Al menos así lo demuestra un correo electrónico enviado por la exsubprocuradora Llorenti al procurador Héctor Arce, el 8 de diciembre de 2016.
En el documento, al que tuvo acceso Página Siete, se lee: “Como les estuve informando (...), sobre las negociaciones es importante señalar (...), primero se establecieron los montos a pagar conforme a las reuniones que se realizaron (...). Cuando terminaron de redactar (los abogados de la parte demandante) se enviaron de mi correo personal, que estaba abierto, a sus correos cuatro documentos, dos versiones de la sentencia, una con control de cambios, otra que ya tenía todo corregido y dos acusaciones de querellante y de Ministerio Público”.
A pesar de esos antecedentes, Arce, primero como procurador general y luego como ministro de Justicia, no denunció el hecho ni solicitó el inicio del proceso administrativo disciplinario en contra de la exsubprocuradora, quien finalmente fue procesada el 28 de marzo de 2018.
Casi un mes después de dar parte de la filtración al procurador Arce, el 6 de enero de 2017, cuando Llorenti había sido destituida y Pablo Menacho ocupaba el cargo de subprocurador, éste le envió al ahora ministro de Justicia el Informe Técnico Legal PGE/SPDRLE N° 03/2017, en el que informaba formalmente a la autoridad de la filtración de documentos del caso Quiborax.
En el informe técnico, Menacho explica que remite el documento al procurador Arce como respuesta a la Minuta de Instrucción PGE/DESP/N° 001/2017, del 3 de enero de 2017, para “detallar hechos irregulares suscitados en la reunión de negociación sostenida por ella (la exsubprocuradora Llorenti) y los abogados de Quiborax SA y Non Metallic Minerals SA”.
Este medio envió ayer un cuestionario dirigido al ministro Arce, preguntándole las circunstancias en las que se llevó a cabo el proceso contra la exsubprocuradora y desde cuándo estaba al tanto de la filtración de datos.
Por medio de su comunicadora, respondió que “está viajando a Roma y, a su regreso, responderá” al requerimiento presentado por Página Siete.
La chilena Quiborax y Non Metallic Minerals llevaron en 2006 a Bolivia a un proceso de arbitraje en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), por la reversión de sus concesiones en el Salar de Uyuni.
El tribunal del CIADI falló en contra del Estado el 15 de septiembre de 2015 y, a pesar del recurso de anulación presentado por la parte demandada, ratificó el laudo el 18 de mayo de la presente gestión, ordenándole a pagar 48,6 millones de dólares de compensación.
Después de negociar el monto, la Procuraduría y los demandantes acordaron un pago final de 42,6 millones de dólares.
Por el fallo, el Gobierno acusa al expresidente Carlos Mesa de no cumplir las normas para la reversión, y lo acusa de emitir resoluciones contrarias a la Constitución, incumplir sus deberes y de conducta antieconómica.
Navarro dice que Mesa es un “niño malcriado”
Página Siete / La Paz
El ministro de Minería y Metalurgia, César Navarro, dijo ayer que Carlos Mesa es un “niño malcriado y engreído” por no asumir su responsabilidad en el caso Quiborax, y por denunciar a otras autoridades.
“Yo creo que Carlos Mesa es un niño malcriado y maleducado, porque él siempre elude su propia responsabilidad. Él no quiso promulgar la Ley de Hidrocarburos que emergió del Parlamento después del referendo de 2004 y prefirió renunciar”, manifestó Navarro a la prensa.
La autoridad criticó que Carlos Mesa haya renunciado en tres ocasiones y, en una de ellas, haya llamado a la población a utilizar pañuelos blancos.
“A Carlos Mesa siempre le gusta eludir su responsabilidad. El Procurador le ha dicho ‘por qué usted no cumplió la ley que le obligaba a hacer las auditorías’ y él ha preferido lavarse las manos y decir ‘mi decreto estaba bien’, cuando su mismo decreto supremo es observado por su propio canciller”, indicó Navarro.
Agregó que en diciembre de 2004 el canciller de Mesa, Juan Ignacio Siles, dijo que la norma de reversión de las áreas tenía errores jurídicos. “Juan Ignacio Siles dice: ‘Presidente, su decreto supremo adolece de serias fallas jurídicas’, esto lo dice su propio canciller”, manifestó.
Arce: Procedía sólo proceso administrativo contra Llorenti
El ministro de Justicia y exprocurador del Estado, Héctor Arce Zaconeta, explicó a Página Siete qué acciones asumió después de que conoció que la subprocuradora Carmiña Llorenti entregó documentación del Estado a la empresa chilena Quiborax y por qué no inició un proceso penal.
En las respuestas escritas enviadas a este medio, Arce Zaconeta afirma que sólo procedía un proceso administrativo y no penal por la filtración de documentos de la defensa boliviana.
¿En el caso de la subprocuradora Llorenti, por qué no se la enjuicia penalmente si se comprobó que compartió información y documentos con la empresa que nos demandó en un tribunal internacional?
Cuando se conocieron los hechos y la doctora Llorenti informó que había sido engañada por los abogados de la empresa, el 6 de diciembre de 2016, se le solicitó informes a la misma doctora Llorenti, se pidió informes a los abogados internacionales y se mandó el caso a la Dirección Jurídica para informe legal, el cual recomendó proceso administrativo para establecer su responsabilidad, de acuerdo a la Ley 1178.
Asimismo, ni bien se conoció el hecho se inició la desvinculación de la doctora Llorenti del cargo de subprocuradora produciéndose su cambio el 27 de diciembre con la designación del doctor Pablo Menacho como nuevo subprocurador por nombramiento del Presidente, de acuerdo a ley.
¿Qué tipo de procesos penales, civiles, entre otros se le está siguiendo a esta exfuncionaria de la Procuraduría y en qué fase de investigación o avance del caso está el mismo?
Cómo explicamos, se ordenó el inicio del proceso administrativo en el marco de los hechos, de la normativa vigente y recomendación jurídica; el proceso se realizó en la gestión del procurador general del Estado, Pablo Menacho.
¿Cuando el señor Arce fungía como Procurador, durante la gestión de la exsubprocuradora, Carmiña Llorenti, por qué no se le siguió un proceso penal en ese mismo momento o qué sanciones se aplicaron, tomando en cuenta que actualmente la señora está libre?
Conforme manifesté, el proceso administrativo era el que procedía y se recomendó jurídicamente.
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