Después que se registrara una pelea entre reos en el penal de
Palmasola, supuestamente, por pugnas que dejó el saldo de un muerto y
dos heridos, se reavivó la polémica de la realidad en las cárceles en
Bolivia que, incluso, ha llevado al ministro de Gobierno, Carlos Romero,
a reconocer que dentro los penales existe un “negociado” entre policías
e internos porque la correlación de fuerzas favorece a los detenidos.
Aunque existe una propuesta para la reforma penitenciaria que iniciaría con la aprobación de la nueva Ley de Régimen Penitenciario, Romero señala que esto no avanza porque falta garantizar los recursos económicos que “lastimosamente” ni siquiera los organismos internacionales quieren financiar.
Frente a este panorama, la autoridad señaló que esta situación debe ser afrontada con recursos propios del Estado, es decir, el Gobierno nacional, gobernaciones y municipios.
Por su parte, el director Nacional de Régimen Penitenciario, Jorge López, señaló que esta institución tiene el objetivo de consolidar la Reforma Penitenciaria orientada a la reinserción social y laboral. Además, de mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de libertad.
Sin embargo, la situación en la actualidad se torna más complicada según explicó Romero, existen grupos de poder en las cárceles como son “los recaudadores” quienes aprovechan la cantidad de reos para plantear una negociación con la Policía.
Señaló que los policías tienen su perímetros de control y los internos tienen sus áreas de administración porque “obviamente, la correlación de fuerzas para la Policía es muy adversa, son muy pocos los policías. Es más o menos un policía por cada 400 internos y por eso, los policías se hacen los locos, dejan pasar drogas porque son pocos”.
Ante esta problemática, Romero señaló que el proyecto de Ley de Régimen Penitenciario que ya “está listo” plantea cuatro elementos que tienen relación con la clasificación de internos, recursos humanos, infraestructura y nueva tecnología.
“Para clasificarlos necesitamos infraestructura. Nuestra idea es tener una clasificación entre los internos de máxima seguridad, seguridad intermedia y los de régimen abierto para aplicar el sistema progresivo”, dijo.
Romero explicó que esto consiste en que un reo puede ir pasando de un régimen a otro mientras se observe un buen comportamiento y luego, incluso, podría lograr el extramuro.
“Cuando no están clasificados la cárcel se vuelve escuela del delito porque están entremezclados y los más maleantes están con los menos peligrosos”, dijo.
Adelantó que Tarija logró avanzar en este tema, considerando que tiene a su favor un número menor de internos que representa un 5 por ciento de todos los reos a nivel nacional y los recursos económicos disponibles. En abril se realizará la inauguración del nuevo centro con la clasificación de internos.
El segundo tema que complementa al primero es la infraestructura que según los cálculos realizados representa el más costoso. Romero señaló que solo para este ítem se requieren 20 millones de dólares que no incluyen los terrenos.
En el tema de recursos humanos, la nueva ley se plantea que la Policía se restringe en tema de seguridad y los civiles a todo lo que es la administración de régimen penitenciario.
“Eso requiere especialidad, la Policía está avanzando y está adecuando su currícula para que haya la especialidad de los policías, mientras que en el caso de los civiles también tendríamos que tener especialistas pero ahora se tropieza con el tema que ganan 2.000 bolivianos”.
El otro aspecto fundamental para que el Estado siente presencia en las cárceles es la implementación de tecnología. “Las paraguas inhibidoras de llamadas tienen que ser especiales porque no te pueden bloquear toda la zona sino sólo el recinto carcelario y los celulares, y dejar funcionando los teléfonos fijos de administración”.
“Entonces, se requiere un centro decente, pero además se requiere instalar servicios de educación, medicina, psicología, trabajo social y otros”, explicó.
CADA AÑO INGRESAN 1.500 PERSONAS A LA CÁRCEL
“Se ha disparado demasiado la población penitenciaria en los últimos años. Tenemos un crecimiento poblacional desmedido producto de varios factores, pero sobre todo del uso discrecional que están haciendo los fiscales y jueces con la detención preventiva”, señaló.
Según datos de Régimen Penitenciario existen 16.252 internos en el país de los cuales 11.129, es decir, más del 68 por ciento son detenidos preventivos y sólo el 31,58 por ciento tienen sentencia condenatoria.
En el país existe 247 por ciento de hacinamiento en las cárceles.
El penal con más problemas es el de Palmasola de Santa Cruz, que tiene un 500 por ciento de hacinamiento y acoge al 40 por ciento del total de reos que existen en el país. Le sigue La Paz con el 20 por ciento y luego Cochabamba con el 17 por ciento de la población penitenciaria.
