Acceder a una entrevista con la autoridad de Estado se ha vuelto cada vez más difícil. Además del trabajo de gabinete del sector económico en el Órgano Ejecutivo, la ministra de Planificación, Mariana Prado, tiene encomendada misiones como la aplicación de planes de generación de empleos con empresas privadas y el incentivo a la generación de talentos con el Programa de Intervenciones Urbanas (PIU). Por eso, los viajes son constantes a todos los rincones del país. Pero a tempranas horas de una mañana, antes de subir a otro avión y con la mirada puesta en el reloj, Prado se sentó a analizar la situación económica y destacar que las políticas que se manejan van bien.
Además del impulso a las ‘intervenciones urbanas’, también está apoyando desde su despacho, un Plan Generación de Empleos. ¿Hay resultados positivos?
El programa que nosotros dirigimos de primera mano, es aquel que hemos construido con el sector privado, donde ellos nos van reportando cuáles son los puestos disponibles. Nosotros le facilitamos una lista corta de jóvenes que los vamos registrando en todo el país y luego, si los incorporan en la empresa, los acompañamos con un esquema de incentivos reduciéndoles casi el 40% del costo de incorporación de un nuevo trabajador: un 30% del salario de todos los aportes patronales y capacitación. Eso ha tenido una muy buena dinámica. Con este programa de inserción laboral, ya son más de 6.100 jóvenes que están trabajando en empresas privadas y muchos de ellos ya han cumplido su año del incentivo y hoy tienen trabajos permanentes.
Hace unos días, hubo importantes reuniones con empresarios y autoridades paraguayas. Los vecinos sostenían que su buena estrategia era que los empresarios participen activamente en el desarrollo de su país. ¿Qué enseñanzas deja esto para el país?
Son modelos de desarrollo distintos. Por nuestra parte, nuestro crecimiento ha estado fundamentalmente impulsado por el rol que ejerce la inversión pública desde el Estado. En el caso de Paraguay, gran parte del crecimiento económico que han tenido, ha sido explicado por una gran apertura hacia la inversión privada. Nosotros creemos que se puede manejar un esquema de economía plural, como está contemplado en nuestra Constitución y en nuestra Agenda 2025.
¿Hay un plan para incentivar la inversión privada?
Sí, hay un rol para la inversión privada, que es importante potenciar. En 2014 aprobamos la Ley de Atracción de Inversiones. No hemos cumplido los objetivos que hubiéramos deseado porque creo que, en términos globales, la atracción de las inversiones tiene condiciones macro muy favorables aquí en el país, pues no tenemos una devaluación intempestiva o un proceso inflacionario incontrolable. Hay una cierta previsibilidad. Pero lo que a veces no sucede y lo que nosotros percibimos desde nuestro ministerio, es que en las instancias intermedias es donde a veces, se aletarga, se retrasa, se burocratizan muchos procedimientos.
¿Es más fácil iniciar un emprendimiento en otro país?
En otros países de la región, el abrir una empresa o iniciar un emprendimiento, puede tomarte 20 días como máximo. En el país según el último estudio que teníamos eran como 32 y solamente en temas burocráticos. Tenemos que empezar a resolver la parte intermedia para promover la inversión.
¿A cuánto llegó la inversión de la empresa privada en Bolivia?
Según el Banco Central de Bolivia (BCB), a unos $us 1.500 millones.
Los empresarios privados dicen que aún no se puede atraer inversión extranjera, ¿qué hace falta?
Creemos que siempre se puede hacer algo mejor, pero en los últimos 13 años, hemos tenido la mayor cantidad de inversión extranjera directa en el país, frente al tiempo donde sí habían teóricamente, todas las condiciones para que el sector privado invirtiera. Hubo procesos de privatización. Con la capitalización se supone que íbamos a tener mayor cantidad de recursos. Ni cuando hemos vendido nuestras empresas públicas, hemos tenido la cantidad de inversión extranjera directa que en estos últimos años en el país. Ha habido una muy buena dinámica, a veces hasta a pesar de los esfuerzos del Estado, porque Bolivia se constituye en un mercado muy atractivo. Pero existe, además, un mercado interno. Lo que creo que es necesario trabajar y lo hemos planteado al sector privado, son las cosas intermedias.
¿Y cómo se da eso?
Por ejemplo, si yo quiero invertir en alimentos, ¿por qué mi trámite en el Senasag es tan largo? Si yo quiero trabajar en una tierra, ¿por qué el INRA me toma tanto tiempo en certificar la tierra donde voy a trabajar? Si yo quiero hacer un emprendimiento, ¿por qué mis autorizaciones de la alcaldía me toman tanto tiempo para que yo pueda empezar, por ejemplo, un negocio de comida y mi certificación fitosanitaria? Esas son las cosas que realmente impiden una inversión privada más dinámica. Pero las condiciones macro están establecidas.
