Saturday, August 13, 2016
Gobernación: Siles desoyó sugerencia de sus técnicos
PRESUNCIÓN
La Gobernación de Chuquisaca cree que el ministro cruceño Hugo Siles se parcializó con su región al validar un estudio que estableció que el campo Incahuasi está íntegramente en Santa Cruz.
Los profesionales del Ministerio de Autonomías, que elaboraron un informe técnico, sugirieron que primero se tenga la claridad total del límite entre Chuquisaca y Santa Cruz para la posterior distribución de regalías del campo gasífero Incahuasi. No obstante, el titular de esta cartera de Estado desoyó la recomendación para beneficiar al Departamento cruceño con un informe que le dio el 100% de participación en este reservorio, según se denunció desde la Gobernación chuquisaqueña.
En una nota de fecha 20 de julio dirigida al presidente de YPFB Guillermo Achá, el ministro de Autonomías, Hugo Siles, puso en conocimiento el informe técnico elaborado por los profesionales de su despacho con referencia al tema de los límites de Chuquisaca y Santa Cruz.
El informe menciona que a partir de la Ley 339 de Delimitación de Unidades Territoriales, "se sugiere que primero se tenga la claridad total del límite entre los departamentos para su posterior distribución de las regalías y los recursos”.
Sin embargo, desoyendo esa recomendación, Siles remitió otra nota el 2 de agosto a YPFB, poniendo a su conocimiento límites referenciales establecidos en el Decreto Supremo 26570.
Molina aseguró que fue esta nota la causante de que salga el estudio sobre la delimitación del campo Incahuasi, que estaba "estancado" desde el 28 de junio por las observaciones de la Gobernación chuquisaqueña.
"Esta nota del 2 de agosto fue incorporada a todo el estudio y producto de ella se notificó a Santa Cruz con el informe final, y el 5 agosto le dieron la mala noticia a Chuquisaca", afirmó.
Un día después, el 6, Siles envió otra nota a ambas gobernaciones para una reunión de coordinación el 16 de agosto a las 15:00 en su despacho, con la finalidad de conversar sobre la conciliación de límites.
Sin embargo, el 8 de agosto el Ministro declaró en la prensa que no intervendría en la conciliación, pidiendo que se vaya a la vía judicial para definir el tema de límites.
Geodesta sugiere buscar informes del pozo Aquío
Oswaldo Gutiérrez, geodesta egresado de la Escuela Militar de Ingeniería (EMI) con experiencia de 30 años en la rama petrolera, propuso buscar documentación del pozo descubridor del campo Incahuasi, el Aquío, para reforzar el argumento chuquisaqueño sobre su derecho en este reservorio.
"No todo está perdido, la única salvedad sería obtener documentación del pozo Aquío y tal vez se pueda establecer si el reservorio de Incahuasi llega hasta este pozo que está en territorio chuquisaqueño, porque Aquío ha sido el descubridor del Incahuasi y eso se perforó con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), mucho antes", sostuvo.
Solicitan informes de auditoría a Ministerio de Defensa
El Ministerio Público solicitó al Ministerio de Defensa informes sobre la Empresa Constructora del Ejercito (ECE), que incumplió la ejecución de seis proyectos, con un daño estimado de Bs 60 millones al Estado, informó el fiscal de materia de La Paz, Juan Carlos Soria. La empresa fue declarada en quiebra.
En septiembre de 2015, el Gobierno, mediante el Decreto Supremo 2507, dispuso el cierre de la ECE y que sus activos y pasivos pasen a la Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional (Cofadena). El cierre de la firma fue dispuesto tras la rescisión de contratos de varias obras adjudicadas. Posteriormente, el Ministerio de Defensa inició acciones legales contra los presuntos responsables de las irregularidades, haciendo que tres de ellos fueran detenidos.
“Esto ha sido requerido al Ministerio a objeto de que nos proporcionen esta información”, manifestó Soria.
