El historial de vuelos del CP-3243 revela un ritmo de operación inusualmente intenso: en menos de cuatro semanas —entre el 20 de marzo y el 13 de abril de 2026— la aeronave registró actividad en al menos 25 días, con múltiples conexiones a Brasil y un flujo casi constante entre Santa Cruz y La Paz.
El ministro Justiniano ha declarado que la aeronave es de propiedad familiar y que no presta servicios al Estado, por lo que su uso no representaría gasto público. Sin embargo, los propios registros de tráfico aéreo consignan que el 2 de abril, fecha en que el ministro participó en la entrega del DS 5597 en CADECO, Cochabamba, la aeronave realizó un vuelo internacional a Brasil ese mismo día. No es una inferencia: está en el registro.
Ese y otros vuelos coincidentes con agendas oficiales dan lugar a preguntas legítimas que merecen respuesta:
¿Cómo se explica una frecuencia tan alta de conexiones con la sede de gobierno?
¿Quiénes son los pasajeros? ¿Autoridades públicas o personas sin vínculos con el Estado?
¿Existe una separación clara y documentada entre actividades personales y funciones oficiales?
Los registros de vuelo no prueban ilícitos. Son, en cambio, una señal de advertencia sobre la necesidad urgente de transparencia. Cuando una aeronave vinculada a una autoridad mantiene este nivel de actividad —y termina además protagonizando un siniestro aéreo el último día del período registrado, perdiendo comunicación a los 16 minutos de despegar en la ruta La Paz–Santa Cruz— esclarecer los hechos con respaldo documental no es opcional: es una obligación.
Encontrar esas respuestas corresponde a las autoridades competentes.
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