¿Y hay seguridad jurídica para ellos?
Yo creo que ese ha sido el argumento permanente. Son 13 años que estamos escuchando el tema de seguridad jurídica. Y si no hubiera seguridad jurídica en el país, los grandes operadores de hidrocarburos hubieran abandonado Bolivia, no tendríamos a Shell, Gazprom, Petrobras todavía operando en el país. Si no hubiera seguridad jurídica muchas de las compañías se hubieran ido del país y eso no ha sucedido en ninguno de los sectores. Más bien, han empezado a convocar, no a la velocidad que quisiéramos, a varias de sus filiales.
La deuda externa está por el 23,2% con respecto al PIB. Este año, ya van como $us 1.000 millones en contratos firmados ¿A cuánto más subirá la deuda este año?
Tenemos una programación para contratar deuda que está en el PGE 2019. Es de alrededor de $us 1.300 millones adicionales. Uno puede contratar la deuda, pero recién empiezan a correr los intereses, cuando se desembolsan. Este año, sí tenemos el nivel de desembolsos programados. Por año, históricamente desembolsamos entre $us 1.300 y $us 1.600 millones. Ese es el ritmo en que habitualmente se incrementa nuestra deuda externa. Vamos a llegar a un 26% de deuda externa con respecto al PIB. Esa es la previsión que tenemos. Margen muy razonable y bastante sostenible. Y, además, es deuda que se contrata para proyectos de inversión pública. No es una deuda que se contrata para pagar maestros, para pagar gastos corrientes o la luz. Antes se endeudaban hasta para pagar el papel.
¿Para qué sectores están llegando esos recursos?
La categoría infraestructura es muy importante para la composición de nuestra deuda externa. Ya sea caminos, electricidad, riego. Pero también tenemos otros sectores como el ámbito productivo. El año pasado ha entrado en vigencia el crédito que tenemos para el yacimiento de hierro Mutún y esa es una inversión pública esencialmente productiva.
Algunos datos acusan una desaceleración económica mundial. Y una preocupación por lo que pueda suceder entre las relaciones comerciales de China y EEUU. ¿Es importante esta captación de recursos con deuda externa, pese a esta desaceleración mundial?
El utilizar la deuda en momentos donde existen turbulencias, es un esquema económico contracíclico. En otros países, cuando empiezan a ver dificultades externas o cuando son muy dependientes del mercado externo, lo primero que hacen es contraer la inversión pública y reducir gasto corriente.
Y en nuestra reflexión, empiezan a profundizar la desaceleración económica. En nuestro caso, en los momentos más duros, en el contexto global, desde 2014 la cosa se ha puesto muy dura. Primero baja la soya, luego el precio del barril de petróleo se hunde y luego los commodities.
Nosotros, en vez de frenar lo que hemos hecho es inyectar mayor cantidad de recursos económicos a la inversión. Un 70% de recursos propios y un 30% del financiamiento externo. Nosotros vamos a seguir con la misma estrategia; precisamente para proteger a la gente, para que no se estanque nuestra economía. Pero desde luego, nosotros siempre estamos pendientes para saber qué es lo que va a pasar con esta disputa comercial entre China y EEUU.
Pese a esta contracción, ¿se va a seguir endeudando?
Vamos a seguir con eso porque necesitamos los recursos para seguir inyectando a la economía. Tenemos que seguir con nuestros proyectos de inversión que garantizan el trabajo de empresas constructoras, de servicios, de que se sigan adquiriendo insumos.
¿Cómo se evalúa el tema del déficit fiscal dentro del Órgano Ejecutivo?
Es algo que siempre lo vamos monitoreando. Cada semana tenemos un análisis macroeconómico y ahí vemos cuál es el comportamiento del déficit. Hasta el momento no ha suscitado mayor preocupación, pese al déficit de entre el 6%.
El año pasado casi cerramos con un 7,3% de déficit fiscal. No nos preocupa porque el déficit está explicado por nuestras inversiones. O sea, este es el momento en el que estamos encarando un plan de hospitales, la construcción de carreteras importantes, un centro nuclear.
Todo eso supone un esfuerzo fiscal. Si está explicado por la inversión, el déficit no es una preocupación, pero en el momento en el que el déficit empieza a cubrir ítems de salud, empiece a cubrir la electricidad de las oficinas públicas, el papel y todo lo que se denomina “gastos corrientes”, ahí vamos a levantar la alerta. Pero hasta el momento, todo nuestro déficit fiscal está explicado por la inversión que nuestro Estado está haciendo en temas fundamentales como en la infraestructura.
PERFIL
Nació en La Paz. Obtuvo una Maestría en Gobernabilidad y Gestión Pública del Instituto de Investigación Universitaria Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de Madrid. Es licenciada en Administración de Empresas de la UCB.
Fue directora de Relaciones Institucionales de Fonplata. Es ministra desde enero de 2017 a la fecha.
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