Agregó que se hizo el requerimiento con el fin de determinar el monto exacto del daño económico causado por la empresa, establecer si existen más personas implicadas y verificar el grado de ejecución de las obras incumplidas por la empresa militar. (ANF)
En septiembre de 2015, el Gobierno, mediante el Decreto Supremo 2507, dispuso el cierre de la ECE y que sus activos y pasivos pasen a la Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional (Cofadena). El cierre de la firma fue dispuesto tras la rescisión de contratos de varias obras adjudicadas. Posteriormente, el Ministerio de Defensa inició acciones legales contra los presuntos responsables de las irregularidades, haciendo que tres de ellos fueran detenidos.
“Esto ha sido requerido al Ministerio a objeto de que nos proporcionen esta información”, manifestó Soria.
Agregó que se hizo el requerimiento con el fin de determinar el monto exacto del daño económico causado por la empresa, establecer si existen más personas implicadas y verificar el grado de ejecución de las obras incumplidas por la empresa militar. (ANF)
Ministro Ferreira: Fue un error derogar decreto que prohíbe uso de dinamitas
EL BLOQUEO DE LOS COOPERATIVISTAS MINEROS PARALIZÓ EL TRÁNSITO DEPARTAMENTAL, OCASIONÓ ACTOS VIOLENTOS Y MÁS DE CIEN POLICÍAS HERIDOS.
El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, reconoció que fue un error haber cedido a las presiones de la Central Obrera Boliviana (COB) y haber derogado el decreto que prohibía el uso de dinamita en manifestaciones sociales, lo que fue interpretado por los sectores sociales como una autorización para la manipulación de explosivos.
“Fue una petición mal hecha y quizá cometimos el error de ceder a algo que no había necesidad de hacerlo porque la ley no se puede modificar con un decreto”, admitió ayer la autoridad, según la agencia ANF y después de dos violentas jornadas cuando los mineros cooperativistas protagonizan violentas movilizaciones armados de dinamita y dejando como resultado 80 policías heridos.
FALSO DEBATE
Ferreira, sin embargo, considera que el tema del decreto sobre la dinamita “es un falso debate” porque la Ley de Armas prohíbe el uso de la dinamita y eso es lo que está vigente por encima de cualquier decreto.
El decreto 2754 contradice a la Ley de Armas, que establece la prohibición del porte o uso de armas de fuego o explosivos en “manifestaciones públicas, movilizaciones sociales, marchas, huelgas y mítines”.
El 1 de Mayo de este año, el presidente Evo Morales emitió el Decreto 2754 y que abroga el DS 1359 de 2012, en el que se prohibía el uso de dinamita en manifestaciones públicas.
VIOLENCIA
Tras esos hechos, dos movilizaciones usaron dinamita provocando graves actos de violencia. En primera instancia, lo hicieron los fabriles y afiliados a la COB cuando protagonizaron marchas en rechazo al cierre de la empresa Enatex. En esa ocasión un dirigente fabril perdió la mano y un camarógrafo de televisión fue herido por la explosión de dinamita.
Y, desde el miércoles los cooperativistas mineros bloquean las carreteras de seis departamentos con dinamita en mano. Cuando los policías intentan despejar las vías son tomados como rehenes que luego se intercambian por bloqueadores detenidos. Estos hechos han dejado unos 70 heridos el miércoles y más de 30 el jueves.
Ferreira considera que “el tema del decreto es un debate falso, no debía aprobarse ni un anterior (decreto) ni ese (el que deroga al anterior), porque está en la ley, y en la ley está prohibido. Había uno que salió sin motivo el 2012 y la Central Obrera exigió que se derogue, y se derogó, pero un decreto no era una ley. Es un debate sin mucho sentido, pérdida de tiempo”.
Cuando se le consultó si amerita la derogatoria del citado decreto, dijo que “no tiene sentido, porque ese decreto dice se deroga tal decreto”.
