Entre 2006 y 2010 no se registraron interpelaciones, según una revisión de libros Redactores del Legislativo que realizó Página Siete. Recién a partir de 2011 se presentan interpelaciones a ministros de Estado. (Ver los detalles en la infografía adjunta).
En más de una oportunidad se registraron actos de interpelación “colectivos” (hasta a tres ministros en una sesión); y hubo el caso en el que una autoridad sólo hizo llegar al pleno su carta de renuncia (Alexandra Moreira, tras la crisis de agua en La Paz).
Carlos Romero, ministro de Gobierno, fue una de las autoridades más interpeladas. Brindó explicaciones en 13 sesiones de la Asamblea Legislativa. En todas, la aplastante mayoría del MAS votó por el orden del día puro y simple, y en algunos casos aprobó resoluciones de votos de confianza.
De acuerdo a la Constitución, el acto de interpelación es uno de los mecanismos de fiscalización del legislador, en el que se interroga a uno o a varios miembros del Gabinete sobre un tema específico.
Luego de escuchar las explicaciones, el pleno del Legislativo puede resolver por el “orden del día puro y simple”, que implica un voto de confianza hacia el ministro; o puede votar por el “orden del día motivado”, que deriva en la censura.
Según la Constitución, la censura tiene como efecto la destitución. Para ello son necesarios dos tercios de votos de los presentes. En 13 años, de 26 ministros interpelados ninguno fue censurado.
El constitucionalista Marco Loayza sostuvo que el acto de interpelación se “desnaturalizó”, debido a que en 13 años se registraron sucesos “muy graves” por los que ministros, incluso, fueron censurados por la sociedad en general, pero el Legislativo optó por darles su voto de confianza.
Similar criterio expresaron los opositores, quienes aseguraron que los actos de interpelación “jamás sirvieron”, porque pese a que se evidenciaron violaciones a los derechos humanos y “gravísimos” actos de corrupción, los ministros salieron aplaudidos.
“Un ejemplo claro es la corrupción en el Fondo Indígena, la entonces ministra Nemesia Achacollo salió aplaudida, meses después la Fiscalía comprobó que tenía responsabilidades”, manifestó el senador Arturo Murillo.
Ante ese criterio, la diputada Sonia Brito (MAS) señaló que la interpelación “es un buen mecanismo” de fiscalización, y si no se registraron censuras es porque las autoridades respondieron de forma satisfactoria a las preguntas.
La legisladora agregó que la oposición utiliza este mecanismo con la finalidad de “politizar y desacreditar” a los ministros. Sobre Achacollo, Brito dijo que como Máxima Autoridad Ejecutiva “tenía responsabilidades”, por ello el Legislativo sólo aprobó el orden del día puro y simple. “No se le dio el voto de confianza”, manifestó.
La oposición aseguró que las sesiones de interpelación se convirtieron en “chacota” y en espacios para hacer campaña. El diputado Wilson Santamaría afirmó que se convirtieron en vitrinas para que las autoridades “tengan palestra para exponer maquetas y puedan llevar barras con el fin de salir llenos de mixtura y entre aplausos hasta plaza Murillo”.
“Así se han degenerado los actos de interpelación. Las autoridades saben que tienen responsabilidad; pero por los dos tercios del MAS, las sesiones se convirtieron en espacios para hacer campaña electoral”, manifestó Santamaría.
Su colega del MAS Mireya Montaño afirmó que “la chacota” se debe a que los opositores perdieron el respeto a la Asamblea. “Cuando ellos interpelan, insultan a los legisladores, afirman que son levantamanos, eso genera molestia y ahí se generan choques”, expresó Montaño, quien admitió que los oficialistas también “atacan”.
Al respecto, Marco Loayza señaló que el Legislativo perdió “su independencia funcional y, por lo tanto, la posibilidad de cumplir su atribución fiscalizadora adecuadamente quitando la confianza a las autoridades. Ha fracasado”.
Punto de vista
Luis Vasquez Villamor / Exsenador
Se pierde función fiscalizadora
Hay una pérdida de independencia del poder Legislativo al haber abdicado de sus funciones. Esto afecta al conjunto del sistema democrático. En el corazón del sistema democrático está la ley de los frenos y balances, con el fin de evitar que haya un desequilibrio en el sistema democrático.
Con el actual accionar del Legislativo, la democracia pierde un instrumento de fiscalización y con eso pierde la calidad de la función legislativa.
El poder Legislativo tiene tres funciones básicas, una es legislar. La segunda acción que tiene es fiscalizar y la tercera, gestionar. Dentro de las fiscalizaciones está la interpelación, para cuestionar los actos y políticas del Ejecutivo.
Vemos que el problema es que en la Asamblea Legislativa hay un partido dominante, el MAS, con lo que prácticamente logra que las interpelaciones no tengan ningún efecto.
“Las autoridades saben que tienen responsabilidad, pero por los dos tercios del MAS las sesiones se convirtieron en espacios para hacer campaña electoral”.
Wilson Santamaría, diputado
“Cuando ellos interpelan a una autoridad, insultan a los legisladores, afirmando que son levantamanos. Eso genera molestia y ahí se generan los choques”.
Mireya Montaño, diputada
26 ministros
fueron interpelados en sesiones de la Asamblea Legislativa, en los 13 años del Gobierno del MAS. Ninguna de las autoridades interrogadas fueron censuradas.
“Lo que vemos es que el Órgano Legislativo ha perdido su independencia funcional y, por lo tanto, la posibilidad de cumplir su atribución fiscalizadora”.
Marco Loayza, jurista
“Como mecanismo de fiscalización, de vigilancia a las máximas autoridades, es un buen mecanismo. El tema es que se formulen bien las preguntas”.
Sonia Brito, diputada del MAS
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