Una denuncia penal por dos presuntos delitos y el pedido de su suspensión serán presentadas hoy contra el juez de garantías de Santa Cruz, Alberto Guzmán, por considerar que la resolución que emitió en favor de ese departamento, ordenando el descongelamiento del pago de las regalias del campo petrolero de Incahuasi, fue inconstitucional, anunció ayer el ministro de Justicia, Héctor Arce.
EL DIARIO se contactó con el juez Guzmán observado por Arce para consultar su postura al respecto, y el entrevistado aseguró desconocer dicho anuncio y que no podía adelantar criterio, pero de forma breve afirmó que su resolución se enmarcaba en la legalidad.
MINISTRO ARCE
“(Hoy) en la ciudad de Santa Cruz se va a presentar una denuncia penal en contra de Alberto Guzmán Méndez, juez civil y comercial de la ciudad de Santa Cruz. Paralelamente, en la ciudad de Sucre se presentará una denuncia formal pidiendo su suspensión inmediata ante el Consejo de la Magistratura”, afirmó Arce. La autoridad convocó ayer a los periodistas para hacer el anuncio.
El Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, presentará la denuncia penal en contra de Guzmán por los presuntos delitos de prevaricato y haber dictado resoluciones contrarias a la ley.
Arce detalló que dicho juez de garantías, el 27 de abril emitió una resolución en audiencia de “acción de cumplimiento”, “vulneró de manera flagrante”, la Sentencia Constitucional (SC) Nº 1160/2017 que Gobierno estaba dando cumplimiento.
La SC 1160/2017 que trata sobre la delimitación del pozo Incahuasi, disputado entre Chuquisaca y Santa Cruz, además de los reservorios que existen, “establece que se haga una nueva delimitación y se suspende el pago de las regalías, entretanto no se realice un nuevo estudio”, detalló Arce.
En la resolución, Guzmán instruyó que en un plazo de cinco días, Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) debería desembolsar las regalías en favor de Santa Cruz, producto de la explotación de gas natural en Incahuasi.
Arce manifestó que el juez también desconoció las solicitudes de complementación y enmienda solicitados por YPFB y la Gobernación de Chuquisaca.
JUEZ GUZMÁN
“No. No escuché nada, me encuentro en una reunión familiar, no puedo adelantar ningún criterio. Solo manifestar que he actuado de acuerdo a Ley y justicia nada más”, afirmó el juez Guzmán en contacto telefónico con nuestro medio.
Sobre la SC aseguró que en ningún momento violentó dicha norma como lo afirmó el Ministro de Justicia y otras autoridades de Chuquisaca.
“Yo en ningún momento he violentado la sentencia esa, es más dentro del principio de proporcionalidad, correlación de valores y derechos, he dispuesto de que no se puede hacer daño a alguien para el beneficio de otro y he actuado en ese marco”, afirmó Guzmán.
RESPALDO DE DENUNCIA
Arce argumentó que las acciones asumidas por el Ministerio de Justicia están sustentadas en el artículo 203 de la Constitución Política el Estado (CPE) que señala que “las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio y contra ellas no cabe recurso ulterior alguno”, dio lectura el ministro.
Enfatizó que esta es la base del control de constitucionalidad y la base de la institucionalidad del sistema judicial del país, pues “si se atenta contra estas bases el sistema judicial entraría en crisis, cuestión que no se puede permitir”.
Arce afirmó que esta determinación no pretende favorecer ni perjudicar a los departamentos de Santa Cruz ni a Chuquisaca, lo que “busca es hacer prevalecer la Constitución Política del Estado y las leyes”.
El diputado de Chuquisaca, por Unidad Nacional, Horacio Poppe, al momento de conocer la resolución de Guzmán, indicó que el juez había cometido el delito de prevaricato y sugirió que la Gobernación de Chuquisaca inicie el proceso penal.
“El Juez de Garantías no podía descongelar las regalías existiendo una sentencia constitucional que manda que en primera instancia, se haga una delimitación georeferenciada entre ambos departamentos y posteriormente un estudio”, señaló.
Pope había aclarado que la decisión del Juez de Garantías no era conclusiva por lo que debe pasar a revisión al Tribunal Constitucional y este tendría que denegarla.
Arce concluyó señalando que ante este proceso y la duda sobre si se debe o no dar cumplimiento de la resolución de Guzmán, descargó la solución al Tribunal Constitucional señalando que este debe emitir medidas legales y prácticas para evitar que se incurra en delitos por parte de los responsables de la regalías.
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