La presidenta Jeanine Áñez se comprometió a recuperar el dinero de los bolivianos e investigar “caiga quien caiga”. Precisamente el ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, es quien encabeza las acciones legales del Gobierno contra este hecho que, para ellos, ya es un claro acto de corrupción. Esta cartera de Estado comenzó una evaluación técnica de los 170 respiradores, un proceso que habitualmente se hace antes de una compra, para determinar su utilidad y su funcionalidad.
Coimbra conversó el viernes con La Razón y aseguró que de comprobarse la participación de las empresas extranjeras, se llegará hasta la Unión Europea y al Gobierno de España como intermediarios para la reparación de daños.
1. ¿Cuál es el avance en las acciones legales que sigue el Gobierno en el caso de la compra de los 170 respiradores?
– Están las imputaciones contra las seis personas. Como Ministerio de Justicia mandamos el viernes un memorial al Ministerio Público solicitando y requiriendo que se hagan algunas diligencias judiciales de requerimiento e información, tanto en España, hacia la empresa, queremos saber si está legalmente constituida, si no hizo ningún tipo de defraudación en ese país, los precios referenciales en la fábrica.
Mandamos un cuestionario para que tanto la fábrica como la empresa puedan absolver algunas dudas respecto a estos equipos. La declaración de Fernando Humérez estableció que sí hubo un acto de corrupción de Fernando Valenzuela, como servidor público, y de dos particulares con daño al Estado, que serían el mismo Humérez y Walter Zuleta, quienes participaron como intermediarios, cosa que es totalmente ilegal porque el Estado no busca intermediarios, hace invitación directa o licitación, entonces ya hay un acto de corrupción.
Hemos solicitado el congelamiento de cuentas de todos los involucrados y la notación preventiva de todos sus bienes y al mismo tiempo su detención preventiva.
2. ¿Se hizo efectivo este congelamiento de cuentas y bienes de los involucrados?
– El Ministerio Público lo debe solicitar al juez y éste remite las notas respectivas a la ASFI (Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero) y la ASFI ordena el congelamiento de cuentas. Nosotros creemos que desde ayer (jueves) hasta ahora (viernes) ya se hicieron esas diligencias.
3. ¿Contra quiénes específicamente inicia procesos penales el Gobierno?
– Este es un proceso que se hace por corrupción a servidores públicos y a personas particulares que participaron en daño económico al Estado, ahí están involucrados el exministro de Salud, Marcelo Navajas; el director jurídico del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela; el exdirector de la AISEM (Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico), Geovanni Pacheco; dos técnicos que participaron en el proceso de contratación; y las personas particulares Fernando Humerez. Y Wálter Zuleta.
4. ¿Qué acciones se siguen contra las empresas involucradas?, ¿es posible hacerlo?
– Cuando es una situación contractual, porque dentro de este contrato hay divergencias, lo primero es ver si se puede llegar a una conciliación de cuenta y nosotros, como Estado, tenemos una posición sólida: no vamos a pagar ni un centavo más por ninguno de los respiradores. Lo que tiene que asumir esta empresa es el precio justo de los respiradores y luego de establecer este precio justo, veremos si la empresa aún nos tiene que devolver dinero.
Si esto no ocurre, iniciaremos un proceso en contra de la empresa y primero será la recisión del contrato; veremos si hay daños para pedir también la reparación de éstos. Todo esto será cuando establezcamos técnicamente si esos respiradores sirven o no, si son obsoletos o no, si les faltan o no accesorios, software, sensores.
Si determinamos que estos respiradores son obsoletos, obviamente que vamos a iniciar un proceso civil de reparación de daños, pero también un proceso penal a través de las instancias de la Unión Europea y del Gobierno de España.
5. La empresa intermediaria IME Consulting exige el pago para la actualización del software de los respiradores, ¿qué se hace al respecto?
– Por eso solicitamos el informe técnico a los que saben, entre ellos biomédicos y otros técnicos, para que primero nos digan si estos respiradores sirven o no.
6. ¿El exministro Navajas informó de esta compra al gabinete de ministros?
– No, no lo hizo, ningún tipo de adquisición se presenta ante el gabinete, esa es una competencia exclusiva del Ministerio de Salud, de la AISEM y todas las entidades descentralizadas que la ejecutan.
7. ¿La distribución de los respiradores queda suspendida?
– Tiene que quedar suspendida porque seguramente el Ministerio Público requerirá estos respiradores para hacer por lo menos dos o tres evaluaciones técnicas para establecer si funcionan o no. El Ministerio Público, bajo el criterio de favorabilidad, seguramente va a establecer que si sirven, los usemos para salvar vidas; pero si son obsoletos, serán secuestrados todos para que queden como prueba de este acto de corrupción.
8. ¿Los departamentos a los que ya se distribuyó los equipos lo deben devolver?
– Por el momento seguramente no hay que devolver ninguno, lo que se hará es un peritaje técnico a los respiradores que aún no se han entregado para saber si funcionan o no.
9. Para el Gobierno, ¿hubo corrupción en esta compra?
– Hubo corrupción porque ya se ha demostrado que dos personas que no tuvieron que ver con la empresa ni con el Gobierno han participado y en la última declaración, Fernando Humérez dijo además que Fernando Valenzuela lo contactó a él para buscar proveedores y que él buscó a Wálter Zuleta, quien hizo el contacto con la empresa española. También dice en su declaración que habían porcentajes de dinero que iban a ser repartidos entre ellos tres.
10. ¿Y el exministro Navajas tuvo participación?
– En la primera etapa de la investigación él fue imputado porque solicitó la compra de estos equipos, hay una nota que él firma y envía. La declaración de Fernando Humérez, que se debe seguir investigando, no involucra al exministro. Será ya la investigación la que establezca su situación jurídica.
No comments:
Post a Comment