El ministro de Justicia, Iván Lima, planteó que las mujeres agredidas por sus parejas deben decidir si sus agresores son procesados por la vía penal o vía conciliación. Dijo que su propuesta “es la tendencia en la región” y un “cambio de paradigma”. La proposición fue criticada ayer por analistas e incluso por un legislador oficialista, pues dijeron que la violencia intrafamiliar dejó de ser un tema privado, como una conquista social, y por eso está legislado y penado para los agresores a las mujeres.
“Darle la palabra a las víctimas, que las víctimas decidan si van por la vía familiar o vía penal, para mí ese es el cambio fundamental. La víctima tiene que decidir, el Estado no es el padrastro ni tutor de la víctima de las mujeres que sufren violencia, si la mujer quiere ir a la vía penal, va poder ir, si quiere ir a la vía familiar y resolver su conflicto ahí”, afirmó Lima en Gigavisión el jueves, cuando anunció que se necesita que “entremos a un debate amplio a la Ley 348”.
La responsable de la Coordinadora de la Mujer, Mónica Novillo, afirmó ayer que la violencia contra una mujer “es un delito público y el Estado debe asegurar que se dé una efectiva sanción”. Explicó que está normada “la protección de las víctimas y la prohibición de conciliación, en los procesos en los que hay violencia contra las mujeres, porque en el marco de la ley todo va al ámbito penal, entonces creemos que hay que asegurar que las mujeres que vayan a denunciar tengan la protección del Estado, el Estado debe garantizar a las mujeres protección y restauración de sus derechos en caso de la violación de sus derechos, el acceso a la justicia y que los hechos violentos se sancionen adecuadamente; esto, más allá de que las mujeres se desanimen, se trata de un hecho de violencia y un delito público, y el Estado debe garantizar una adecuada sanción”.
A la pregunta de que la mujer que fue agredida por su pareja debe perdonar, el ministro Lima respondió que “sí”, pues “tenemos que decir a la víctima que ella va a decidir, ya no vamos a decidir por ella, esa es la tendencia en la región y es la tendencia que tiene que entender el país”.
Novillo afirmó: “No es una tendencia mundial en América Latina (que la víctima decida un juicio penal o conciliación); estamos con una segunda generación de normas, el Estado debe asegurar el derecho de las mujeres libres de violencia, ya no se considera violencia intrafamiliar entre privados y por eso el Estado debe intervenir, la Policía debe intervenir y por eso hay la obligatoriedad de servicios públicos, de denuncias cuando se tiene conocimiento de un hecho de violencia, incluso los ciudadanos debemos denunciar de nuestro entorno inmediato”.
El titular de Justicia afirmó que su propuesta será debatida en el Legislativo una vez que el Ejecutivo envíe el proyecto de modificación de la norma existente. “Lo que dice la Ley 348 es que solo se admite una conciliación y el modelo que estamos discutiendo no es una decisión tomada, la Asamblea va tomar la palabra final; es que la víctima siempre tenga la decisión”, insistió la autoridad.
Lima consideró que su propuesta es nueva y pretende otorgarles la decisión a las víctimas. “La mujer tiene derecho a decidir, la víctima tiene que decidir, es un cambio de paradigma muy grande (…) No podemos tomar la vida de las personas como una propiedad del Estado, para generar el precedente, para las demás mujeres, si las mujeres quieren decir lo que quieran decidir, vamos a respetar su decisión, ese es el debate”.
Ante la pregunta si su propuesta no es un retroceso, Lima aseguró que la pretendida reforma judicial “ha quedado descartada”, respondió: “No, es un avance y vas a verlo cuando empiece el debate”.
La activista y feminista Patricia Flores aseguró ayer que en la violencia contra la mujer “no hay orden privado, es una vulneración a derechos de las mujeres, aquí y en el mundo. No hay ninguna tendencia, es una falsedad, es una aberración”. Sugirió a Lima revisar los convenios internacionales con los que Bolivia ha suscrito para respetar los derechos de las mujeres. “Habría que preguntarle al ministro (Lima): ¿qué objeto tiene que Bolivia permanezca en el sistema de las Naciones Unidas si no vamos a respetar los derechos de la mujer?”. Dijo que los organismos internacionales realizan vigilancia de cumplimiento de los compromisos adquiridos. “Los países deben rendir cuentas cada dos años ante estas instancias”.
El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Rolando Cuéllar dijo a Página Siete que la violencia contra la mujer es un tema público, pues de lo contrario no estaría normado. “Es un tema público, no es privado, si fuera privado no hubiera la Ley (348), en este caso es una ley pública, donde tiene la vida privada nos sometemos a la Constitución, del Código Procedimiento Penal, (porque) una cosa es la vida personal y una cosa es el delito familiar que se comete”.
El legislador cruceño anunció que cuando el proyecto de ley sea considerado en la Asamblea será debatida y cuestionada si fuera el caso. “Va haber un debate, si hay artículos que tenemos que mejorar y lo vamos a mejorar, con seguridad, es una propuesta del ministro (Lima) y nosotros vamos al debate, artículo por artículo, y si tenemos que observarla, la vamos a hacer”.
En los últimos ochos años, el número de feminicidios no baja del centenar por año y las regiones del eje reportan más casos que en el resto. El 2020 se reportaron 113, un año antes, 117 y el 2018 fue cuando más caso se registró, 128. Solo en enero de este año se reportaron 11.
Novillo afirmó que la reforma de la Ley 348 tiene que ser para profundizar mejoras. “En la administración de la justicia hay mayores debilidades, donde los procesos penales son largos; la idea es hacer alguna modificación a la Ley 348, acelerar procesos y acabar con esos tristes procesos de seis años”.
Punto de Vista
Patricia Flores, activista y feminista
Lima está muy equivocado
Lamento que el Ministro de Justicia, la primera autoridad que debe velar por los derechos humanos de las mujeres, cometa un error tan garrafal e inaceptable y desconozca la altura de las conquistas en derecho humanos que ha alcanzado la humanidad. Recomendarle al ministro que revise como primer servidor público de la justicia del Ejecutivo a que revise la Declaración Universal de DDHH, la Convención contra toda discriminación hacia todas las mujeres y que revise con cuidado la Convención de Belem do para. No podemos permitir que una autoridad cometa este tipo de errores, son errores garrafales y son inaceptables.
Está muy equivocado, es lamentable que una autoridad esté desinformada, eso es inaceptable para un país cualquiera, el ministro debería saber que Bolivia es el país de la región con mayor índice de feminicidio. El feminicidio termina siendo un crimen del Estado patriarcal contra las mujeres. El ministro debería estar informado y si ese es el nivel de una autoridad, lo que deberían hacer las organizaciones de la sociedad civil es pedirle que si no tiene la capacidad de defender los derechos humanos de las mujeres y como es su deber, debería dar un paso al costado.
