Pasaron poco más de cuatro meses desde que el abogado y exanalista Iván Lima tomó juramento al cargo de ministro de Justicia y Transparencia Institucional, con la promesa de avanzar en una reforma judicial que acabe con los graves cuestionamientos a ese órgano, entre ellos su falta de independencia y consecuente instrumentalización política.
Luego de ese tiempo, la transformación aún no muestra avances concretos y en las últimas semanas la autoridad ha cobrado protagonismo en un cuestionado proceso judicial (el del denominado “golpe de Estado”) que se desarrolla justamente en ese escenario que cuestionó al inicio de su gestión.
Aunque el Ministerio de Gobierno y la Procuraduría General del Estado (PGE) son parte coadyuvante, Lima es quien más veces ha salido a la palestra pública para referirse a este asunto y dar explicaciones. La Fiscalía ha optado por emitir comunicados o dar lectura a ellos en conferencias de prensa.
El sábado 13, al día siguiente de la aprehensión de la expresidenta Jeanine Añez en Beni, Lima informó que era procesada en la vía ordinaria debido a su condición de exsenadora. Lo hizo antes de que el Ministerio Público diera alguna explicación oficial al respecto.
“En este momento estamos ante un juicio a una exsenadora; por lo tanto, no corresponde un juicio de privilegio constitucional y ésa es la realidad de los hechos (…) Que no se distorsione la realidad, que no se pretenda que se está haciendo una persecución”, afirmó.
Dijo además que Añez pudo presentarse en diciembre (cuando la exdiputada Lidia Patty presentó la demanda) a responder por estas denuncias y no lo hizo. Sin embargo, en esa fecha la exlegisladora no presentó ninguna denuncia contra Añez, quien fue incluida en una ampliación un día antes de su aprehensión y cuando la PGE y el Ministerio de Gobierno ya habían pasado a ser parte coadyuvante.
El domingo 14, durante una entrevista en Bolivia TV, confesó que el Gobierno busca una pena máxima de 30 años para la expresidenta y su exgabinete. “La detención preventiva es una medida excepcional, no debe ser la regla, debe ser la excepción y lo que buscamos no es una detención de cuatro meses. Nosotros lo que estamos buscando es una condena de 30 años porque acá ha habido masacres sangrientas”, declaró.
El lunes 15, anunció en una conferencia de prensa que el Ministerio de Justicia presentó cuatro proposiciones acusatorias para el inicio de juicios de responsabilidades contra Añez y que había una quinta que estaba en camino. Los casos: préstamo irregular de 346,7 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, prórroga ilegal de concesión de Fundempresa, vulneración de derechos humanos de los bolivianos residentes en Chile y restricciones durante la pandemia.
En este contexto se produjo la aprehensión y posterior liberación del líder de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) Jassir Molina, ante lo que inmediatamente el Ministerio de Justicia advirtió con asumir “las acciones que le competen de acuerdo con la ley” contra la jueza que tomó esa decisión: Ximena Mendizábal. Luego Lima explicó que la preocupación se debía a que la jueza no podía atender procesos porque estaba saliendo de la Covid-19.
Entonces llegaron las alertas de organismos internacionales pidiendo que se respete el debido proceso, entre ellas de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el observatorio Human Rights Watch (HRW).
Lima respondió a ellas anunciando que, como Ministro de Justicia, garantizaría el debido proceso; aunque en el caso de la OEA fue más allá y dijo que el Gobierno analizaba “iniciar acciones” contra el secretario general de la OEA, Luis Almagro, por su actuación en las elecciones generales de 2019.
Entonces su posición comenzó a preocupar a los sectores de la oposición, que plantearon su renuncia. Lo hizo el Consejo Nacional de Defensa de la Democracia y también el Comité Pro Santa Cruz, cuyo presidente, Rómulo Calvo, lo acusó de amedrentar a la población y de ser “un digno representante de la justicia podrida que tenemos”.
Pero estas críticas no cambiaron nada. Este fin de semana, durante una entrevista con la radio cocalera Kausachun Coca, el Ministro de Justicia ratificó su posición y advirtió: “No vamos a retroceder porque sería una traición al pueblo boliviano”.
Ayer volvió a hablar del caso, dijo que no hay interferencia política ni violación de derechos humanos. Consideró que el proceso judicial en curso será el que ponga fin al conflicto social derivado de los hechos de octubre y noviembre de 2019 y que ha vuelto a sacar a las calles a los sectores que consideran que hubo un “golpe” y a los que denuncian que lo que ocurrió fue un “fraude”.
“¿Una justicia que no tiene credibilidad, que no tiene prestigio, que se maneja a plan de miedos, a plan de telefonazos, usted cree que puede poner punto final?”, le preguntó la conductora del programa La Barricada, en radio Deseo. Lima respondió: “Yo creo que sí, porque hay mecanismos jurídicos que te pueden llevar a esto”.
No se comenzó por un juicio de responsabilidades por falta de 2/3
Ante los cuestionamientos por la forma en que avanza el proceso denominado “golpe de Estado” en la justicia ordinaria y sus efectos sociales y políticos, el ministro de Justicia, Iván Lima, explicó ayer que en este caso no se optó primero por un juicio de responsabilidades por falta de dos tercios de voto en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Lo hizo durante su participación en el programa La Barricada, de radio Deseo, en el que además aclaró que no es militante del Movimiento Al Socialismo y mencionó que en el proceso todos los actores deberían estar citados, incluso Evo Morales.
La conductora del programa, María Galindo, preguntó a la autoridad: “¿Por qué no empezaron por el juicio de responsabilidades, que era lo justo?”. A lo que la autoridad respondió: “Porque no teníamos los dos tercios de la Asamblea y hay que armar un caso. No puedes ir con una acusación tan grave el día uno”.
Reiteró que se gestionarán en el Legislativo los dos tercios de voto para la aprobación de un juicio de responsabilidades; aunque advirtió que un eventual rechazo no evitará “que se haga justicia” apelando a otras instancias.
La anterior semana, el Ministerio de Justicia presentó ante el Ministerio Público cuatro proposiciones acusatorias para iniciar juicios de responsabilidades contra Añez por diversos temas durante su administración gubernamental y anunció que en las próximas semanas presentará una quinta por el caso de las muertes ocurridas en Sacaba y Senkata al inicio de su gestión transitoria de gobierno.
Lima reiteró ayer que en el proceso que se sigue contra Añez por la vía ordinaria no corresponde un caso de corte porque se trata de delitos presuntamente cometidos durante su gestión como senadora, antes de que asumiera la presidencia.
Sobre la aprehensión de otros actores acusados de golpistas, como el ahora electo gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, dijo que eso corresponde a la justicia. Y consultado por qué Morales no se encontraba citado en este caso, el ministro Lima respondió a Galindo: “En la teoría del caso todos los actores deberían estar citados”.
No comments:
Post a Comment