Friday, August 12, 2016
Fiscalía solicitó informes al Ministerio de Defensa por caso de empresa quebrada del Ejército
El Ministerio Público solicitó al Ministerio de Defensa informes sobre la Empresa Constructora del Ejercito (ECE), que incumplió la ejecución de seis proyectos, con un daño estimado de Bs 60 millones al Estado, informó el fiscal de materia de La Paz, Juan Carlos Soria. La empresa fue declarada en quiebra.
En septiembre de 2015, el Gobierno, mediante el Decreto Supremo 2507, dispuso el cierre de la ECE y que sus activos y pasivos pasen a la Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional (Cofadena). El cierre de la firma fue dispuesto tras la rescisión de contratos de varias obras adjudicadas. Posteriormente, el Ministerio de Defensa inició acciones legales contra los presuntos responsables de las irregularidades, haciendo que tres de ellos fueran detenidos.
“Esto se ha sido requerido al Ministerio a objeto de que nos proporcionen esta información”, manifestó Soria.
Agregó que se hizo el requerimiento con el fin de determinar el monto exacto del daño económico causado por la empresa, establecer si existen más personas implicadas y verificar el grado de ejecución de las obras incumplidas por la empresa militar.
En septiembre de 2015, el Gobierno, mediante el Decreto Supremo 2507, dispuso el cierre de la ECE y que sus activos y pasivos pasen a la Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional (Cofadena). El cierre de la firma fue dispuesto tras la rescisión de contratos de varias obras adjudicadas. Posteriormente, el Ministerio de Defensa inició acciones legales contra los presuntos responsables de las irregularidades, haciendo que tres de ellos fueran detenidos.
“Esto se ha sido requerido al Ministerio a objeto de que nos proporcionen esta información”, manifestó Soria.
Agregó que se hizo el requerimiento con el fin de determinar el monto exacto del daño económico causado por la empresa, establecer si existen más personas implicadas y verificar el grado de ejecución de las obras incumplidas por la empresa militar.
Romero dice que en el momento en que Fencomin levante el bloqueo se iniciará el diálogo
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, reiteró el viernes que en el momento en que la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) levante el bloqueo de caminos se iniciará el diálogo para abordar el pliego petitorio de ese sector.
En conferencia de prensa, en referencia al pliego de Fencomin, lamentó que un sector social exija más "liberalidades, facilidades y permisidad en cuanto a sus obligaciones con el Estado".
"Entonces, obviamente son medidas y desmedidas pero que obviamente queremos debatirlas en una mesa de diálogo y para eso ellos tienen que levantar su bloqueo y en el momento en que levanten su bloqueo y acrediten su comisión de delegados y en ese mismo momento se instalará el diálogo", dijo.
En conferencia de prensa, en referencia al pliego de Fencomin, lamentó que un sector social exija más "liberalidades, facilidades y permisidad en cuanto a sus obligaciones con el Estado".
"Entonces, obviamente son medidas y desmedidas pero que obviamente queremos debatirlas en una mesa de diálogo y para eso ellos tienen que levantar su bloqueo y en el momento en que levanten su bloqueo y acrediten su comisión de delegados y en ese mismo momento se instalará el diálogo", dijo.
Ministro Ferreira: 'Quizá cometimos un error en ceder' en el decreto de la dinamita
El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, reconoció que fue un error haber cedido a las presiones de la Central Obrera Boliviana (COB) y haber derogado el decreto que prohibía el uso de dinamita en manifestaciones sociales, lo que fue interpretado por los sectores sociales como una autorización para la manipulación de explosivos.
“Fue una petición mal hecha y quizá cometimos el error de ceder a algo que no había necesidad de hacerlo porque la Ley no se puede modificar con un decreto”, admitió el ministro Ferreira en momentos en que los mineros cooperativistas protagonizan violentas movilizaciones armados de dinamita.
