen que agotar todos los esfuerzos de conciliación. “En algunos casos hay que tratar de evitar el referendo porque implica mucho gasto de dinero, y tratar de conciliar”.
COCHABAMBA El diputado detalló que muchos de esos conflictos están en el área rural de Cochabamba. Uno de ellos es el que mantiene en tensión a los municipios de Colomi y Villa Tunari.
“Hay posiciones encontradas sobre el referendo (como vía de solución al conflicto) y se abrió el diálogo en medio de fuerte presión; la idea es que se reinicie el proceso porque Colomi tenía muchas observaciones de carácter legal al proceso de conciliación que se llevó a cabo y eso es lo que se tratará de restablecer en la mesa de negociaciones”. Actualmente, los equipos técnicos de ambos municipios trabajan en el tema, luego el diálogo se dará al más alto nivel, explicó.
Según Gutiérrez, también hay conflictos latentes en la provincia Carrasco y el Valle Alto de Cochabamba. El 11 de julio, Ángel Pinto Alcón, jefe de la Unidad Técnica de Límites de la Gobernación, informó que en ese departamento hay 23 conflictos de límites entre municipios, de los cuales 10 están en vías de solución y a la espera de la aprobación de una ley en la Asamblea Legislativa para su resolución definitiva.
En la Asamblea se informó que solo existen en revisión los proyectos de ley referentes a seis conflictos de límites. Cinco de ellos involucran a los municipios cochabambinos de Pojo, Chimoré, Puerto Villarroel, Entre Ríos y Tacopaya. Ingresaron al Senado y luego pasarán a la Cámara de Diputados. Y en la Cámara Baja está el proyecto relacionado con el conflicto interdepartamental entre Cochabamba y Santa Cruz, actualmente paralizado por observaciones hechas por ambas gobernaciones. Este proyecto fue aprobado previamente por el Senado.
LA PAZ El otro departamento que concentra los conflictos latentes por límites es La Paz. Son conflictos internos entre municipios de la zona baja del departamento como aquel que persiste entre La Paz y Mecapaca. En el resto del país, indicó Gutiérrez, “no hay muchos conflictos, son un poco más aislados”.
A decir del diputado, los conflictos que llegan a la Asamblea lo hacen previa conciliación. De no haber observaciones, agregó, el proyecto de ley demora tres semanas en ser aprobado. El proceso anterior es el que tarda más porque “ahí entran en discusión técnica las unidades territoriales de las gobernaciones y municipios”. Además, el Ministerio de Autonomías interviene cuando son conflictos interdepartamentales y hace seguimiento si se trata de líos al interior de un departamento.
Entre 2015 y lo que va de 2016, se aprobaron en diputados cinco leyes de limitación. De ellas tres fueron sancionadas y de ésas dos fueron promulgadas.
Saturday, August 13, 2016
Ministra critica al Colegio Médico por paros y dice que afiliación es voluntaria
La ministra de Salud, Ariana Campero, cuestionó al Colegio Médico por su lógica de convocar a paro de actividades y recordó a sus colegas médicos que la afiliación a esa institución colegiada no es obligatoria.
“Deberían replantear su razón de ser. Hoy, el Colegio Médico solo se dedica a convocar a paros, cuando creemos que para hacer una demanda en el sector salud tienen que existir otros métodos para solicitar ciertas demandas, no parar ni perjudicar a la población”, señaló.
El Colegio Médico convocó en las últimas semanas a paros nacionales en protesta por los procesos judiciales en contra de tres de sus afiliados en Santa Cruz, procesados por un hecho de negligencia médica.
“Considero más bien que el Colegio Médico debería replantear su razón de ser. Decir a los hermanos profesionales médicos: Nadie está obligado a inscribirse al Colegio Médico, la Constitución nos protege. Aquí tienen a una ministra que no está afiliada”, afirmó la autoridad.
Campero consideró que la institución colegiada debería reformular sus funciones y recordó a los médicos que se deben a la población.
“Todos hemos hecho un juramento con nuestra conciencia, con nuestro corazón al momento de estudiar medicina, por el cual nos debemos a la población y no hacer paros”, sostuvo.
Culturas distinguirá a la Banda Militar del Ejército
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El Ministerio de Culturas y Turismo entregará un reconocimiento especial, el próximo lunes 15, a la Banda Militar de Música del Ejército de Bolivia por su participación en los festejos por el Bicentenario de la República de Argentina, el pasado mes.
La Banda Militar, integrada por 59 músicos, tuvo una participación de 12 minutos, con un repertorio variado de marchas militares y la interpretación de la cueca “Viva mi Patria Bolivia”, en la que el sargento Luis Eduardo Lagos Campos, con un pañuelo blanco en la mano derecha, salió al frente y bailó el segundo himno de Bolivia.
“Ese espectáculo desató alegría, aplausos y ovaciones de la gente que participaba de los festejos por el Bicentenario de la Independencia de Argentina, que se realizó en el campo de Polo de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires”, señala la nota de prensa del Ministerio.
La Escuela Militar de Música del Ejército fue creada por Decreto Supremo de 20 de mayo de 1889, con el nombre de “Academia de Música Militar”.
La Banda Militar interpretó en el Festival Internacional de Bandas Militares, a la que asistió por invitación del Ministerio de Defensa de Argentina, las marchas “Talacocha”, “Canterías” y “Recuerdo de Oruro”, que traen recuerdos de las glorias bolivianas en los campos de batalla.
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