Romero: Movilización del ‘Mallku’ se va asfixiando

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, reiteró ayer que la movilización de un sector de Achacachi se caracteriza por ser política, y no tiene posibilidades de ser departamental, mucho menos nacional o provincial.

“Es una movilización política porque son conscientes de que no le corresponde al Gobierno nacional atenderla, porque ingresa en la vocería Felipe Quispe (el ‘Mallku’), que anuncia que se iba a articular a una movilización de los cocaleros de los Yungas en torno a Adepcoca, los comités cívicos regionales que demandan Pacto Fiscal y los ambientalistas del Tipnis”, remarcó.

Romero afirmó en ‘El pueblo es noticia’, que se emite por Bolivia TV y la Red Patria Nueva, que “la movilización paulatinamente se va asfixiando (...) se circunscribe al bloqueo en la zona conocida como Playa Verde y la vigilia de mujeres en la ciudad de La Paz”.

Mencionó además que el ‘Mallku hacía campaña con la senadora Carmen Eva Gonzales, de Unidad Demócrata, contra el presidente Evo Morales y el proceso de cambio, tal como se ve en fotografías que circulan en las redes sociales.

“Una docena de sujetos que se cubre el rostro con pasamontañas, que no quiere dar la cara, es gente que tiene una finalidad oscura (...) los encapuchados no actúan gratis, son pagados, remunerados por alguien (sin duda un actor político de la oposición)”, expresó.



”Actitud golpista”
El conflicto se inició en febrero, y se reactivó a mediados de agosto, en demanda de la destitución del alcalde Édgar Ramos, acusado de corrupción, y para que se libere a los detenidos por los actos vandálicos en Achacachi.

El Ministro señaló que el Gobierno no tiene ninguna atribución para destituir a un alcalde que ha sido elegido mediante el voto. Si quieren destituirlo deben hacerlo mediante un referendo revocatorio.

“Estos grupos pretenden por la vía del bloqueo, de la movilización, de la amenaza destituir a una autoridad y ésa es una actitud golpista que está fuera de la norma”, apuntó.

Dijo que el Gobierno sostiene esa posición no sólo en el caso Achacachi, sino en el de Camiri, incluida la ciudad de El Alto, donde un grupo de juntas vecinales se movilizó a inicios de la gestión de la alcaldesa Soledad Chapetón exigiendo su renuncia, su destitución, y “nosotros dijimos que se respete la norma”.

También afirmó que la quema de oficinas públicas, ataques a domicilios particulares y golpizas, sean de juntas vecinales o de los Ponchos Rojos’, son una acción que corresponde al órgano jurisdiccional, donde el Ejecutivo no puede entrometerse.