La quinta cesión del Consejo Sectorial e Intersectorial “Por una Vida Libre de Violencia” reveló varias falencias en la implementación de las leyes 348 de lucha contra la violencia y 243 contra el acoso político, por lo que se determinó concretar acciones para analizar el incumplimiento en la asignación de recursos por parte de los gobiernos autónomos, como lo explicó la Maysa Ureña, directora de Género del Ministerio de Justicia.
El evento, desarrollado la jornada de ayer, tuvo la participación de la mayoría de representantes de las más de 60 instituciones que conforman el Consejo, quienes presentaron informes sobre los avances y las dificultades que tienen al momento de cumplir con las obligaciones asignadas por ley.
Ureña calificó el evento como un “debate franco” en el cual las diferentes instancias expresaron sus observaciones y la problemática, no solo instruccional sino personal de las víctimas y los propios funcionarios que mantienen contacto directo con los hechos de violencia.
En esa línea, se llegaron a propuestas reflejadas en las cinco conclusiones del evento y un plan de acción que se debe cumplir para noviembre.
PERSONAL
El evento reveló varias falencias en cuanto a la implementación de medidas preventivas y de acción ante los hechos de violencia que impiden que las víctimas sean atendidas de forma oportuna.
La mayoría de los representantes de las defensorías municipales y gobiernos departamentales coincidieron en señalar como uno de los principales problemas, la rotación o cambio de los efectivos policiales asignados a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), que además se concluyó debe ser incrementada. Lo mismo se mencionó del número de fiscales, forenses y jueces especializados en casos de violencia.
En cuanto a la Felcv solo se cuenta con 846 efectivos, de los cuales el 50 por ciento son nuevos, debido a la rotación, previsto por la Ley de Ministerio Público y en un gran porcentaje, esos cambios se deben a solicitudes del personal policial que se ve afectado, no solo por la sobrecarga de trabajo, sino por la recurrencia y crueldad de los hechos como los feminicidios, infanticidios o violaciones.
En el caso del Ministerio Público, se informó que existen, a nivel nacional, cerca de 60 fiscales especializados, pero que además deben atender otras tipologías, como la trata y tráfico de personas.
Pero en el caso de los jueces el panorama es más grave, pues no existen jueces especializados contra la violencia, ya que los juzgados que se tienen son “Anticorrupción y Lucha Contra la Violencia”.
PRESUPUESTO
Por otro lado, el coronel Raúl Escobar, director nacional de la Felcv, presentó un documento detallado, donde se revela que debido al incumplimiento de asignación de presupuesto, esta dirección solo puede tener presencia en 67 municipios de los 338 que tiene el país, constituyendo solo el 20 por ciento de cobertura debido a esta falta de presupuesto.
Entre las conclusiones, se estableció realizar un seguimiento a la ejecución de presupuestos, por parte de los gobiernos autónomos y llevar adelante reuniones de coordinación para identificar de manera puntual la demanda y problemática particular de cada municipio, según explicó Ureña.
Otra de las metas es socializar la Ley 243 contra el Acoso y la Violencia Política, el Plan Multisectorial para el avance en la despatriarcalización y el derecho de las mujeres a vivir bien, que cuenta con seis áreas para contribuir a siete pilares del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 – 2020.
Su finalidad central se orienta a que las políticas, programas y acciones del Estado, en sus diversas instancias, avancen en la despatriarcalización y se constituyan las condiciones para cumplir con el derecho de las mujeres a Vivir Bien y, especialmente el logro de una vida libre de violencia en razón de género, explicó la autoridad.
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