Ferreira, sin embargo, considera que el tema del decreto sobre la dinamita “es un falso debate” porque la Ley de Armas prohíbe el uso de la dinamita y eso es lo que está vigente por encima de cualquier decreto.
El decreto 2754 contradice a la Ley de Armas, que establece la prohibición del porte o uso de armas de fuego o explosivos en “manifestaciones públicas, movilizaciones sociales, marchas, huelgas y mítines”.
“Fue una petición mal hecha y quizá cometimos el error de ceder a algo que no había necesidad de hacerlo porque la Ley no se puede modificar con un decreto”, admitió el ministro Ferreira en momentos en que los mineros cooperativistas protagonizan violentas movilizaciones armados de dinamita.
Ferreira, sin embargo, considera que el tema del decreto sobre la dinamita “es un falso debate” porque la Ley de Armas prohíbe el uso de la dinamita y eso es lo que está vigente por encima de cualquier decreto.
El decreto 2754 contradice a la Ley de Armas, que establece la prohibición del porte o uso de armas de fuego o explosivos en “manifestaciones públicas, movilizaciones sociales, marchas, huelgas y mítines”.
Thursday, August 11, 2016
Ministra de Salud plantea abrir debate "pragmático" en torno al aborto
La ministra de Salud, Ariana Campero, aseguró que su despacho está dispuesto a abrir un debate pragmático sobre el aborto en razón a su elevado impacto en los indicadores de mortalidad materna.
"(…) es un tema que hay que debatirlo, que hay que evaluarlo, porque hoy causa muerte materna, es un tema sobre el que se tiene que generar un debate de una manera pragmática", declaró a ANF.
En Bolivia el aborto representa la tercera causa por la que mueren las mujeres y según cifras oficiales representa el 13% de las causas directas de mortalidad materna.
"¿Qué está pasando en Bolivia? ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Cuáles son los problemas que causan la mortalidad materna?", son las preguntas que a juicio de la ministra Campero deben formularse para delinear un plan de acción que permita reducir los altos índices de mortalidad materna.
"Yo considero que el plan de reducción acelerada (de la mortalidad materna) tiene que ser muy objetivo, muy operativo, pero sobre todo muy pragmático", aseguró.
Datos.
Bolivia no ha logrado recudir los altos índices de mortalidad materna desde hace varias décadas y en la actualidad registra las más altas tasas de América Latina y el Caribe, sólo superadas por Haití, con una Razón de Mortalidad Materna (RMM) de 160 por 100 mil nacidos vivos.
Según reportes oficiales, del total de muertes maternas el 37% se deben a hemorragias, 19% a problemas de hipertensión, 13% a abortos y 7% a infecciones.
"Hay que colocar el tema en su verdadera dimensión, el aborto es un problema de salud pública y de justicia social", coincidió Patricia Brañez de la Campaña 28 de Septiembre, una coalición de organizaciones de mujeres, que postula la despenalización del aborto en Bolivia.
Consultada por ANF sobre la iniciativa de la ministra Campero, recordó que el estudio "Las cifras hablan. El aborto es un problema de salud Pública" realizado por IPAS/Bolivia en 7 hospitales de segundo y tercer nivel de las ciudades La Paz, Santa Cruz, Potosí, Tarija y Trinidad reporta que "alrededor de 185 abortos son practicados diariamente, lo que significa que aproximadamente de 70 mil abortos se realizaron en 2010".
Puntualizó que según ese estudio dos mujeres mueren al día por abortos clandestinos e inseguros, y atribuyó esa situación a que "el aborto en nuestro país sigue siendo un delito, el Estado no permite el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, tutelándolo desde una posición patriarcal, contraria a los principios de derechos humanos y de nuestra propia constitución".
La ministra Campero dijo que el debate sobre el aborto no debe estar aislado del conjunto de problemas asociados a la mortalidad materna.
