El abogado de los extrabajadores de Servicios Aeroportuarios Bolivianos (Sabsa), José Antonio Mozza, declaró este martes que la Policía Boliviana no recibió la orden de apremio dictada por el juez de Trabajo y Seguridad Social de Yapacaní, Marcelo Cortez, contra el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, en el marco de un proceso judicial para el pago de Bs 55.189.880 por concepto de Diferencia Salarial.
“Lamentablemente el asesor legal del Comando Departamental (de Santa Cruz) se ha negado a recibir la orden del juez de Yapacaní. Allá hay un encubrimiento, yo diría, un incumplimiento a la resolución judicial de parte de la Policía en este momento, aduciendo que se debe tramitar a través de un juzgado laboral”, dijo Mozza a EL DEBER.
El jurista indicó que el mandamiento de apremio es claro, cuando ordena que la aprehensión sea ejecutada “por un juzgado de trabajo de turno de la ciudad de La Paz y/o Comando de la Policía Boliviana con el auxilio de la fuerza pública”.
“Es decir, es alternativo. Cualquiera de las dos autoridades debe dar cumplimiento a ese mandamiento; pero en este caso la Policía se ha negado, no quiso recibirlo, se han opuesto y están los representantes legales ahí con el mandamiento de apremio original, que llevaron a presentar para que se cumpla”, manifestó Mozza, a tiempo de mencionar que los representantes solicitarán el sorteo del juzgado laboral para volver a presentar la orden.
De acuerdo con el abogado, son aproximadamente 320 los extrabajadores de Sabsa que iniciaron el proceso el año 2011; se dictó la sentencia el año 2015 y se ejecutó con el último recurso de casación que dictó el Tribunal Supremo de Justicia el año 2023.
“A partir del 2023 adquiere ejecutoría, se hizo el emplazamiento a Sabsa, al Ministerio de Obras Públicas para que pague, pero lamentablemente han seguido interponiendo incidentes, recursos, acciones de amparo constitucional, dilatando y demorando el pago de esta obligación”, lamentó.
Al mismo tiempo, aclaró que la obligación no afectará a las arcas del Estado boliviano, porque es parte del precio de las acciones que pagó en su oportunidad -por el proceso de nacionalización- el Ministerio de Obras Públicas a la empresa española Abertis, que era la mayor accionista de los servicios que brindaban los aeropuertos Viru Viru, Jorge Wilstermann y El Alto.
Montaño: el caso “es anecdótico”
Consultado sobre el caso, el ministro Montaño declaró en la ciudad de Tarija que “es anecdótico” y que el juez de Yapacaní “se ha parcializado” con los extrabajadores de Sabsa.
“Obviamente nosotros vamos a hacer todas las acciones correspondientes para que se haga respetar los derechos de todos los bolivianos porque los recursos económicos no son del ministro de obras, los recursos económicos son de todos los bolivianos”, dijo a los medios, durante la efeméride cívica de Tarija.
“No puede ser posible que después de más de 15 años ellos estén pidiendo igualación de salarios. Es decir, firmaron contrato con su consentimiento, a su propia voluntad, los extrabajadores de Sabsa de 10 mil, de 12 mil, de 14 mil y todos quieren ganar a 14 mil. Ya estoy haciendo, el día de hoy, la representación correspondiente, porque no puede ser que vulnere los derechos de todos los bolivianos un juez de Yapacaní”, aseveró.
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