Durante el periodo de sesiones 2016-2017, la Asamblea Legislativa interpeló a nueve miembros del gabinete ministerial, ocho ministros y una ministra. Un par de ellos fue convocado en dos oportunidades. En todos los casos, el acto de interpelación concluyó con la aprobación “por orden del día puro y simple” del informe presentado por las autoridades, lo que implica que ninguna fue censurada.
Asambleístas del oficialismo y la oposición coinciden en señalar que el mecanismo de fiscalización ha sido devaluado y debe sufrir cambios para ser más efectivo.
El primero en ser convocado ante la Asamblea fue el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, quien el 19 de mayo de 2016 dio un informe sobre el presunto tráfico de influencias en la firma de contratos millonarios entre el Estado y la empresa china CAMC, de la cual Gabriela Zapata, exnovia del presidente Evo Morales, era gerente comercial.
“Ellos han devaluado (la interpelación) porque un mecanismo de fiscalización, de investigación, sobre todo de control, se ha venido abajo porque hay dos tercios de personas irracionales que levantan la mano y solo obedecen órdenes superiores”, opinó la diputada opositora Norma Piérola (PDC), quién solicitó la interpelación contra Quintana.
Cuatro meses después, el 7 de septiembre, comparecieron el ministro de Minería, César Navarro, y el de Gobierno, Carlos Romero. Lo hicieron en torno al conflicto entre el Gobierno y el sector cooperativo minero, el cual derivó en la muerte de cuatro mineros y la del exviceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes.
“En esa oportunidad, tomamos la iniciativa porque se decía de todo del tema minero; la interpelación trajo mucho más luces y fue más trascendente. En esos actos, la oposición no tiene como finalidad que se aclare algo, quieren generar show, confusión, oscuridad y dudas en la población”, afirmó Lino Cárdenas, diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS).
El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, fue interpelado el 7 de octubre sobre denuncias de presuntas irregularidades en la compra de motores y compras directas en las Fuerzas Armadas, así como en el manejo de empresas del Ejército.
El 29 de ese mes y luego de que su comparecencia fuera postergada dos veces por motivos de salud, la ministra de Comunicación, Marianela Paco, acudió a la Asamblea para explicar el motivo del incremento en el presupuesto destinado a publicidad gubernamental. También ese día, fue interpelado el ministro de Economía, Luis Arce, por la adquisición de mobiliario para el nuevo edificio del ministerio.
El 19 de noviembre, el canciller David Choquehuanca explicó ante los legisladores los gastos para viajes de dirigentes de sectores sociales al interior y exterior del país. En diciembre, el 22, la interpelación fue para el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, sobre exploración de hidrocarburos, reservas de gas e industrialización; y para el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, acerca de la reversión de créditos en telefonía e internet.
Finalmente, en enero de este año, Claros y Navarro fueron interpelados por segunda ocasión. El primero por las irregularidades en torno a la aerolínea LaMía y el segundo para que informe de las firmas mineras que operan en el país, en especial las próximas a represas de agua en La Paz.
En tanto que la ministra de Medio Ambiente y Agua, Alexandra Moreira, logró frenar su interpelación, fijada para el mismo día que Navarro, el 18 de enero, con una sorpresiva renuncia al cargo. Sin embargo, se anunció que la Fiscalía la convocará para que responda por la crisis del agua en el país y otros temas.
En ninguno de los casos, las autoridades interpeladas fueron censuradas, pues sus informes se aprobaron “por orden del día puro y simple”, lo cual, según el reglamento de la Asamblea, no produce efecto alguno.
Analista cree que la imagen del Gobierno fue dañada
Para el analista político Jorge Lazarte, aunque las interpelaciones no terminaron con una censura, los opositores “por lo menos pudieron utilizarlas como palestra para hacer denuncias ante la opinión pública”, más cuando el Gobierno “ha mostrado demasiados flancos débiles”. Más que el número de interpelaciones, lo que dañó al Gobierno, explicó, fue que se hicieron públicas gracias a los medios y las redes sociales. “Es tarea de la oposición buscar los mecanismos para que las interpelaciones también lleguen a la gente, grabarlas y difundirlas”, añadió el analista.
Los diputados Piérola (PDC) y Cárdenas (MAS) piensan que la interpelación legislativa debe sufrir cambios. Los informes de las autoridades deberían ser aprobados por voto nominal debidamente fundamentado y las sesiones de ese tipo, convocadas en días y horarios laborales para asegurar una adecuada participación, indicó la diputada opositora. “Habría que repensar esto, primero que se haga cuando valga la pena, y los interpelantes tienen que capacitarse y asesorarse mejor”, opinó
el oficialista.
Renuncia.
La ministra de Medioambiente y Agua, Alexandra Moreira, renunció horas antes de su interpelación, por la crisis del agua que pasó el país, en los recientes meses.
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