"La primera causa de muerte en Bolivia son las hemorragias… le siguen la hipertensión, tenemos que trabajar en el marco del plan en seis puntos, seguir trabajando en los cuidados obstétricos, trabajar con la comunidad de manera articulada, garantizar disponibilidad, acceso y uso de medicamentos", señaló.
Brañez por su parte dijo que la Campaña 28 de Septiembre reivindica el derecho de las mujeres a "acceder a servicios de salud integrales y seguros con calidad de atención para la interrupción del embarazo no deseado, proveer métodos anticonceptivos post aborto, anticoncepción de emergencia en casos de violencia sexual, así como la detección temprana de ITS, proveer antirretrovirales para prevenir el VIH y hepatitis B, sin prejuicios culturales, religiosos, y sin discriminación".
"(…) es un tema que hay que debatirlo, que hay que evaluarlo, porque hoy causa muerte materna, es un tema sobre el que se tiene que generar un debate de una manera pragmática", declaró a ANF.
En Bolivia el aborto representa la tercera causa por la que mueren las mujeres y según cifras oficiales representa el 13% de las causas directas de mortalidad materna.
"¿Qué está pasando en Bolivia? ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Cuáles son los problemas que causan la mortalidad materna?", son las preguntas que a juicio de la ministra Campero deben formularse para delinear un plan de acción que permita reducir los altos índices de mortalidad materna.
"Yo considero que el plan de reducción acelerada (de la mortalidad materna) tiene que ser muy objetivo, muy operativo, pero sobre todo muy pragmático", aseguró.
Datos.
Bolivia no ha logrado recudir los altos índices de mortalidad materna desde hace varias décadas y en la actualidad registra las más altas tasas de América Latina y el Caribe, sólo superadas por Haití, con una Razón de Mortalidad Materna (RMM) de 160 por 100 mil nacidos vivos.
Según reportes oficiales, del total de muertes maternas el 37% se deben a hemorragias, 19% a problemas de hipertensión, 13% a abortos y 7% a infecciones.
"Hay que colocar el tema en su verdadera dimensión, el aborto es un problema de salud pública y de justicia social", coincidió Patricia Brañez de la Campaña 28 de Septiembre, una coalición de organizaciones de mujeres, que postula la despenalización del aborto en Bolivia.
Consultada por ANF sobre la iniciativa de la ministra Campero, recordó que el estudio "Las cifras hablan. El aborto es un problema de salud Pública" realizado por IPAS/Bolivia en 7 hospitales de segundo y tercer nivel de las ciudades La Paz, Santa Cruz, Potosí, Tarija y Trinidad reporta que "alrededor de 185 abortos son practicados diariamente, lo que significa que aproximadamente de 70 mil abortos se realizaron en 2010".
Puntualizó que según ese estudio dos mujeres mueren al día por abortos clandestinos e inseguros, y atribuyó esa situación a que "el aborto en nuestro país sigue siendo un delito, el Estado no permite el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, tutelándolo desde una posición patriarcal, contraria a los principios de derechos humanos y de nuestra propia constitución".
La ministra Campero dijo que el debate sobre el aborto no debe estar aislado del conjunto de problemas asociados a la mortalidad materna.
"La primera causa de muerte en Bolivia son las hemorragias… le siguen la hipertensión, tenemos que trabajar en el marco del plan en seis puntos, seguir trabajando en los cuidados obstétricos, trabajar con la comunidad de manera articulada, garantizar disponibilidad, acceso y uso de medicamentos", señaló.
Brañez por su parte dijo que la Campaña 28 de Septiembre reivindica el derecho de las mujeres a "acceder a servicios de salud integrales y seguros con calidad de atención para la interrupción del embarazo no deseado, proveer métodos anticonceptivos post aborto, anticoncepción de emergencia en casos de violencia sexual, así como la detección temprana de ITS, proveer antirretrovirales para prevenir el VIH y hepatitis B, sin prejuicios culturales, religiosos, y sin discriminación".
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