El procurador general del Estado, José María Cabrera, rindió este jueves informe ante la Comisión Especial Mixta de Investigación sobre la compra de material no letal contra disturbios de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), donde precisó que el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, a pesar de ser notificado, no remitió información alguna sobre los procesos de adquisición de gases lacrimógenos y equipos antimotines realizado por el Gobierno de transición.
“Han transcurrido cuatro meses y el ministro (Arturo) Murillo no ha presentado una sola hoja (…) El ministro Murillo no está cumpliendo con deberes constitucionales”, observó Cabrera, entrevistado en ATB.
El Procurador señaló, a los miembros de la comisión legislativa, que se enviaron desde el mes de junio pasado las notas de requerimiento de información y documentación a los ministerios de Defensa y de Gobierno, para investigar el posible hecho de corrupción.
“Estamos en la fase de recabar documentos, el Ministerio de Defensa ha cooperado, ha contestado; lastimosamente todavía no lo ha hecho el Ministerio de Gobierno y estamos en plena etapa de verificación y revisión de toda esa documentación, así establece la Ley 064 como conclusión de un proceso de investigación que la Procuraduría General del Estado dé la emisión de un dictamen”, dijo Cabrera.
La presidenta de esta Comisión Especial Mixta de Investigación, Plácida Espinoza, informó que sólo han recibido de parte del Ministerio de Gobierno una nota de excusa para no asistir a esta instancia legislativa, pero ninguna documentación sobre el proceso administrativo de adquisición de los gases lacrimógenos. También, lamentó que el ministro de Defensa, Luis Fernando López, y el ministro de Economía, Óscar Ortiz, no hayan asistido a rendir sus informes de descargo.
“El que nada hace, nada teme. Debería estar el señor ministro Murillo, pero pusieron excusas ellos (ministros Ortiz y López), dicen que están ocupados con esta pandemia, con la salud y el ministro Murillo dice que está en los incendios de la Chiquitania”, dijo la legisladora.
Espinoza lamentó, también, la inasistencia de las autoridades de la Aduana Nacional, quienes aún no dan la fecha exacta en la que se procedió a la desaduanización del equipo antidisturbios: “La siguiente semana se realizará la redacción del informe de conclusiones que será presentado al pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional el 2 de octubre próximo”, señaló.
En meses pasados se denunció que en noviembre de 2019, el Gobierno transitorio adquirió agentes químicos de la empresa “Bravo Tactical Solutions LLC” para ser entregados a la Policía Boliviana. La adquisición se habría realizado con la ayuda de “un intermediario” y con un presunto sobreprecio de Bs 14.800.000. 
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