Aunque existe una propuesta para la reforma penitenciaria que iniciaría con la aprobación de la nueva Ley de Régimen Penitenciario, Romero señala que esto no avanza porque falta garantizar los recursos económicos que “lastimosamente” ni siquiera los organismos internacionales quieren financiar.
Frente a este panorama, la autoridad señaló que esta situación debe ser afrontada con recursos propios del Estado, es decir, el Gobierno nacional, gobernaciones y municipios.
Por su parte, el director Nacional de Régimen Penitenciario, Jorge López, señaló que esta institución tiene el objetivo de consolidar la Reforma Penitenciaria orientada a la reinserción social y laboral. Además, de mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de libertad.
Sin embargo, la situación en la actualidad se torna más complicada según explicó Romero, existen grupos de poder en las cárceles como son “los recaudadores” quienes aprovechan la cantidad de reos para plantear una negociación con la Policía.
Señaló que los policías tienen su perímetros de control y los internos tienen sus áreas de administración porque “obviamente, la correlación de fuerzas para la Policía es muy adversa, son muy pocos los policías. Es más o menos un policía por cada 400 internos y por eso, los policías se hacen los locos, dejan pasar drogas porque son pocos”.
Ante esta problemática, Romero señaló que el proyecto de Ley de Régimen Penitenciario que ya “está listo” plantea cuatro elementos que tienen relación con la clasificación de internos, recursos humanos, infraestructura y nueva tecnología.
“Para clasificarlos necesitamos infraestructura. Nuestra idea es tener una clasificación entre los internos de máxima seguridad, seguridad intermedia y los de régimen abierto para aplicar el sistema progresivo”, dijo.
Romero explicó que esto consiste en que un reo puede ir pasando de un régimen a otro mientras se observe un buen comportamiento y luego, incluso, podría lograr el extramuro.
“Cuando no están clasificados la cárcel se vuelve escuela del delito porque están entremezclados y los más maleantes están con los menos peligrosos”, dijo.
Adelantó que Tarija logró avanzar en este tema, considerando que tiene a su favor un número menor de internos que representa un 5 por ciento de todos los reos a nivel nacional y los recursos económicos disponibles. En abril se realizará la inauguración del nuevo centro con la clasificación de internos.
El segundo tema que complementa al primero es la infraestructura que según los cálculos realizados representa el más costoso. Romero señaló que solo para este ítem se requieren 20 millones de dólares que no incluyen los terrenos.
En el tema de recursos humanos, la nueva ley se plantea que la Policía se restringe en tema de seguridad y los civiles a todo lo que es la administración de régimen penitenciario.
“Eso requiere especialidad, la Policía está avanzando y está adecuando su currícula para que haya la especialidad de los policías, mientras que en el caso de los civiles también tendríamos que tener especialistas pero ahora se tropieza con el tema que ganan 2.000 bolivianos”.
El otro aspecto fundamental para que el Estado siente presencia en las cárceles es la implementación de tecnología. “Las paraguas inhibidoras de llamadas tienen que ser especiales porque no te pueden bloquear toda la zona sino sólo el recinto carcelario y los celulares, y dejar funcionando los teléfonos fijos de administración”.
“Entonces, se requiere un centro decente, pero además se requiere instalar servicios de educación, medicina, psicología, trabajo social y otros”, explicó.
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El
Ministerio de Gobierno tiene listo el proyecto de Ley de Régimen
Penitenciario pero aún no existen los recursos económicos para llevar
adelante la reforma penal en el país, que contempla la reinserción
social
Los Tiempos
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POBLACIÓN POR GÉNERO Y EDAD
Los Tiempos
Población penitenciaria “se ha disparado”
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, señala que todas las cárceles tienen problemas por cuestión de hacinamiento considerando que cada año en promedio ingresan 1.500 personas a los penales y gracias al indulto en los últimos cinco años pudieron salir alrededor de 5.000.“Se ha disparado demasiado la población penitenciaria en los últimos años. Tenemos un crecimiento poblacional desmedido producto de varios factores, pero sobre todo del uso discrecional que están haciendo los fiscales y jueces con la detención preventiva”, señaló.
Según datos de Régimen Penitenciario existen 16.252 internos en el país de los cuales 11.129, es decir, más del 68 por ciento son detenidos preventivos y sólo el 31,58 por ciento tienen sentencia condenatoria.
En el país existe 247 por ciento de hacinamiento en las cárceles.
El penal con más problemas es el de Palmasola de Santa Cruz, que tiene un 500 por ciento de hacinamiento y acoge al 40 por ciento del total de reos que existen en el país. Le sigue La Paz con el 20 por ciento y luego Cochabamba con el 17 por ciento de la población penitenciaria.
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