El presidente del Estado, Evo Morales, no designará a estas autoridades tal como lo planteó anteriormente.
El artículo 11 del proyecto de ley establece que las máximas autoridades de cada ministerio designarán a los responsables de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.
En el caso de las Fuerzas Armadas y de la policía podrán rotar de sus cargos en el marco de su normativa interna, pero por lo menos deberán quedarse en sus puestos por dos años.
AUTONOMÍA
La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, aclaró que esta atribución no lo puede realizar Morales debido a que en algunos casos se vulnera la autonomía de los gobiernos departamentales, puesto que esas autoridades tienen la tuición de asumir ese nombramiento.
“Las unidades de Transparencia están presentes en todos los municipios y todas las entidades estatales del Estado, el presidente (Evo Morales) no puede nombrar, por ejemplo: en el caso que designe al jefe de la Unidad de Transparencia de la Gobernación de La Paz está vulnerando la autonomía departamental. Lo que el Presidente puede hacer es coordinar con la máxima autoridad de cada ministerio o de cada empresa estatal y acordar el nombramiento”, explicó.
CRÍTICAS
Por su parte, el diputado de Unidad Demócrata, Wilson Santamaría, indicó que están cuestionando esta normativa, puesto que las autoridades del Órgano Ejecutivo no pueden designar a las personas que fiscalizarán las acciones que realicen las máximas autoridades de cada Ministerio, esa atribución es de la Contraloría y la Procuraduría General del Estado.
“Cuestionamos esta normativa porque no es coherente que el propio Ejecutivo controle al Ejecutivo, para eso está la Procuraduría General del Estado y las Unidades de Auditoria Externa y la Contraloría General del Estado”, explicó el legislador.
COORDINACIÓN
Por otra parte, en el artículo 15 del proyecto de ley establece que el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional tiene la responsabilidad de ejercer la coordinación, supervisión y evaluación de las denuncias por actos de corrupción que gestionen las unidades de transparencia de toda a la administración del Estado.
Además, tiene la tuición de interponer el recurso legal en los procesos penales contra los implicados en los presuntos casos de corrupción.
Por último, la misma norma indica que las entidades desconcentradas y descentralizadas, que su presupuesto institucional registre un monto menor o igual a los Bs 10 millones no están obligados a contar con la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.
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