La autoridad indicó que el proceso debe estar enmarcado en la Constitución y con base en un consenso impulsado por el Legislativo.
El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima Magne señaló que el país vive un momento de inflexión en torno a la realización de las elecciones judiciales y que las mismas se debe desarrollar en el marco del respeto a la Constitución Política del Estado (CPE), y el consenso y diálogo al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
"Este es un momento de inflexión en Bolivia. Necesitamos que la Asamblea elabore un reglamento en un gran acuerdo nacional que permita que los casi 100 mil abogados de este país puedan con tranquilidad concursar, ser elegidos y que tengamos 26 altas autoridades lo antes posible", señaló el titular de Justicia.
El Ministro mencionó los momentos que se presentaron a lo largo de la gestión pasada y que impidieron la realización de las elecciones judiciales.
Recordó por ejemplo que la ALP elaboró reglamentos contrarios a los mandatos constitucionales: en marzo de 2023, el primer reglamento incorporó un requisito que vulneraba el derecho a la libertad de expresión e impedía el ejercicio al derecho a ser elegido en condiciones de igualdad; en abril de ese año, el diputado Leonardo Ayala (Creemos) presentó contra el segundo reglamento una acción de inconstitucionalidad abstracta demandando que pretendía ser desconocido por la ALP, el desarrollo del proceso mediante 2/3 de votos; y en agosto, la Cámara de Senadores aprobó el PL-144 que acortaba plazos y eliminaba requisitos fundamentales en términos de meritocracia.
"Toda la elección judicial se ha visto obstaculizada por caprichos, anomalías, reglamentos y disposiciones contrarias a la Constitución. En la medida en que se corrijan y se lleve adelante una preselección por 2/3, tenemos los bolivianos garantizada una renovación de la justicia", manifestó e insistió en que el proceso al interior de la Asamblea se debe dar en consenso ya que ninguna tienda política cuenta con los 2/3 que establece la CPE.
Señaló que ante los recursos enviados ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), la instancia interpretó la Constitución en cumplimiento a sus atribuciones y que una vez que se cuente con magistrados elegidos en un proceso desarrollado en cumplimiento a la carta magna, ellos dejarán las funciones.
"La Constitución se respeta (...), una vez emitida una sentencia, lo único que el gobierno tiene como obligación es evitar que exista un vacío institucional y lograr que el mandato constitucional sea vigente. Esta es nuestra posición", aseguró.
Al respecto, la autoridad agregó que "hay en este momento la necesidad urgente de tener elecciones judiciales previa preselección y hay la necesidad de que toda la reglamentación sea conforme a la Constitución. Ese es el mandato y ese es el juramento respecto a la Constitución que tenemos. Respeto a la institucionalidad".
Subrayó que se debe precautelar que no se generen vacíos institucionales. "Lo que se tiene es una situación de vacío institucional que han pretendido provocar, que no vamos a permitir, porque la Constitución se cuida, se respeta y el Tribunal ha dado una única salida. Hasta que no lleguen sus reemplazantes, ellos van a permanecer en el cargo y esa es la posición oficial que tenemos".
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